Ya distinguimos quiénes quieren la paz y quiénes no, dice Raúl Vera
Alma E. Muñoz y Mireya Cuéllar Ť En la homilía que el obispo Samuel Ruiz ofició ayer al mediodía en el Centro Universitario México (CUM) --luego de su reunión con Francisco Labastida y paralela al mensaje que el Presidente daba en Yucatán-- , dijo que su percepción es que ``la paz (en Chiapas) está cerca, enmedio de nosotros, porque se está construyendo firmemente la comunidad de los que la anuncian y construyen''.
El presidente de la Conai había estado en la Secretaría de Gobernación con Francisco Labastida Ochoa, y su impresión de ese encuentro fue que hay ``voluntad de no prolongar innecesaria e indebidamente una situación que es deteriorante para Chiapas y todo el país''.
La reunión comenzó a las 9:30 y concluyó a las 11:15 horas. Samuel Ruiz ingresó a la Secretaría de Gobernación por una de las puertas que conducen al sótano, y por ahí mismo salió. Fue por ello que la prensa nunca lo vio entrar o salir.
Mediante un comunicado, Gobernación informó que la entrevista fue ``positiva y constructiva'' y refrendó el compromiso del gobierno federal de atender las demandas sociales de los habitantes de Chiapas.
En el encuentro estuvieron también el coordinador del Diálogo para la Negociación en Chiapas, Emilio Rabasa Gamboa, y el secretario técnico de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), Miguel Alvarez.
Con una oración colectiva efectuada en el CUM, y en la que participaron quince iglesias --ortodoxa, bautista, anglicana, budista, judaísta, entre otras--, culminó la peregrinación de Chiapas a la ciudad de México que encabezaron los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera. Ahí, el prelado de San Cristóbal comentó brevemente su encuentro con Labastida.
Calificó la reunión de ``bastante constructiva'' e informó que se reunirán hoy los obispos de Chiapas para analizar la nueva estrategia gubernamental, y ``pensar proyectivamente lo que nos toca hacer'' para retornar al diálogo. ``Esperamos verdaderamente sea nueva y que todos la asumamos en la responsabilidad que cada quien tiene''.
Durante la liturgia, Samuel Ruiz señaló: ``Don Raúl (Vera) y yo, junto con ustedes, hemos testificado que la paz está cerca, que está enmedio de nosotros, que no solamente se acerca, sino que se está construyendo firmemente la comunidad de los que la anuncian y construyen''.
Nos vamos a San Cristóbal, agregó, con la seguridad de que la paz se instaura, de que empieza a vivir y de que ésta viene en oleajes crecientes y transformadores.
En tanto, Raúl Vera consideró que las posibilidades para alcanzar la paz hacen patente ``que ya no se puede camuflar la verdad, que ya no se pueden esconder los escuchas para no caminar a la paz''. Nosotros, dijo, ``ya podemos distinguir quiénes la quieren y quiénes no''.
Agradeció las muestras de solidaridad de mexicanos y extranjeros, con motivo de la matanza de Acteal, ``consecuencia de una sociedad injustamente organizada, que conserva lunares en donde ferozmente se descargan poderes muy patentes y muy conocidos que han sido mencionados de muchas maneras, que causan opresión, muerte, marginación y gran sufrimiento''.
Durante la celebración los obispos informaron que dos parroquias de la ciudad de México fueron investigadas, y los peregrinos alojados en ellas amenazados, pues supuestamente ``guardaban las armas que habíamos traído''.
En el acto litúrgico, las diversas órdenes religiosas pidieron el cese de la violencia en el estado sureño, así como el fin a las persecuciones contra las comunidades indígenas.
Cada líder de las diferentes iglesias expuso su sentir sobre el manejo de las políticas en México. No faltaron las acusaciones contra el neoliberalismo y por las contradicciones que origina una ``diócesis lacerada por la presencia del conflicto político y militar''.
