Durante las últimas semanas se ha publicado amplia información sobre posibles casos de corrupción en el anterior gobierno del Distrito Federal. Es muy cierto que los casos detectables deben ser presentados ante la justicia, y que ésta sólo puede proceder individualizando responsabilidades.

Sin embargo, hay causas de fondo en este problema que no pueden limitarse a los individuos. Una estrategia contra la corrupción debe poner una gran atención, tal vez la principal, en atacar tales causas. Una de ellas es el desorden administrativo. Con frecuencia, cada departamento tiene diferentes versiones no sólo de las cifras económicas sino de existencias, de salidas, etcétera. Es común que no se cotejen cifras de una área con las de la otra, ni con la realidad. Durante los recientes procesos de entrega-recepción, se dieron casos en los que la documentación mostraba varias versiones distintas sobre el número de vehículos en existencia.

El proceso, por ejemplo, que lleva a una adquisición, incluso si ésta involucra un concurso, frecuentemente incluye varios procesos manuales, lo cual aumenta no sólo los tiempos sino también las posibilidades de error. Claro, al amparo de este desorden, multiplicado al nivel de las gigantescas dimensiones del antes llamado Departamento del Distrito Federal, podía florecer la corrupción.

Hasta donde puede uno darse cuenta, el desorden era mayor en periodos anteriores. En vez de racionalizar la administración, se intentó contrarrestar tales problemas mediante controles cada vez más complicados. Estos últimos, sin embargo, también tuvieron el efecto de alargar aún más los tiempos de ejecución de muchas tareas, aumentando la ineficiencia.

Durante la reciente administración sobre la que se ha estado discutiendo, hubo, sin embargo, un elemento adicional que favoreció la corrupción: la realización de una serie de actividades que anteriormente efectuaba el entonces DDF, fue contratada con empresas particulares, quedando total o parcialmente inactivos tanto el personal que las llevaba a cabo como los medios de que se valía para ello.

Siguiendo con el ejemplo de los vehículos: los mecánicos que los conservaban y reparaban, así como herramientas y talleres, fueron dispersados o desmantelados. En algunos casos hubo quien osó cambiar un acumulador o una llanta en su propio lugar de trabajo, simplemente porque así le alcanzaba un poco más el presupuesto, que no siempre era tan generoso como cuando se fijaban los montos de los aguinaldos o bonos para los funcionarios.

Sin embargo, el caso más general fue el explicable acatamiento de rigurosas órdenes: nada se repara aquí, todo se lleva a talleres del exterior. Se quería justificar la decisión diciendo que el personal propio era ineficiente. Lo cierto es que, entre los bajos salarios y la incapacidad para motivar a la gente por parte de los financieros metidos a gobernantes, el mismo sistema estaba generando ésa situación.

También fue un caldo de cultivo para la corrupción. A medida que crecían los controles, los medios como se llevaba a cabo se hacían también más complicados y difíciles de detectar. Aún así, alguna gente llegó a ir a la cárcel. Próximamente veremos si esto vuelve a suceder.

El combate contra las causas, contra las raíces de la corrupción, deberá incluir medidas en otros terrenos, no sólo en el judicial y penal. Entre otros, será preciso lograr un orden administrativo más eficiente, revisar los sistemas de control para hacerlos más efectivos y ágiles, y una mayor motivación para los trabajadores, compartiendo con ellos el proyecto de desarrollo y avanzando hacia salarios más decorosos.