Miguel Concha
Causas del genocidio
Tras los acontecimientos del 22 de diciembre, la respuesta unánime ha sido la condena. La espantosa matanza de personas inermes, en su mayoría mujeres y niños, ha estremecido a la opinión pública, provocando la remoción de funcionarios de alto nivel en el estado de Chiapas y en el gobierno federal, movilizando a miles de individuos en el país y en el extranjero, y ha ameritado importantes declaraciones diplomáticas de otros países, que han incomodado a más de uno. Sin embargo, la unanimidad con que se ha repudiado el hecho, se ha diluido en cuanto se ha intentado conocer las causas que motivaron el infame genocidio de Acteal.
Aunque la PGR ha manifestado que no se trata de la única línea de investigación, y su titular ha insistido en que se prevé una mayor amplitud en los móviles de la matanza, el comunicado emitido el pasado lunes aborda únicamente la línea originada en un conflicto familiar y en la venganza suscitada en torno a éste. Un hombre muerto, diferencias ideológicas y religiosas, intereses divididos en cuanto a la posesión y usufructo de un banco de arena, y el empecinamiento de algunos en defender a toda costa sus intereses personales, han conducido a la ejecución despiadada de indígenas. Tal parece ser la versión oficial de los hechos, avalada por la propia CNDH en su Recomendación 1/98. Para corroborarlo, basta echar un vistazo al apartado II de este documento, en el que en ningún momento se menciona la existencia de grupos paramilitares, sino tan sólo de conflictos intercomunitarios.
La otra versión de las causas originarias del genocidio es la que hemos adoptado las organizaciones civiles de derechos humanos, ampliamente expuesta en el Informe de los sucesos de Acteal elaborado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ``Todos los Derechos para Todos''.
Según información recabada por varios organismos de la Red, los grupos paramilitares emergieron en Chiapas desde 1995 y han operado en la zona norte de ese estado desde entonces, por lo que el origen de la matanza de Acteal no puede remitirse únicamente hasta mayo del año pasado, como pretende la CNDH. Forman parte de una guerra de baja intensidad, que en su primera fase busca influir en los habitantes, empleando una combinación de persuasión, terror y disturbios civiles. Los grupos paramilitares parecen estar bajo supervisión y entrenamiento de militares y ex militares, y actuar en coordinación con las corporaciones de seguridad. Esta estrategia contrainsurgente busca terminar con los zapatistas y sus simpatizantes, reprimir a las organizaciones sociales independientes, evitar las denuncias de violaciones a los derechos humanos y disminuir el costo político de una intervención directa de las corporaciones estatales en hechos represivos, así como recrudecer los conflictos internos de las comunidades para facilitar que la intervención de las fuerzas regulares sea bienvenida por la población. No hay que olvidar aquí lo dicho por el obispo Samuel Ruiz hace tres días, en el contexto de la Peregrinación por la Paz a la Basílica de Guadalupe. La pérdida de popularidad del partido oficial ocasionó múltiples acciones violentas de presión que pretendían impedir la participación de opositores a ese partido en posteriores elecciones. Ello creó las condiciones para el subsecuente golpeteo a las bases zapatistas y las organizaciones sociales independientes, intentando hacer pasar este conflicto político como un problema de diferencias religiosas.
Desde esta óptica, las omisiones de las autoridades estatales y de las corporaciones de seguridad, constatadas en la recomendación 1/98, parecen obedecer más a una acción concertada que a la simple negligencia personal de los involucrados en los hechos y, por tanto, no puede pensarse que, de querer verdaderamente encontrar a los responsables del genocidio, el caso sea exclusivamente tratado como un conflicto interfamiliar, intercomunitario, ideológico o religioso. Encontrar a los verdaderos responsables significará necesariamente investigar con seriedad la procedencia de las armas, del entrenamiento militar, y los nexos que han producido las ``omisiones'' ampliamente documentadas por la CNDH. Desde 1995 las organizaciones civiles denunciamos la existencia de grupos similares a Máscara Roja. La muerte de 45 personas pudo haber sido evitada su hubiéramos sido escuchados por el gobierno federal. Esperemos que en esta ocasión nuestra voz tenga algún eco y se eviten así las nuevas desgracias que se avizoran en Chiapas.