La ceremonia, primera en su género en el Distrito Federal, se inició con una procesión compuesta por personajes de diferentes credos y la bendición del CUM como ``recinto sagrado de oración''. Más de mil personas participaron del rito.
Para agradecer las muestras de apoyo en este acto que duró casi tres horas, Samuel Ruiz leyó un comunicado del director para América Latina y el Caribe del Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo en Estados Unidos, Oscar Bolioli, quien pidió a Dios ``escuchar las súplicas para que el arrepentimiento llegue a quienes planificaron y realizaron el abominable pecado de la matanza de Acteal''.
Así culminó la estancia de la peregrinación en la capital. Los obispos se fueron con la convicción de que, como dijo Raúl Vera, ``los sufrimientos se convierten en una posibilidad de construir la paz''.
Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 23 de enero Ť El grupo Paz y Justicia reiteró hoy su propuesta para que se realice un diálogo en la zona norte, a fin de frenar la violencia en esa región donde, según sus cuentas, hasta agosto del año pasado habrían muerto 66 integrantes de esa organización y 23 de la parte contraria, en un conflicto que no es ``ni partidista ni religioso''.
``Tenemos conciencia de que el conflicto entre nosotros ha llegado a tal grado que es necesario un diálogo para el reconocimiento mutuo de ofensas y el establecimiento de la paz'', afirmó la agrupación en la propuesta dada a conocer esta noche aquí por su directiva.
En conferencia de prensa ofrecida en San Cristóbal de las Casas, Paz y Justicia -una de las doce bandas armadas que investiga la PGR- dijo no temer a la indagación porque ``no somos un grupo paramilitar ni estamos armados'', y sostuvo que en la zona norte el conflicto es entre ese grupo y la diócesis de San Cristóbal, a la cual responsabiliza de la división en el área.
Encabezado por su presidente Marcos Albino Torres, el grupo invitó al presidente Ernesto Zedillo, al procurador Jorge Madrazo y al secretario de Gobernación, Francisco Labastida, para que visiten la zona y ``constaten que no hay grupos paramilitares''. Ahí mismo invitaron a los medios de comunicación para que el 30 de enero próximo vayan y recorran las comunidades con el mismo fin.
En su propuesta, Paz y Justicia -``organización social dedicada al desarrollo productivo que agrupa a 15 mil personas''- planteó la necesidad de restablecer condiciones las políticas y sociales que permitan la reconciliación de las comunidades del norte de la entidad.
Propuso que el gobierno de Chiapas convoque a las instituciones federales y locales, gobiernos municipales, organizaciones y comunidades de la región para construir conjuntamente un pacto de convivencia y respeto mutuo.
Planteó que la negociación entre los grupos en conflicto sea mediada por los gobiernos federal y estatal -lo cual ya ha sido rechazado por perredistas y zapatistas de la zona norte- ``a condición de que actúen con absoluta imparcialidad'', y que también participen observadores nacionales e internacionales aceptados por las partes.
También pidió el establecimiento de una serie de acciones para el desarrollo de las comunidades del área.
En la conferencia de prensa dada por la directiva y que incluyó a más de 20 integrantes de sus bases que han perdido a uno o más familiares en el conflicto que se agravó a partir de febrero de 1995, Paz y Justicia presentó un libro titulado Ni derechos, ni humanos, que es la respuesta a Ni paz ni justicia, elaborado por el centro Fray Bartolomé de las Casas.
Matilde Pérez y Mireya Cuéllar Ť La interpretación de los acuerdos de San Andrés Larráinzar al momento de volverlos norma constitucional -una hecha por los legisladores de la Cocopa y avalada por los zapatistas, y otra de la autoridad federal- son desde hace más de un año el centro del diferendo entre gobierno y EZLN.
Comisionados de paz van y vienen; la lista de muertos es más larga; los conflictos comunitarios se enconan, el discurso entre las partes sube de tono y la discusión, a más de un año, es la misma.
