Eduardo Montes
Peligrosa rigidez oficial
La matanza en Acteal no sólo consternó al país y a franjas amplias de la opinión pública y gobiernos de otros países. También planteó con fuerza la urgencia de arribar a una pronta solución política del conflicto iniciado en Chiapas en enero del 94. Se extendió en la sociedad y sus organismos la conciencia de que el aplazamiento indefinido de la solución, dejar pudrir ese problema, sólo condujo a la violencia que ha dejado 350 víctimas en dos años, la masacre en Acteal, al asesinato de Guadalupe López Méndez en Ocosingo, a redoblar los hostigamientos al EZLN, a acrecentar las tentaciones de una solución militar, y a seguir ampliando peligrosamente la intervención del Ejército en asuntos ajenos a sus funciones y facultades previstas en la Constitución.
Debe repetirse insistentemente: en Chiapas no hay solución militar, pues el conflicto no es militar ni policiaco, sino social y político. Tampoco se reduce a Chiapas: es un problema nacional y su solución forma parte de los cambios indispensables para llegar a un régimen de plena democracia y justicia.
Pero si para las fuerzas políticas de la oposición, las Iglesias, los hombres y mujeres de la cultura, las ONG, amplias franjas de ciudadanos no organizados, numerosos comentaristas de prensa y radio, e incluso para algunos políticos priístas, es ya inaplazable sacar el conflicto de las vías muertas en que fue metido por el Ejecutivo, en éste se mantiene instalada la rigidez peligrosa. Sin embargo, presionado por una vigilante opinión pública nacional e internacional, el doctor Zedillo no puede ya continuar con su estrategia de los últimos dos años, aunque se niega a admitir que ha llegado la hora de reemprender el camino de la negociación con el EZLN. Eso explica la aparente falta de línea política y las contradicciones de los funcionarios de primer nivel del equipo presidencial.
En las últimas semanas no se sabe dónde se formulan -si eso ocurre- los enfoques gubernamentales y se adoptan decisiones sobre el conflicto. ¿Es en Bucareli, Los Pinos o en Lomas de Sotelo? Por ejemplo, el secretario de la Defensa declara, con una carga amenazante, que el Ejército (en funciones ilegales de policía) va a desarmar a todos en Chiapas, incluyendo al EZLN, y agrega que en aquel estado no ha encontrado indicios de grupos paramilitares, aunque el dirigente principal de Paz y Justicia, diputado local Samuel Sánchez Sánchez, declare que están armados. Al general Enrique Cervantes Aguirre parece importarle poco o nada la Ley para la Conciliación y la Paz en Chiapas, y le tienen sin cuidado las declaraciones en sentido diferente del secretario de Gobernación. Un día después, el procurador General de la República informa que existen en aquel estado 12 grupos paramilitares. Por su parte, el ahora coordinador de las negociaciones, Emilio Rabasa, afirma que no debe dramatizarse la demanda indígena de autonomía, aunque otros voceros oficiales u oficiosos equiparan auntonomía con balcanización. En Rosa- morada, el presidente Zedillo rechaza con generalidades la demanda de llevar a la Constitución y a las leyes reclamos indígenas, aunque dos días después rectifique, pero se niega a discutir estos problemas con la dirección del PRD que asume, como otras fuerzas, su responsabilidad en la búsqueda de soluciones al conflicto.
Mientras los secretarios del Presidente se enredan en contradicciones, se habla de medidas unilaterales de los gobiernos federal y local, y continúan las presiones militares sobre la población civil y los amagos sobre el EZLN. Son reales los riesgos de provocaciones y de un incendio en Chiapas. El gobierno está obligado a abandonar su rigidez y a rectificar su política, para sacar al país de esta crisis.
El camino para avanzar a la solución es conocido. Las condiciones para reanudar el diálogo han sido expuestas por el EZLN, los partidos políticos, las organizaciones sociales. En su primera declaración conjunta, el jueves reciente, la comisión del Congreso para coadyuvar a la solución del conflicto y la Comisión de Intermediación aceptada por la dirección zapatista y el gobierno federal, resumen y proponen lo que son condiciones indispensables para crear el clima adecuado para la reanudación del diálogo, y entrar así al camino que conduzca a la solución política y a una paz digna en Chiapas. ¿Seguirán el Presidente y el secretario de Gobernación aplazando la información sobre lo que llaman nueva estrategia para Chiapas? ¿O seguirán anclados en la rigidez que mete al país en la descomposición y en un clima enrarecido en el que se generan propuestas fascistoides como la del jefe empresarial de Nuevo León, quien exige el desarme en Chiapas aunque mueran miles de indígenas?.