En el discurso del presidente Zedillo, que publicó íntegramente La Jornada en su edición de ayer, un párrafo medular es el que expresa la conformidad del gobierno federal con los acuerdos de San Andrés, aunque rechaza las interpretaciones de los mismos ``que atenten contra la soberanía y la unidad nacional, ni que pongan en riesgo las garantías individuales, las libertades y los derechos humanos'', o que propicien ``formas de gobierno antidemocráticas y autoritarias ni fanatismos... fueros y privilegios excluyentes ni desprecio a las minorías''.

Se desprende que el diferendo que mantiene cerradas las posibilidades de un entendimiento con el EZLN no es sobre el contenido de los acuerdos suscritos a finales de 1996, sino las distintas interpretaciones que sostiene cada una de las partes y que, en algunos puntos, son radicalmente opuestas.

Encuentro en mis archivos personales un cuadro comparativo que este diario publicó el 13 de enero de 1997, donde aparecen las coincidencias y discrepancias entre los proyectos elaborados, respectivamente, por la Cocopa y la Secretaría de Gobernación, documento este último que fue presentado como una contrapropuesta alternativa que nunca fue sometida a discusión en ulteriores negociaciones, porque el diálogo estaba interrumpido desde entonces y el EZLN se ha negado a reanudarlo.

Lo anterior implica: 1) que el proyecto de la Cocopa no fue aceptado, sino modificado, por quienes en aquellos días representaban al gobierno federal; 2) que éste se obligó a respetar los acuerdos como tales, pero en ningún momento suscribió ni adoptó el proyecto de la Cocopa ni manifestó documentalmente su conformidad con el mismo, es decir, asumió los acuerdos pero no el proyecto; 3) que el EZLN jamás se ha mostrado dispuesto a discutir otra interpretación jurídica de los acuerdos que no sea la elaborada por la Cocopa; y 4) que esta posición, en caso de mantenerse, cancela toda opción de negociar con el grupo insurgente un nuevo texto de adiciones constitucionales, que traduzca a lenguaje declarativo y normativo el contenido de dichos acuerdos, pues sus dirigentes sostienen como interpretación única, infalible e insuperable, la elaborada por los legisladores que entonces integraban la Cocopa.

A su vez, estas implicaciones tendrían las siguientes consecuencias: a) sin la aceptación del EZLN a discutir y convenir un nuevo proyecto de adiciones constitucionales, basado en los acuerdos de San Andrés pero diferente en sus particularidades jurídicas al que formuló la Cocopa, no tendría efectos prácticos que sus actuales integrantes reelaboren una iniciativa que cuente, inclusive, con el consenso de todos los partidos; b) en el supuesto de que el proyecto original de la Cocopa fuese presentado con el apoyo de todos los partidos y la conformidad del gobierno federal, tendría que ser aprobado sin cambio alguno, pues ni el Poder Legislativo de la Unión y ni las Legislaturas de por lo menos 16 entidades federativas podrían ejercer sus facultades, como integrantes del Constituyente permanente, para modificar siquiera parcialmente dicho proyecto, pues si lo hicieran habría el riesgo de que el EZLN adujera como pretexto para no suscribir un arreglo definitivo de paz ni deponer las armas, que los acuerdos de San Andrés fueron alterados sin su consentimiento.

Se infiere que el apoyo indiscriminado (y en cierto modo irresponsable) que diferentes actores políticos y subrayadamente el PRD, han renovado y revitalizado en los días presentes hacia el EZLN, puede tener secuelas desmesuradas. De hecho, al sumarse a la exigencia de que el gobierno federal cumpla los acuerdos de San Andrés, lo conminan a que asuma, sin modificación alguna, el proyecto de texto constitucional elaborado por la Cocopa, respecto del cual nunca expresó plena conformidad.

Lo peor es que, sin percatarse de los alcances de esa exigencia, implícitamente se pronuncian por someter la soberanía del Poder Constituyente permanente a la intransigencia de un grupo armado, de modo tal que hasta las legislaturas de los estados de la federación, que no fueron parte de las deliberaciones ni suscribieron los multicitados acuerdos, quedarían obligadas a aprobar en todos sus términos el proyecto de la Cocopa, aunque en su criterio hubiese componentes contrarios a los principios de pacto federal.

Es preciso reconsiderar los alcances y límites del respaldo político que debe darse al EZLN, y en todo caso condicionarlo a que esté dispuesto a reanudar el diálogo. Es preciso revisar los aspectos de fondo que consideró inaceptables el presidente Zedillo y también el camino que debe transitarse para introducir a la Constitución los acuerdos que eventualmente sean adoptados.