¿Qué implica la autonomía indígena?
Para el gobierno, debe regularse de tal manera que no rompa con ``la unidad nacional ni el marco constitucional'', no llegar a la ``balcanización'' ni a estados de ``excepción'', y algunos de los términos de la iniciativa de la Cocopa lo propiciarían, según la autoridad. Así que presentó una serie de ``observaciones'' al documento, lo cual implicó una virtual solicitud de revisión para hacer ajustes técnico-jurídicos.
Para el EZLN dicha iniciativa refleja en sus términos los acuerdos, así que se negó a una revisión con el argumento de que implicaba una ``renegociación'' de asuntos ya firmados.
Ahí se trabo el diálogo.
Tres son los aspectos conceptuales a discusión entre las partes, todos ellos relacionados con la autonomía indígena: la aplicación de sus sistemas normativos (que el gobierno denomina normas, usos y costumbres); la remunicipalización de ``los territorios'' donde hay pueblos indígenas para permitir su autogobierno y la denominación jurídica de las comunidades como entidades de derecho público o de interés público.
En noviembre de 1996 los miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) hicieron pública su iniciativa en materia de derecho y cultura indígenas, cumpliendo con el mandato del gobierno y el EZLN de plasmar en ley ``la nueva relación de las comunidades y el estado'' acordada en las mesas de San Andrés.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional les dio su aval, sin embargo, el gobierno presentó el 4 de diciembre de 1996 una serie de ``adecuaciones'' a la iniciativa. En enero del 97, el EZLN respondió que analizaría, juntó con su equipo de asesores y el Congreso Nacional Indígena, el documento enviado por el gobierno.
La parte sustancial de las objeciones gubernamentales se centró en cómo operar y regular el alcance de la autonomía que se otorgó a los indígenas en los acuerdos de San Andrés.
Primero objetó que se usara el término ``sistemas normativos'' al referirse a la regulación y solución de los conflictos (comunitarios) internos y en su lugar, mantenerlos como aplicación de normas, usos y costumbres, porque de lo contrario, se rompería la estructura de Poderes que rigen a la nación y se crearían fueros especiales, señaló.
Además, subordina el procedimiento para reconocer las ``normas, usos y costumbres'' a las leyes locales, los cuales establecerán las normas para que sus juicios y resoluciones ( de los indígenas) sean ``homologados'' por las autoridades jurisdiccionales, que no ``convalidados'' como propone la Cocopa.
En cuanto al término autonomía y territorios, el texto de la Cocopa dice que las comunidades podrán ``acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponda a la nación''.
Lo primero que plantea el gobierno es eliminar el concepto ``territorios'' y establece que el uso y disfrute de esos recursos estará limitado a ``la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan y ocupan''.
A este aspecto, el EZLN responde que el gobierno desconoce los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo y exhibe ``una gran ignorancia sobre la relación que guardan los pueblos indios con su territorio''.
También, el gobierno expresa su preocupación de que la posibilidad de remunicipalización de que habla la iniciativa de la Cocopa (``asociación'' entre uno o más pueblos indígenas) pueda violar la Constitución, al decidir (los pueblos) la integración de nuevos municipios que podrían no encajar con la actual división político-administrativa en cada entidad federativa.
Es al abordar este tema cuando se ha empleado el término ``balcanización'', porque con el tiempo se podría dar lugar -según la óptica gubernamental y de algunos juristas- a posibles fracturas en el Estado nacional, es decir, la creación de ``estaditos'', como lo expresó en su momento Ignacio Burgoa Orihuela.
El otro aspecto que provoca diferendos es la definición de las comunidades indígenas. La propuesta de la Cocopa se refiere a ellas como entidades de ``derecho'' público y el gobierno quiere que sean de ``interés'' público.
