Liberan en Chiapas a 300 presos indígenas; ninguno es zapatista

Angeles Mariscal y Elio Henríquez, corresponsales, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 24 de enero Ť Trescientos reos que se encontraban recluidos en las distintas cárceles del estado fueron liberados, ``a fin de coadyuvar en la distensión política de la entidad'', sin embargo, ninguno de los reclusos que obtuvieron su libertad pertenecen a las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como se había anunciado.

Así, al menos cien presos indígenas, particularmente de la zona norte del estado, quienes se encuentran recluidos a consecuencia de presuntos delitos, cometidos casi todos ante las agresiones del grupo paramilitar Paz y Justicia, se quedaron esperando el cumplimiento de la promesa gubernamental.

Por su parte, el obispo Samuel Ruiz García, presidente de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), dijo que la liberación de 300 indígenas de las cárceles de Chiapas es ``bienvenida'', pues ``es una como señal'' que recogerá el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En un acto protocolario, la secretaria de Gobernación, Areli Madrid Tovilla, entregó la tarjeta de liberación a 25 reclusos que se encontraban presos en el módulo de Cerro Hueco, a la vez de anunciar que este acto se iba a repetir en todas las cárceles al mismo tiempo, hasta sumar la cantidad de 300 las personas que serían liberadas.

``Estamos dando cumplimiento a lo que anunció el gobernador del estado, respecto a la liberación de 300 reos; esto como una muestra de voluntad política para apoyar el reinicio del diálogo. Lo que se busca es sumar para la paz (...) nuestro interés es que cada día haya más armonía, y que la justicia prevalezca en nuestro estado'', subrayó la funcionaria.

Explicó que cada una de las personas que fueron liberadas estaba acusada ``de delitos menores; se cuidó mucho el tipo de delito y la peligrosidad de los mismos''. Incluso, dijo, se piensa liberar con este programa a alrededor de mil personas.

Cuestionada sobre dónde se encontraban los presos que son bases zapatistas, Areli Madrid argumentó: ``Hay de todo. Aquí lo que se tomó fueron campesinos e indígenas. Hicimos una revisión pero, desde luego, el interés es abundar en la paz''.

Con esta respuesta quedó nuevamente en la indefinición la situación de aproximadamente cien reclusos agrupados en La Voz de Cerro Hueco, quienes se unieron desde septiembre de 1996, cuando comenzaron una huelga de hambre para denunciar la situación que prevalecía en su región, y el hecho de que, ante los enfrentamientos y emboscadas de los grupos paramilitares, únicamente eran encarcelados los integrantes de las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

``Cuando supimos del anuncio, que se iba a liberar a bases zapatistas, decidimos venir a esperar a nuestros compañeros, pero aquí nos quedamos y no pasó nada, simplemente no salió ni uno de ellos. Esto nuevamente es una tomada de pelo'', consideró Abelardo Méndez Arcos, uno de los representantes externos de los integrantes de La Voz de Cerro Hueco, cuando bajaba, solitario, el camino que conduce al penal.

Adentro, los inculpados, las bases del EZLN de la zona norte y Altos, se reco- gían de nuevo en el interior del aula del penal, donde permanecen unidos, aglomerados, ahora un tanto desencantados.

Cabe señalar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió el jueves la recomendación CEDH/0005/98, dirigida a la Secretaría de Gobierno, a fin de que esta instancia resuelva el problema de sobrepoblación que existe en cada uno de los once centros de Readaptación Social (Ceresos) de la entidad. Areli Madrid reconoció que la liberación de los 300 detenidos ``es una respuesta puntual e inmediata de esa recomendación''.

Pronto más ``señales'' para reanudar el diálogo: Ruiz García

Mientras, el obispo Samuel Ruiz recalcó la importancia de la liberación de los reos, toda vez que esta demanda forma parte de una de las cinco condiciones mínimas puestas por el Ejército Zapatista en septiembre de 1996 para reiniciar el diálogo de San Andrés.

Entrevistado en San Cristóbal de las Casas, el titular de la Conai comentó que tiene ``indicaciones'' de que pronto habrá más ''señales'' que contribuirán a la reanudación del diálogo entre el gobierno federal y el EZLN, suspendido desde el 2 de septiembre de 1996.

