Masiosare, domingo 25 de enero de 1998
Tras la masacre de Acteal, el Ejército Federal realizó más de 44 incursiones en 33 comunidades zapatistas de la Selva, el Norte, Los Altos y la Frontera. La acción militar se concentró en 15 municipios autónomos y rebeldes, la mayoría muy lejos de Chenalhó. A ese municipio alteño llegaron 2 mil soldados que se instalaron en 18 campamentos en igual número de comunidades y parajes.
Se dijo públicamente que era una campaña de despistolización planeada de antemano, pero en los hechos fue una ofensiva sobre las comunidades zapatistas a base de cateos, interrogatorios a los pobladores sobre la ubicación de campamentos insurgentes, sobre los dirigentes zapatistas, sobre las armas y los radios de comunicación. Los militares también saquearon casas, tiendas, cooperativas y hasta se robaron dinero.
El Secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre advirtió que el Ejército mexicano se mantendrá en Chiapas y ``desarmará a todos los grupos y personas que transporten o guarden armas''. ``No hay excepciones en la aplicación de la ley'', agregó dijo el titular de la Sedena en alusión al EZLN.
Con el aval del Ejército federal y el respaldo de la presidenta de la CNDH, Mirelle Rocatti, estas declaraciones son una amenaza, no para los paramilitares -que parecen seguir gozando de impunidad- sino para los pueblos zapatistas.
Luego de las declaraciones del titular de la Defensa, las tropas reanudaron sus incursiones en comunidades indígenas. Unos 100 soldados entraron en el ejido Jalisco de Altamirano, el 22 de enero. Casi al mismo tiempo fueron instalados nuevos retenes militares en Chenalhó, Tila y en las cañadas de la Selva.
Geografia de la militarizacion
Actualmente existen más de 50 mil soldados distribuidos sólo en 4 de las 9 regiones del estado. Las tropas se concentraron en la Selva, el Norte, la Frontera y los Altos donde viven indígenas tzotziles, tzeltales y tojolabales. Están instalados en 54 campamentos y 32 cuarteles ubicados en 20 municipios habitados mayoritariamente por indígenas. Estos datos forman parte de un recuento elaborado por Masiosare con información del investigador Arturo Lomelí y de organizaciones indígenas y campesinas de esas zonas, y con referencias de algunos organismos de derechos humanos como el Centro Fray Bartolomé de Las Casas y Enlace Civil.
En algunos casos, como en la región de la Selva, hay un soldado casi por familia (de 7 integrantes). Tan sólo en las cañadas de la llamada ``zona de conflicto'' (que abarca los municipios de Altamirano, Ocosingo y Las Margaritas y cuenta con una extensión de casi una cuarta parte de la superficie del estado) hay al menos 36 mil 500 mil soldados acantonados en 24 campamentos y 21 cuarteles, muchos de ellos instalados a un lado de las comunidades. La población en esa región es de unos 300 mil habitantes.
Ahí existen unos 25 retenes donde los militares aplican la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, revisando vehículos y personas que circulan por los caminos que van hacia la Selva Lacandona.
En la región donde se ubica La Realidad hay destacados miles de soldados, a no más de 20 kilómetros de esa comunidad tojolobal, considerada bastión zapatista. Al norte están el cuartel de San Quintín, el campamento de Nueva Provincia y dos campamentos establecidos a las orillas del Río Euseba, a sólo tres kilómetros de La Realidad. Por el lado sur está el cuartel de Guadalupe Tepeyac.
En el caso del retén de Guadalupe Tepeyac -este pueblo tojolabal que fue convertido en un gran cuartel por tropas del Ejército desde la ofensiva del 9 de febrero de 1995- la revisión es más rigurosa. Los soldados abren las mochilas, costales y paquetes de los viajeros, y les hacen sacar sus cosas frente a las cámaras. Todos los papeles son revisados y un soldado filma toda la operación.
En la región de Los Altos (12 municipios) los efectivos castrenses suman al menos 10 mil 500 -contando los 2 mil que llegaron a Chenalhó en estos días. Soldados y equipos están distribuidos en 20 campamentos y en 5 cuarteles ubicados en siete municipios. En esta región viven unas 250 mil personas, la mayoría indígenas tzotziles. Ahí, la proporción es de 25 habitantes por cada soldado . En Chenhaló es de 20 a 1. En la zona de Polhó y alrededores la relación podría ser de 10 habitantes por efectivo militar.
En la región Norte hay 12 campamentos y siete cuarteles militares ocupados por unos 10 mil soldados. Ahí habitan unas 200 mil personas, así que hay un soldado por cada 20 habitantes .
La densidad militar en Chiapas ha sido muy alta desde 1994 y en el último mes creció otro poco. El Ejército avanzó en zonas de influencia zapatista e instaló nuevos campamentos (unos 12) en Chenalhó, Altamirano, Ocosingo, Las Margaritas.