La ``observación'' del gobierno elimina el reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades ``en un rango asociado con su autonomía y con la estructura del Estado'', según los zapatistas. Considerarlas entidades de ``interés'' público las expone a formas de regulación gubernamental como las empleadas con la industria de la masa y la tortilla, exponen.
En términos generales, los zapatistas respondieron -el 11 de enero de 1997- que las ``adecuaciones'' del gobierno federal significaban ``una grave negación del espíritu y letra de los acuerdos de San Andrés''.
El EZLN declaró ``suspendido'' el diálogo el 29 de agosto de 1996. Entre este hecho y la presentación de la iniciativa se dio un estira y afloja durante el cual se habló mucho sobre los términos en que sería redactada la iniciativa de la Cocopa.
Durante todo el año pasado la Cocopa se reunió con los representantes del gobierno federal y el secretario de Gobernación, y tuvo algún encuentro esporádico con el EZLN. No logró que alguna de las partes diera el primer paso.
La Cocopa languideció. Afloraron las contradicciones internas de un grupo pluripartidista. Los primeros que tuvieron problemas fueron los priístas una vez que se hicieron públicas las objeciones del gobierno a la iniciativa que habían redactado. Los panistas empezaron a decir que ellos se habían atenido a lo firmado en San Andrés aunque en muchos puntos no estaban de acuerdo. Sólo PRD y PT apoyaron los términos de la iniciativa hasta el último momento.
Todos los sectores del país entraron a la discusión. Unos exigiendo que la iniciativa fuera presentada al Congreso y aprobada -puesto que representantes de todas las fracciones la habían firmado-, y otros pidiendo al EZLN que se sentara a discutir los cambios.
Así, el conflicto entró en un largo impasse.
El gobierno hizo reiterados llamados al diálogo para discutir la iniciativa, a lo que el EZLN siempre se negó solicitando el simple cumplimiento de los acuerdos. Paralelamente, zapatistas y ONG denunciaban que crecía el cerco militar y se acrecentaban y fortalecían los grupos paramilitares. Empezó el problema de los desplazados en la zona norte. Mucho se denunció la violencia de Los Chinchulines y Paz y Justicia.
El desplazamiento de las bases zapatistas se extendió a los municipios de los Altos. Y llegó la matanza de Acteal. La discusión es la misma de enero de 1997.
Afp, Guatemala, 23 de enero Ť La premio Nobel de la Paz 1992, la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, comparó este viernes la situación de Chiapas con la experiencia de represión y marginación étnica que vivió su país en la década pasada.
En declaraciones a la prensa local, publicadas este viernes, Menchú se pronunció por el diálogo y la negociación como únicos medios para solucionar la crisis del estado mexicano de Chiapas, donde, aseguró, se vive un verdadero ``estado de guerra''.
``La situación generada en Chiapas es muy parecida a la terrible experiencia que vivimos en Guatemala durante la década pasada'', dijo la dirigente indígena, cuyos padres y hermanos murieron en esos años a consecuencia de la represión institucional.
En Chiapas ocurre actualmente lo que en Guatemala en los años 80, ``cuando hubo divisiones de comunidades, se formaron bandas paramilitares, así como también hubo asesinatos masivos y hostigamiento armado, entre otros hechos'', indicó.
``Hechos tan terribles como la matanza de Acteal y las agresiones a los manifestantes de Ocosingo, demuestran que después de cinco siglos de opresión y discriminación, es muy poco lo que ha cambiado en Chiapas para los indígenas''.
Anunció que la primera actividad que emprenda en cuanto lo autoricen sus médicos, será viajar a ese estado mexicano, donde el 1 de enero de 1994 se alzó en armas el indígena Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En el boletín parlamentario italiano del 21 de enero de 1998 figura la intervención del gobierno italiano ante el mexicano, exigiendo una solución pacífica al problema chiapaneco y ``execrando'' el crimen cometido en Acteal.
