En días pasados la prensa informó que una comisión de la Cámara de Diputados, presidida por un diputado del PAN, había llamado a declarar al ex presidente Luis Echeverría respecto a los sucesos del 2 de octubre de 1968, y que éste había aceptado hacerlo. Se anunció que el próximo 2 de febrero se daría un encuentro entre este personaje y la comisión, y que la reunión posiblemente se realizaría en casa de Echeverría.

Me pregunto --y creo que muchos ciudadanos inteligentes hacen lo mismo--: ¿qué esperan obtener los señores legisladores con este procedimiento? ¿Creen que por este camino van a llegar a la verdad? ¿Creen, acaso, que el licenciado Echeverría humildemente se dirigirá a ellos diciéndoles: ``Sí, señores diputados, he vivido tres décadas sufriendo terribles remordimientos y he decidido, finalmente, confesar: en efecto, soy culpable. En 1968 yo era el secretario de Gobernación y bajo mi mando se hallaba la Policía Federal de Seguridad. Yo me encargué de infiltrar a los estudiantes, de desprestigiarlos mediante la prensa y yo mismo, personalmente, di instrucciones al director de la DFS --Fernando Gutiérrez Barrios-- para que organizara el Batallón Olimpia y procediera a armar la provocación del 2 de octubre. Es verdad que mi gente torturó a los estudiantes en el campo militar, y es verdad que a mí me correspondió instruir al subprocurador, a los agentes del MP y a los jueces que intervinieron en los procesos de 1968 para hundir en la cárcel a los estudiantes?''.

No tenemos, en México, una larga experiencia en el ejercicio de la democracia y, tal vez debido a eso, cada vez que se forma una ``comisión investigadora'' en el Congreso, se incurre en desaguisados como éste del cual doy noticia. Se trata de encontrar la verdad, pero el procedimiento que se adopta no es el de buscar, con discreción y seriedad, información significativa, como lo mandan los cánones de toda investigación. En vez de eso, nuestros diputados --al parecer, deseosos de otra cosa-- prefieren recurrir, con cualquier pretexto, a los medios de comunicación y hacer un escándalo de cualquier migaja. Así sucedió con la llamada Comisión Colosio, y otro tanto va a pasar, por lo que estamos viendo, con la Comisión de 1968.

En este caso, sin embargo, una nueva farsa es moralmente inadmisible. La sangre de 1968 sirvió para abrir el cauce democrático por donde México transita; por primera vez en la historia, fuerzas de oposición han ganado la mayoría de la Cámara de Diputados --algunos de los significativos miembros de la actual legislatura fueron víctimas de la represión de 1968--, la democracia es un hecho pero, por eso mismo, resulta moralmente inadmisible que, una vez más, los victimarios hagan burla de las víctimas de 1968.

No sé, en realidad, si el ex secretario de Gobernación de Díaz Ordaz tenga algún remordimiento por su actuación en 1968, de lo que estoy seguro es que no tendrá ningún escrúpulo para usar la tribuna que ahora gratuitamente se le ofrece y repetir, una vez más ante la prensa y la televisión, la versión oficial de los sucesos del 2 de octubre de 1968. Y una vez más, se extenderá la confusión que el gobierno de Díaz Ordaz comenzó a sembrar desde el mismo año de los acontecimientos, al pregonar que ``comunistas'' (o sea, extranjeros) conspiraban contra nuestra patria. Y una vez más seguirá el disimulo ante esos hechos que son una mácula ignominiosa de nuestra historia.

Que la nación salde cuentas con el 2 de octubre --y, en general, con el pasado-- es un problema no sólo de justicia: es un problema político de primer orden. De una u otra manera, hay que hacerlo. Si no se hace, no podremos construirnos un futuro democrático viable ni podremos esperar que el México de mañana sea mejor que el México de ahora. Será el mismo. Si deseamos abrir una senda democrática en el país, necesitamos sentar las bases para ello. ¿Cómo unir al país? ¿Cómo lograr un acuerdo entre partidos? ¿Cómo saldar cuentas con agravios del pasado que siguen siendo heridas en el cuerpo de la nación y que, mientras no se atiendan --de manera inteligente--, seguirán siendo una fuente de división, de malestar y de conductas antiinstitucionales?.