Contra la economia de los pueblos
Al cumplirse un mes del operativo para detectar armas de fuego y explosivos, ningún paramilitar ha sido detenido o desarmado en Chenalhó, Tila -donde el grupo Paz y Justicia tiene retenes-, Sabanilla, Tumbalá, Ocosingo, ni en toda la región de los Altos. Los 45 encarcelados por los hechos de Acteal fueron detenidos por agentes de la Procuraduría General de la República en las dos primeras semanas posteriores a la masacre.
En Chenalhó, donde los soldados llevan a cabo ``labor social'', el Ejército no ha realizado decomisos, pese a que se cree que en ese municipio los paramilitares acopiaron armas antes del ataque. Salvo algunos retenes intermitentes, el Ejército federal acampa en las escuelas de los pueblos, ofrece consultas médicas, corta el pelo a los pobres y reconstruye algunas casas quemadas.
El Consejo Autónomo de Chenalhó denunció que elementos del Ejército ayudan a priístas en la cosecha del café -pero los cafetales pertenecen a los desplazados-. Para respaldar esta denuncia, Luciano presenta fotografías que muestran a los soldados cortando y despulpando café en una comunidad abandonada. En otra gráfica, un soldado posa frente a una casa abandonada, apuntando con su arma hacia la puerta.
Golpear los medios de subsistencia e impedir la siembra y cosecha de los productos más rentables, e incluso los de sobrevivencia como maíz y frijol, forman parte de la estrategia.
En las regiones indígenas se vive una economía de guerra. La disputa por los productos agrícolas y los recursos naturales son una parte de esta guerra. La ocupación militar afecta los trabajos agrícolas de las comunidades. Y en lugares como Chenalhó, facilita el saqueo de productos rentables como el café.
El Batallón 83
Las investigaciones sobre los grupos armados no han tocado la hebra del posible involucramiento de elementos del Ejército con los grupos paramilitares.
Quedan sin explicación hechos como el cambio al estado de Veracrzu del Batallón 83, que estaba destacado en el cuartel de Rancho Nuevo, sede de la 31 zona militar. Los intregrantes de ese batallón estuvieron destacados en Chenalhó y muchos de sus integrantes son indígenas tzotziles originarios de ese municipio. Algunos de estos soldados y oficiales fueron señalados por indígenas de varias comunidades como responsables de haber entrenado y proporcionado pertrechos a los grupos paramilitares.
El viudo de Guadalupe
``Mejor morir luchando que morir en la miseria y el olvido'', dice Gilberto Santiz López, esposo de Guadalupe Méndez López, la frágil mujer asesinada por la policía el 12 de enero.
``Somos campesinos que luchamos por la paz y la justicia. Fuimos a Ocosingo a protestar por los maltratos de la policía y el Ejército, no los queremos en nuestros pueblos'', agrega, el día del entierro de su esposa.
La protesta contra las incursiones militares creció en la Selva y unificó a ocho organizaciones indígenas de Ocosingo, Altamirano, Sitalá, Oxchuc, entre otros, que ocuparon la ciudad durante una semana. ``La presencia del Ejército es inconstitucional'', señalaron en un documento dirigido a la 39 zona militar y que fue entregado en el cuartel, en medio de una manifestación indígena.
``La instalación de puestos de observación y revisión, los patrullajes aéreos y terrestres, los cateos, los retenes en carretera, violan flagrantemente las garantías de libre tránsito, de reunión y asociación, de legalidad y seguridad jurídica, consagrada por la Constitución'', dijeron en otro documento, dirigido al presidente Ernesto Zedillo y al titular de la Sedena por las organizaciones indígenas ARIC, ORCAO, Tzoman, Tres Nudos, CNPI y otras.
El documento sigue: ``Sobre la labor social que realiza personal del Ejército en las comunidades, es oportuno aclarar que los supuestos servicios que presta no son tarea que se les encominede por la Ley. Esas tareas corresponden a las secretarías de Salud, de Desarrollo Social, de Agricultura, de Medio Ambiente y definidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal''.
Las organizaciones indígenas de Ocosingo y otros seis municipios demandan: ``Que se desmantelen los cuarteles que no nos dejan vivir en paz y de inmediato dispongan medidas y determinen la forma y el modo del retiro de tropas, quedando únicamente las que sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución les impone''.
"Aún no tenemos justicia, todavía los asesinos están libres y se pasean por Chenalhó y otros pueblos. Queremos que el gobierno encarcele a los agresores pero no hay avances ni podemos retornar a nuestro pueblo'', dice Agustín Pérez, indígena de Acteal, al cumplirse un mes de la matanza.
Agustín no olvidará jamás aquel 22 de diciembre, cuando perdió familiares y amigos. Este pedrano sencillo comenta que aún no hay justicia, sino más peligro y miedo. Como los 10 mil refugiados que hay en Chenalhó, siente temor porque sabe que los paramilitares priístas todavía andan sueltos en varias comunidades del municipio: Canolal, Pechiquil, Tzajalucum, la Esperanza, Los Chorros, Chimix, Bajoveltic, Yaxjemel y Puebla.
Aunque en esos mismos lugares hay campamentos del Ejército mexicano y desplegados policías de Seguridad Pública, éstos ``no detienen a los paramilitares porque están haciendo su labor social. Tampoco a los jefes de ellos, como Cristóbal Vázquez Vázquez y Victorio Cruz Velázquez, quienes se pasean por la cabecera municipal'', dice Agustín.