En respuesta a una interpelación del diputado Ramón Mantovani, de Refundación Comunista, en la cual el parlamentario afirma que en la matanza de Acteal ``está claro que hay responsabilidades precisas del Ejército y del gobierno mexicanos y que es igualmente claro que con esta matanza y con el intento de asesinato del obispo Samuel Ruiz y sus otros actos el gobierno mexicano trata de cortar la hierba bajo los pies del EZLN para intentar liquidarlo'', el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Bienes Culturales y Ambientales, Walter Beltroni, del Partido de la Izquierda Democrática, expresó: ``Quiero decir antes que nada, con toda claridad, que cuando se matan mujeres y niños inermes, se cumplen actos atroces que no pueden tener ninguna justificación. La condena de la opinión pública internacional debe ser firme e inequívoca.
El Gobierno italiano ha condenado sin ambigüedad alguna, junto con los otros países de la Unión Europea, las violencias cometidas en la región de Chiapas. Eso ha sido destacado en mensajes a las autoridades mexicanas a las cuales les hemos pedido que aseguren el respeto de los derechos humanos en la región y reinicien la negociación entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre la base de los acuerdos de febrero de 1996.
``Quiero citar al respecto la carta enviada el 14 de enero al embajador mexicano en Roma por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, senadora Toja, en la cual expresa ``el horror y la execración por la violencia inhumana perpetrada en Acteal contra seres inermes, entre los cuales hay tantas mujeres y tantos niños, violencia que sólo puede justificarse con comportamientos que nada tienen que ver con los principios de la civilización y del respeto por la vida y la dignidad humanas'' y se invita al gobierno mexicano a realizar todo tipo de esfuerzos para encontrar una solución válida a los problemas de Chiapas, esfuerzos que, se precisa, sólo pueden realizarse mediante la vía de la negociación y del reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas que habitan en la región de Chiapas''
``Informo además que el gobierno mexicano -evidentemente consciente de los efectos negativos de los acontecimientos en Chiapas- propuso que su ministro de Relaciones Exteriores se encuentre informalmente con la troika europea en la próxima reunión del Grupo de Río.
``Concluyo reiterando la firme intención del gobierno italiano de seguir la cuestión con la máxima atención y participación, para que se reactiven las negociaciones, ser haga luz y justicia (con respecto a este crimen) y para que los derechos humanos y civiles de la población de Chiapas sean respetados de modo completo e inderogable''.
Al declararse satisfecho, en general, el diputado Mantovani declaró que el sábado 24 se hará en Roma ``una gran manifestación de solidaridad con el EZLN y con las poblaciones indígenas que son perseguidas por el Ejército Mexicano''
Víctor Ballinas Ť ``Estamos listos para entrar a ayudar en Chiapas a las víctimas por la violencia. Tenemos la mejor voluntad y disponibilidad de dar una mano hermana si hace falta, pero no lo podemos hacer si no existe consenso entre las diferentes entidades y sectores políticos mexicanos'', aseveró el jefe de Misión -en México- del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) Philippe Antoine Gaillard.
Desde principios de 1994, cuando inició el conflicto armado en la entidad, ``hemos estado ayudando a la población víctima de la violencia en Chiapas'', explicó el representante de la benemérita institución.
El CICR retiró a sus delegados de Chiapas a partir de 1995, y desde ese momento dejó de tener presencia física permanente. ``Entregamos nuestros programas de ayuda médica en las comunidades de Altamirano y Ocosingo a la Cruz Roja Mexicana, institución hermana, y los hemos financiado''.
Antoine Gaillard subrayó que ``con recursos del CICR existe una base médica en San Miguel y otra en San José del Río, muy cerca de La Realidad. La Cruz Roja Mexicana ha hecho un excelente papel con nuestro apoyo''.
Es más, menciona el jefe de Misión del CICR, ``desde 1995 cubrimos las necesidades médicas básicas de aproximadamente 20 mil personas en 70 comunidades entre San Miguel y San José''.
