Reitera informe de la PGR tesis de ``viejos odios'' y ``venganza''

Gustavo Castillo García Ť El informe preliminar de la Procuraduría General de la República (PGR) acerca de lo ocurrido en Acteal el pasado 22 de diciembre dado a conocer por Jorge Madrazo Cuéllar a miembros de la Cámara de Diputados, considera que lo sucedido ``es la culminación de una serie de agravios, homicidios, robos, incendios y secuestros, que recíprocamente se imputan los miembros y simpatizantes de la presidencia municipal de Chenalhó y del llamado concejo autónomo de Polhó'', y que la ``evidente venganza es uno de los varios móviles del crimen''.

Dicho informe fue considerado por legisladores del PRD ``muy detallado'', pero en el cual ``el propio procurador Jorge Madrazo Cuéllar podría estarse contradiciendo en cuanto a la línea de una venganza personal, pues lo único que se acredita es que son odios políticos los móviles de la ejecución'' de 45 indígenas.

En el informe se menciona que 60 personas fueron detenidas y que ``existen elementos para determinar la probable responsabilidad de otras 35'', por lo que se giraron las órdenes de presentación correspondientes, aunque no puntualiza si entre ellas se encuentra una para el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro.

La PGR aclaró que ``el informe constituye sólo un reporte sobre el avance de las indagatorias''.

Según información de diputados perredistas, la reunión con el procurador fue ríspida en ocasiones, ante la negativa de aceptar por ciertas las versiones de que la matanza fue obra de una venganza familiar y otros cuestionamientos respecto a deficiencia en la actuación de la PGR y la posible responsabilidad del Ejército Mexicano en los hechos.

Rispidez en la reunión: legisladores

Los diputados Lenia Batres Guadarrama y Victorino Montalvo Rojas, señalaron que durante el encuentro con el procurador, ``se vivieron momentos de fuerte rispidez, sobre todo cuando se le cuestionó acerca de si se investiga la posibilidad de que el Ejército Mexicano hubiera facilitado armas a los grupos paramilitares que operan en Chiapas, e incluso a los agresores de los indígenas de Acteal''.

Batres Guadarrama expuso que en ocasiones el procurador Madrazo ``se molestó cuando fueron rechazadas sus afirmaciones acerca de que la matanza fue obra de una venganza familiar; cuando se le dijo que había deficiencias de la PGR en la integración de las declaraciones y una eventual responsabilidad militar en los hechos, ya que según algunos testimonios se menciona que presuntamente estuvieron a menos de 200 metros del lugar el 22 de diciembre''.

Ello, dijo, motivó una respuesta enérgica del procurador y también de nuestra parte.

La reunión se inició a las 10 horas y culminó hasta cerca de las 15:00 según diputados priístas, ésta trascurrió en ``un clima de cordialidad''.

El informe señala que el Ministerio Público de Chiapas ``no preservó el lugar de los hechos, no dio intervención a los peritos en criminalística de campo, no practicó legalmente la diligencia del levantamiento de los cadáveres'', lo que dificulta el esclarecimiento de las posiciones víctima-victimario, si los cuerpos fueron movidos del lugar y si había preparativos para una acción posterior.

Respecto a las lesiones que presentaban los cuerpos, se reconoce que ``existen diferencias significativas'' entre lo reportado por el Servicio Médico Forense de Chiapas y la Coordinación de Servicios Periciales de la PGR; según el primero, 33 fallecieron por proyectil de arma de fuego, siete por lesiones producidas por instrumento corto-contundente y cinco por traumatismo craneoencefálico, mientras que la Procuraduría asegura que en 43 de los casos la muerte se debió a arma de fuego y los otros dos por traumatismo craneoencefálico.

El informe rechaza que los cuatro cuerpos que presentaban embarazo aproximado de entre 10 semanas a cinco meses hubieran resultado con lesiones cortantes de origen traumático en la región del adbomen ni en genitales, situación contradictoria según versiones periodísticas en las que se menciona que a las cuatro les fue extraído el producto fetal durante la agresión.

Asimismo, se determina que ninguno de los fallecidos realizó disparos y por lo menos se utilizaron 15 armas de distintos calibres durante la masacre, entre ellas cinco cuernos de chivo.

Sobre los procesados, la PGR informó que a 50 se les ha dictado formal prisión, 48 por homicidio calificado, lesiones, asociación delictuosa y portación de armas reservadas a uso exclusivo del Ejército; a otro se le procesa por instigador y uno más por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De todos los detenidos, cinco han reconocido expresamente haber participado en los hechos.

Según la PGR, de las 328 declaraciones recibidas, se han hecho imputaciones contra 267 personas; sin embargo, la mayoría han sido rendidas por gente aleccionada y con ``listas de supuestos responsables de la matanza''. Destaca que ``muchas de ellas han sido vertidas por indígenas simpatizantes del autodenominado concejo municipal autónomo de Polhó'', al que la Procuraduría considera ``creado por el EZLN y que actúa al margen de la Constitución''.

Las líneas de investigación

En el informe se precisa que algunas de las líneas de investigación se localizan en el ``grado de compromiso de los elementos de Seguridad Pública del estado en la protección a uno de los grupos en conflicto; en las razones por las cuales el gobierno de Chiapas determinó marginarse en la solución de fondo al conflicto, permitiendo la impunidad ante hechos delictivos cometidos por ambos grupos: homicidas y la Asociación Civil Las Abejas''.

Así también, los mecanismos que ``los grupos en conflicto han utilizado para hacerse de armas y adiestrarse en su uso; las razones de los elementos de Seguridad Pública para permanecer pasivos ante los hechos del 22 de diciembre; la investigación acerca de 12 grupos armados en Chiapas y quiénes han facilitado la adquisición de armas''.

Arturo Montalvo, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, consideró antes de comenzar la reunión que ``con negligencia y complicidad quieren cubrir ante la opinión pública esta matanza''.

La diputada Lenia Batres Guadarrama, dijo que ``la propia tesis de la revancha política es cuestionable, todavía que no se trata de fuerzas en igualdad de condiciones y en este caso los acribillados pertenecían a una comunidad pacífica que ni siquiera era del municipio de Acteal''.

Finalmente indicó que entre los compromisos asumidos por el procurador Jorge Madrazo ``está el perfeccionar los métodos del Ministerio Público Federal y en cuanto al ex gobernador, creemos que debe ser procesado por omisión''.