Sus sospechas se confirmaron cuando el 22 de enero supieron que los paramilitares se reunieron para reanudar sus ataques. Las fuerzas se seguridad, en lugar de buscar y detener a los más de 200 priístas que continúan armados, prefieren vigilar a los refugiados. Así, ese día, cuando decenas de hombres y mujeres rezaban y entonaban cantos religiosos en memoria de los 45 muertos, un helicóptero de la PGR sobrevoló a baja altura durante cinco minutos, azotando las láminas y provocando la zozobra de los indígenas que asistieron a la celebración religiosa.
``Los agresores de Acteal que no han sido detenidos, siguen haciendo reuniones en Canolal y La Esperanza. Desde hace una semana -dice mientras cruzamos los galerones de lámina de cartón y madera que se han construido en el lugar donde sucedió la masacre-, hay rumores de que los paramilitares están preparando otro ataque. Tenemos miedo porque ya hemos visto que llegaron a matar nuestros compañeros. Las mujeres tienen mucho miedo'', machaca Agustín.
``Queremos justicia, que encarcelen a los agresores y que podamos retornar, pero no hay avances'', reclama Agustín antes de entrar a una de las nuevas casitas construidas en la explanada que fue el escenario de la matanza, para participar en una reunión de Las Abejas, organización de la sociedad civil indígena.
En Polhó hay 10 mil refugiados que han perdido sus casas y pertenencias desde que comenzó hace 4 meses la ofensiva paramilitar contra 14 comunidades. Se han negado a recibir directamente la ayuda gubernamental, porque no confían en las autoridades. Su desconfianza se reafirma cuando se dan cuenta que el gobierno no se está desmontando la estructura de los paramilitares sino presionando a los pueblos que simpatizan con el EZLN. La mayoría son bases de apoyo zapatista, otro grupo numeroso son Las Abejas y otro más de priístas que huyeron de las agresiones y amenazas de los paramilitaes en sus comunidades por no cooperar con ellos.
Los grupos paramilitares continúan activos en 10 comunidades que geográficamente forman un cinturón que rodea lo que hoy son decenas de campamentos de refugiados. Los soldados y policías también se hallan alrededor de los campamentos. En lugar de llevar a cabo operativos de desarme y desarticulamiento de paramilitares, los soldados se han dedicado a vigilar a los refugiados, las carreteras y a realizar ``labor social''.
En este esquema de guerra, la concentración de refugiados en Chenalhó, facilita el control militar que busca aislar al EZLN de los pueblos rebeldes.
``Si quieren matar, mátenme'', exclamó Manuel abriendo su camisa ante los soldados que apuntaban contra mujeres y niños del ejido Morelia. Era la tercera incursión militar a su pueblo durante este año.
Manuel, de diez años, y sus amigos encaran a los soldados, desafiantes les gritan: ``No los queremos en nuestro pueblo, váyanse, queremos vivir en paz'', les dicen a los militares que les apuntan con sus fusiles automáticos G-3 y M-16.
- Vénganse niños para acá. Si no se quitan los vamos a detener- alcanza a decir un soldado cuando los pequeños lanzan piedras sobre los militares. Un soldado no se aguanta y devuelve la pedrada.
Entonces se juntan las mujeres. Con los niños por delante, a gritos y empujones, obligan a los soldados a marchar un kilómetro atrás. Los soldados intentan de nuevo avanzar pero la determinación infantil y femenina se los impide. No sólo eso, sino que los echan para atrás otros dos kilómetros.
Frente a frente, niños y mujeres desarmados enfrentan a los soldados que incursionan en sus pueblos. Es la imagen de un ejército de ocupación que enfrenta a la población civil que lo rechaza.
Esta historia se repite por toda la geografía indígena de las comunidades rebeldes. La ofensiva político-militar del gobierno se ha centrado en contra de los pueblos que son bases de apoyo zapatistas. El objetivo es romper el vínculo entre la población civil y los combatientes del EZLN, vencer la resistencia de los pueblos.
Así fue el 9 de enero en el Ejido Morelia cuando 170 soldados avanzaron en nueve vehículos hacia la entrada del poblado. Los niños que jugaban sobre la brecha que viene de la cabecera municipal se dieron cuenta y colocaron piedras en el camino para detener su marcha. Un grupo de ellos corrió al centro de Morelia para tocar la campana.
Ese fue el llamado de alerta. A los niños se sumaron 60 mujeres.
A unos centímetros de los fusiles, los niños revolotean frenta a las tropas del Ejército federal. Así fue el Día de Reyes para los niños del municipio 17 de Noviembre, con soldados y blindados.
``Desde el primero de enero no hemos ido a recoger leña, ni frijol, ni maíz, ni café. Todo se está pudriendo. Los hombres no pueden ir a trabajar a la milpa'' dice Rosa, tzeltal, madre de tres niños. ``Los soldados quieren entrar para entrenarse más adentro y nos dijeron que van a entrar porque van a entrar. ''