Hace una semana, el economista León Bendesky hizo una propuesta de singular importancia en las páginas de este periódico. Argumentó que sería conveniente la creación de una oficina técnica de asesoramiento en materia económica para el Congreso de la Unión. La idea de fondo es que, dada la complejidad y volatilidad de la economía contemporánea, resulta imprescindible contar con instrumentos técnicos adecuados para evaluar tendencias futuras de factores que inciden de manera decisiva sobre las finanzas públicas, como son los precios del petróleo, las fluctuaciones en las tasas de interés, los movimientos de capital internacional y los niveles de empleo y actividad económica.

Que los diputados y senadores en México cuenten con información precisa y actualizada para evaluar, con un grado relativamente alto de confiabilidad, los cruciales problemas de la evolución de la economía y la sociedad, parece ser una clara prioridad. Sin embargo, es bien sabido que los legisladores habitualmente tienen que prestar una atención preferente a diversos temas de la coyuntura política, que van cambiando de semana a semana. El resultado es que en ciertos debates sobre temas importantes, los parlamentarios se encuentran en desventaja frente a los burócratas, quienes disponen de un arsenal superior de información para apoyar sus puntos de vista y propuestas.

Ello se observó recientemente en las discusiones acerca de la evolución de los precios del petróleo, provocando un fuerte conflicto entre Ejecutivo y Legislativo. Los funcionarios de Hacienda argumentaron (con una prepotencia alucinante) que sólo ellos tenían todos los datos a la mano para reducir radicalmente el gasto público. Implícitamente estaban sugiriendo que los señores diputados no contaban con un nivel similar de información y, por lo tanto, no estaban calificados para intervenir en esta fundamental resolución que afecta al gobierno y a la sociedad en su totalidad.

La situación actual de enfrentamiento entre funcionarios y legisladores propicia, por lo tanto, una vieja contradicción de la política en México. Desde hace varios decenios, la literatura sobre el Partido Revolucionario Institucional hace hincapié en la lucha entre políticos y técnicos. Esta dicotomía sugiere que cada grupo tiene determinadas aptitudes y funciones bien delimitadas. Sin embargo, ello es un claro error.

En efecto, en una democracia efectiva los diputados y senadores son responsables de ratificar y vigilar la política económica en todos sus aspectos, la cual luego deberá ser instrumentada por los funcionarios. Por ello, los legisladores requieren contar con instrumentos de apoyo específicos y eficaces para evaluar las principales tendencias económicas y sociales de la nación y para evaluar, a su vez, el impacto de políticas internacionales. La creación de una oficina técnica y computarizada de información económica y presupuestal podría convertirse en un instrumento fundamental para coadyuvar a los representantes electos a cumplir con sus responsabilidades, que consisten en promover y defender los intereses de toda la ciudadanía.