Masiosare, domingo 25 de enero de 1998

El 6 de abril de 1997, por el camino de terracería, aparecieron 50 vehículos verdes: Hummers, tanquetas, jeeps, con más de 300 efectivos a bordo. Mientras los helicópteros sobrevolaban la comunidad nahua de San Miguel de Ahuelican, municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, los soldados irrumpieron en las casas buscando armas. Reunieron a hombres, mujeres y niños en la cancha de cemento, seis hombres fueron detenidos y torturados. A Abelino Tapia Morales, de 70 años, lo colgaron de una peña con la amenaza de arrojarlo al desfiladero si no hablaba.

Hace 26 años fue sometido de igual manera El Quemado, en la Sierra de Atoyac. Entonces, los militares que perseguían a la guerrilla de Lucio Cabañas arrasaron la localidad. Concentraron a todos sus habitantes en la cancha y se llevaron a 84 hombres. Tres murieron en la tortura, seis fueron desaparecidos y 20 permanecieron encarcelados cuatro años.

A tres décadas de la militarización de Guerrero bajo el método político militar de guerra de baja intensidad (GBI) -mismo que funciona en Chiapas desde 1995-, ha sido casi ininterrumpida la actuación de diversas guerrillas en el estado, el cual sigue encabezando la lista de la marginación y también la de violaciones graves a los derechos humanos.

14 campañas 14

En Guerrero, la historia y el presente parecen fluir en círculo. Cuando Lucio Cabañas entró al clandestinaje en mayo de 1967, y un año después lo hizo Genaro Vázquez, 14 campañas militares trataron de aniquilarlos. Baloy Mayo, en su libro La guerrilla de Genaro y Lucio, las documentó ampliamente: en la primera, 1967, se hicieron rondines "pacíficos", principalmente en la sierra de Atoyac, pretextando acciones "humanitarias" de carácter médico o deportivo para ganarse la confianza de los pobladores. Pero en la segunda, 1968 y 1969, se recurrió a los grupos paramilitares, integrados por guardias blancas de los caciques, y los soldados incursionaron violentamente en las poblaciones serranas, escribiendo los primeros nombres de la mayor lista de desaparecidos políticos en el país.

Durante la tercera, 1970, el Ejército fue reforzado desde el aire por naves de las policías militar y federal. La cuarta incluyó medidas políticas: hubo "campañas de sanidad", pusieron tiendas Conasupo en todas partes, abaratando o regalando sus productos, abrieron una sucursal del Instituto Mexicano del Café para tener una relación directa con el combativo sector de los cafetaleros , y dieron "cursos de orientación política" a los comisariados ejidales y municipales de la sierra para detectar simpatizantes o militantes de los grupos armados. El resto de las campañas se concentró en operaciones militares.

Durante el año siguiente, 1971, Baloy Mayo registró la instalación de 15 partidas militares adicionales y de 24 mil efectivos: la tercera parte del Ejército Mexicano. A pesar de semejante despliegue, la existencia del Partido de los Pobres (PDLP) de Lucio Cabañas y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez -como ocurriría en 1995 con el Ejército Popular Revolucionario (EPR)- fue negada por el secretario de la Defensa en turno.

Luego de la muerte de Genaro Vázquez, en febrero de 1972, la lucha contrainsurgente se centró en Lucio Cabañas. En el verano de ese año, el PDLP realizó dos emboscadas y dio a conocer su ideario.

La militarización en los municipios de Atoyac, Coyuca y Acapulco se recrudeció. Cinco batallones reforzados por 10 mil policías peinaron la zona e hicieron detenciones masivas, incluidos los familiares de Lucio Cabañas. Su madre, Gervasia Barrientos, quien murió recientemente, fue internada en el Campo Militar Número Uno por dos años. El 28 de septiembre de 1972, un comunicado del PDLP, publicado en el periódico El Machete, denunció los excesos del Ejército contra la población civil de 32 comunidades: "Torturan, golpean, capan, queman, ahogan y matan a hombres, mujeres, niños y ancianos".

Un hecho desató la peor represión conocida en la historia de México: el secuestro del senador Rubén Figueroa Figueroa por parte del PDLP en mayo de 1974. Una semana antes del plagio, la Secretaría del Patrimonio Nacional anunció en la prensa que se habían invertido más de mil 161 millones de pesos, gran parte en Guerrero, para realizar obras públicas y duplicar la red carretera.

Ese año, 173 personas fueron desaparecidas, la mayoría por militares, principalmente en la Sierra de Atoyac y La Montaña. El gobierno justificaba la presencia del Ejército en el estado para salvaguardar la ejecución de su proyecto social mientras facilitaba el movimiento y la permanencia de tropas en las zonas marginadas. A fines de 1974 Figueroa fue rescatado, el cerco se estrechó y mataron a Lucio Cabañas. Figueroa fue elegido gobernador. Al finalizar su administración era responsable de un centenar más de desapariciones. Para 1981, la cifra del Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos Desaparecidos y Exiliados Políticos de México sería de 330.

El Ejército mejoró sus tácticas contrainsurgentes y Guerrero fue el laboratorio para ponerlas en práctica. Algunos de sus más connotados miembros habían sido adiestrados en Estados Unidos. De 1962 a 1977, 37 oficiales mexicanos, entre ellos el teniente José Domingo Garrido Abreu -que era jefe de la Región Militar con sede en Tapachula, Chiapas, cuando surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional-, viajaron a Fort Benning, Fort Bragg y la Escuela de las Américas. Después circularían versiones de asesoría extranjera, entre la cual habría agentes de la CIA. Se había puesto en marcha una versión de la guerra de baja intensidad, basada en una estrategia global contraguerrillera que abarca aspectos económicos y psicológicos en tres frentes: el castrense, el de la opinión pública y el civil.