Ruiz García declaró lo anterior horas antes de que los integrantes de la Conai, encabezados por él, comenzaran una reunión nocturna en esta ciudad, para evaluar la situación que impera actualmente en Chiapas, a raíz de diversos acontecimientos, como el problema de los desplazados de Chenalhó, la militarización, la peregrinación realizada a la ciudad de México y la liberación de los 300 presos indígenas, entre otros.

Al mismo tiempo, sacerdotes, religiosas y católicos en general se preparan para festejar mañana el 38 aniversario de la consagración episcopal de Samuel Ruiz, como obispo de San Cristóbal, con diversos actos religiosos que concluirán con una misa que celebrará el prelado en la catedral de esta ciudad a las 19:00 horas.

En este marco, los obispos Felipe Aguirre Franco y Felipe Arizmendi Esquivel, de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, respectivamente, encabezarán una peregrinación católica de apoyo a Ruiz García el próximo lunes en esta ciudad, informó la diócesis local.

Triunfo Elizalde Ť La Comisión Nacional de Derechos Humanos ``coincide con el reclamo de la Unión Europea, el cual pide aclarar lo ocurrido en Acteal (Chiapas), sin embargo, se manifiesta por que sean los mexicanos quienes busquen la solución a sus problemas'', se dice en un documento interno de la CNDH, en el cual ``aprecia'' la solidaridad internacional con las víctimas de esa matanza, pero considera que ``la injerencia extranjera en nuestros asuntos es inadmisible''.

Al reiterar que los hechos del 22 de diciembre de 1997, en Acteal, ``constituyen una acto reprobable de violencia que agravia no sólo a Chiapas, sino a todo el país'', la CNDH dice coincidir ``con la posición de la Unión Europea'' (que el 15 de este mes condenó al gobierno mexicano por los hechos de Chiapas), en cuanto a repudiar la violencia y la impunidad, en cuyo sentido recomendó a la Procuraduría General de la República ``ampliar todo lo necesario sus investigaciones''.

En el país, se precisa en el documento, ``existen los instrumentos jurídicos para investigar, sancionar a los culpables, reivindicar los derechos humanos atropellados, así como para llevar adelante negociaciones que cumplan con los reclamos planteados por las partes involucradas; igualmente, contamos con instancias de intermediación plenamente reconocidas''.

Al trabajo de esas instancias, de las que no da detalles, hace notar que se suman los esfuerzos realizados por la Cruz Roja Mexicana, los organismos no gubernamentales y la propia CNDH, la cual se manifiesta ``convencida de que la solución de los problemas se dará a través del diálogo y la concertación armoniosa entre las partes involucradas, buscando soluciones alternas a las actualmente diseñadas''.

Caso Aguas Blancas

Por otra parte, la CNDH, luego de rememorar las diversas actuaciones que ha tenido en torno a la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, pide al gobierno estatal ponderar la realización de acciones urgentes dirigidas a garantizar la seguridad personal y patrimonial de los habitantes de las comunidades de la sierra de Atoyac; concretamente El Cucuyachi, El Escorpión, Agua Fría y El Quemado, cuyos habitantes han venido siendo víctimas de agresiones imputables a las fuerzas armadas.

Recuerda que como resultado de las investigaciones realizadas por peritos de la institución se emitieron las recomendaciones 96/97 y 100/97, ambas dirigidas al procurador general de Justicia Militar, ``en virtud de que esta CNDH verificó que diversos integrantes del Ejército incurrieron en violaciones a derechos humanos, y que varios podrían haber incurrido en conductas tipificadas como delitos''.

A la vez señala que ``los grupos civiles armados, el narcotráfico y las rencillas de índole política entre los habitantes de la región agravan todavía más la problemática que se vive en las comunidades''.

mencionadas''. Menciona que como resultado de la aparición en la sierra del EPR, la CNDH ha tenido conocimiento del recrudecimiento de hechos delictivos, los cuales han generado temor e incertidumbre entre los pobladores de la región''.