Se atiende lo mismo a comunidades simpatizantes del EZLN, que a priístas o mixtas, a todas por igual. ``Esta ayuda ha funcionado en forma excelente''.
Con recursos propios y la ayuda internacional, la Cruz Roja Mexicana se ha ganado un ``excelente '' espacio entre las comunidades, en una zona donde es difícil y delicado acercarse a la población, como Las Cañadas''.
Desde mediados de 1997, destacó el representante internacional, ``habíamos propuesto al gobierno estatal de Chiapas , con estrecha colaboración de la Cruz Roja Mexicana, abrir una nueva base de salud en el norte de Chiapas, pues sabíamos de tensiones, de gente que estaba enferma y no podía ser trasladada porque tendrían que pasar por un poblado `enemigo', por eso sugerimos y propusimos un nuevo hospital''.
Antes de hacer la propuesta, subrayó en entrevista Antoine Gaillard, ``habíamos hablado ya con las comunidades de diferentes las tendencias, y yo me sorprendí de que todas, independientemente de sus simpatías, dijeran que si el servicio lo hacía la Cruz Roja Mexicana, la gente enferma o herida, incluso enemigos, no tendría ningún problema para llegar hasta ese hospital''.
Ese proyecto, ``lo propusimos hace meses para Los Altos o en la zona norte. Expusimos que sería el mismo modelo aplicado en San Miguel y San José del Río, donde desde 1995 ha funcionado muy bien.
``Tan discreta ha sido la ayuda, que incluso la prensa no estaba enterada de que 80 mil servicios, entre consultas, traslados y vacunas se han concretado en Las Cañadas entre mediados del 95 y 97 con financiamiento del CICR. Hoy sale a la luz pública, pues está bien que salga''.
Sobre considerar su ayuda como una posible injerencia extranjera, Antoine Gaillard apuntó que ``no es para polemizar, pero cada cuatro años se realiza una conferencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, o la Media Luna Roja, en ella participan todos los estados que han firmado los convenios de Ginebra, que son 182 países, entre ellos México, país que los ratificó en 1953''.
En esa conferencia, subrayó, se aprueban documentos y estatutos en los que se estipula que ``el CICR puede tomar toda iniciativa humanitaria que le corresponda a su papel de de institución y de intermediario, ese derecho es reconocido y aprobado por todos los estados del mundo''.
Ello, aclaró, ``no significa que los gobiernos tengan que aceptarlo, pero al ofrecer sus servicios el CICR no comete injerencia, ya que los Estados le han reconocido ese derecho de iniciativa. Estamos a la orden de los mexicanos, que decidan ellos'', concluyó.
Luis A. Boffil Gómez, corresponsal, Mérida, Yuc., 23 de enero Ť Militantes del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) fueron desalojados hoy ``pacíficamente'' de la Plaza Grande de esta capital, poco después de iniciar un plantón como protesta al cumplirse un mes de la matanza de 46 indígenas en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas.
Los afectados explicaron que elementos de seguridad ``no sabemos si del estado o del gobierno federal'', llegaron poco después de que se instalaron pancartas y mantas con leyendas alusivas al EZLN y a la exigencia de que se castigue a los culpables de la masacre de Acteal, y ``nos pidieron que disolviéramos el movimiento, porque de lo contrario ellos se harían cargo de corrernos del parque''.
Los integrantes del FZLN manifestaron que los ``policías o agentes'' no expresaron argumentos en su proceder, aunque los primeros consideraron que todo se debió a la visita que el presidente Ernesto Zedillo realizaba a diversos municipios de la entidad.
Aunque en principio los simpatizantes zapatistas se resistieron a abandonar el plantón, los ``agentes'' les advirtieron que sería mejor que lo hicieran o ``de lo contrario...''.
Sin embargo, los integrantes del FZLN anunciaron que este sábado regresarán a la Plaza Grande para iniciar un plantón permanente de protesta en memoria de las víctimas de Chiapas.