Las nuevas guerrillas

A pesar de la fuerte militarización de Guerrero, otros grupos actuaron durante 1974: la prensa registró a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Frente Armado del Pueblo (FAP) -antes Vanguardia Armada Revolucionaria (VAR)- y las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL).

A tres meses de la muerte de Cabañas, media docena de sobrevivientes, algunos de su comandancia, entre ellos una mujer de sobrenombre Adela, se reunían en la ciudad de México para reconstruir el PDLP. Un año después, en 1976, contactaron a Unión del Pueblo, embrión del Partido Revolucionario Obrero Clandestino (PROCUP), con ramificaciones en Oaxaca, Guadalajara y la ciudad de México. Si bien ambas organizaciones actuaron de manera vinculada, fue hasta finales de los ochenta que se fusionaron como PROCUP-PDLP. En los siguientes años buscaron tener un "crecimiento en silencio" bajo la estrategia de guerra popular prolongada (GPP), y el 28 de junio de 1996, tras aglutinar a 12 organizaciones más, aparecieron como Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Durante el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu (1986-1992) y hasta el inicio de la gestión de Rubén Figueroa hijo (1992-1993), los altos mandos castrenses mantuvieron en Guerrero una comunicación abierta con los periodistas e hicieron público el número de 4 mil soldados en la entidad. Sin embargo, a fines de 1993, refiere un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se registraron supuestos desembarcos clandestinos de armas en el estado, que posiblemente tendrían "como destinatario la guerrilla o el narcotráfico", lo que aumentó la militarización en la Costa Grande, Costa Chica, Tierra Caliente y La Montaña.

En 1994 la situación se agudizó con la aparición del EZLN. Abundan los casos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, tortura y asesinato contra activistas magisteriales, campesinos, indígenas y militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), bajo acusaciones de ser guerrilleros. Así ocurrió en Aguas Blancas, donde fueron asesinados 17 miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) -a la que el gobierno vincula con la guerrilla-, el 28 de junio de 1995.

Ese año las incursiones militares se multiplicaron en los poblados y se volvió secreta la cifra de efectivos en el estado. De nuevo se hicieron campañas de labor social que han sido rechazadas con temor por los habitantes de la Sierra de Atoyac, Coyuca y La Montaña, que no olvidan las experiencias de los setentas. En el primer aniversario de Aguas Blancas, en junio de 1996, apareció el EPR.

Las crecientes denuncias contra el Ejército hicieron que en junio del año pasado 46 organismos de la red Todos los Derechos para Todos enviaran a una treintena de observadores a la entidad. Y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez dio a conocer un informe sobre la presunta implicación de los militares en más de treinta casos de violaciones a los derechos humanos cometidos de julio de 1996 a junio de 1997. El reporte recogió principalmente los testimonios de pobladores del municipio de Ahuacuotzingo, donde en 1996 fueron detenidos cuatro presuntos eperristas y, meses después, los militares irrumpieron en algunos poblados, por lo que fueron acusados de aprehensiones ilegales y torturas, como la del anciano Abelino Tapia Morales.

En Guerrero actúan cuatro grupos paramilitares, tres de ellos en la sierra. Uno existe desde la época de Lucio Cabañas, el de la familia Peñaloza, en Cucuyachi, municipio de Atoyac; otro es dirigido por el judicial Epifanio Hernández Vélez; uno más por Bautista Catalán, y el último es lidereado por la familia Flores en el rumbo de Mexcaltepec, ha reportado Maribel Gutiérrez, corresponsal de La Jornada.

En diciembre de 1997 treinta habitantes de El Cucuyachi huyeron de los paramilitares y dieron a conocer la desaparición, siete meses antes, de Fredy Nava Ríos y Miguel Castro Monillo. También en diciembre del año pasado Aurelia Méndez Ramírez y Delfina Flores Aguilar, indígenas tlapanecas de Zopilotepec, municipio de Atlixtac, denunciaron haber sido violadas, delante de sus hijos, por militares. El Ejército intimidó a la gente en El Quemado en busca de eperristas y el año nuevo arrancó con movilizaciones militares en la Sierra de Atoyac y en La Montaña.

Hoy reaparecen algunos protagonistas del pasado. El actual comandante de la Novena Región Militar, que abarca Guerrero, Luis Humberto López Portillo Leal, era mayor en tiempos de Lucio Cabañas; el general Alfredo Oropeza García, ubicado en la 27 Zona Militar del estado, era entonces capitán, y el general Enrique Cervantes Aguirre, actual secretario de la Defensa Nacional, era jefe del Estado Mayor de la 35 Zona Militar.

El círculo no se cierra en Guerrero y parece ser expansivo. Según informes periodísticos, desde 1995 se han registrado, además del EPR, otros grupos armados: las Fuerzas Armadas por la Revolución Mexicana (FAR), el Ejército de Ajusticiamiento Genaro Vázquez Rojas, Justicia de Guerrero (JG), el Frente Armado para la Liberación de los Pueblos Marginados de Guerrero (FARLPMG) y el Ejército Popular Insurgente Revolucionario (EPIR).

El 6 de enero pasado un nuevo grupo armado, el Ejército Justiciero del Pueblo Indefenso (EJPI), reivindicó el ataque a un cuartel de la Policía Judicial del Estado en Tlapa, ocurrido tres días antes, como represalia por la masacre en Acteal, Chiapas. En los últimos días el Frente de Organizaciones Democráticas de La Montaña denunció que en Tlapa se realizan cateos ilegales en domicilios de maestros por parte de militares y policías del estado, así como vuelos rasantes de helicópteros, en busca de presuntos militantes del EJPI.