En el caso de la osamenta, la PGJDF sembró pruebas: Lozano

Juan Manuel Venegas Ť Con las pruebas documentales que ``acreditan'' omisiones y fabricación de declaraciones por parte de la Procuraduría del Distrito Federal en su escritorio, Antonio Lozano Gracia asegura tajante: las acusaciones penales contra sus ex colaboradores y públicas sobre él mismo, ``tienen un cariz político y ningún fundamento jurídico''.

Pregunta el ex procurador de la República: ``¿Fue mera negligencia, o de plano traían línea (en la procuraduría capitalina)? Eso tiene que revisarse profundamente y proceder conforme a derecho en contra de quien resulte responsable''.

Pero por lo pronto Lozano tiene su primera respuesta a la mano: la procuraduría capitalina incurrió en la fabricación de pruebas, no actuó de manera clara y los resultados que el ex procurador José Antonio González Fernández ofreció a la opinión pública ``lo único que generan son confusión''.

No hay titubeos en la afirmación del que fuera el primer militante opositor (Acción Nacional) incrustado en un gabinete presidencial y exige a los responsables de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, reabrir el expediente de la osamenta de El Encanto:

``Es un hecho que la osamenta no pertenece al consuegro de La Paca (Joaquín Rodríguez Ruiz); que los resultados ofrecidos fueron armados de manera irregular; se fabricaron declaraciones e informes, y se cometieron una serie de violaciones procesales'' durante las primeras pesquisas que tuvo a su cargo José Antonio González Fernández.

Lozano Gracia expone las pruebas que refuerzan su dicho: existe un video, ya ofrecido como prueba, en el que a través de sobreposición de imágenes se observan coincidencias entre el cráneo hallado en El Encanto y el rostro de Muñoz Rocha; al agente Walter Oscar Alegría Pérez le fue falsificada su firma y lo hicieron pasar como el responsable de la investigación con la que se determinó que los restos de la finca de Cuajimalpa eran de Rodríguez Ruiz.

El mismo Alegría Pérez declaró el 6 de diciembre pasado que ``nada tuvo que ver con las pesquisas'' y cuando le fue mostrado el informe que supuestamente él integró a la averiguación previa DGSP/009/97-01, desconoció la firma que aparecía sobre su nombre.

Asimismo, en las conclusiones que González Fernández dio a conocer en enero de 1997 (hace exactamente un año) se omitieron los primeros resultados respecto al tiempo que la osamenta estuvo enterrada en la finca de Raúl Salinas de Gortari y que señalaban un periodo de entre 18 y 24 meses. La procuraduría capitalina resolvió que la osamenta tenía apenas cinco días en El Encanto.

``Cuando queda demostrado ante un juez que una persona (Alegría Pérez) que se dijo había prácticamente esclarecido el caso, y resulta que no tenía el más mínimo conocimiento de la investigación y que su firma fue falsificada, según su propio dicho, pues entonces no quedan más que dos caminos:

``Uno, que las resoluciones de los procesos en contra de mis ex compañeros se resuelva con justicia, y dos, que se haga una revisión profunda de estos casos, porque siento que hay elementos de sobra para rectificar y revisar las actuaciones y proceder conforme a derecho'', valora el secretario general del CEN del PAN con licencia.

Insiste: habrá que reabrir el caso ``y esa es una labor que tienen que hacer las actuales autoridades'' de la procuraduría capitalina y determinar si sus antecesores incurrieron en negligencias o por qué actuaron como lo hicieron''.

Flagrante violación al derecho de amparo

Cuando empezó el proceso contra mis ex colaboradores en la PGR, hace un año ``yo manifesté que existían violaciones procesales que se cometieron en contra de José Cortés Osorio (ex coordinador de investigaciones del caso Ruiz Massieu); que había claras irregularidades, que fueron denunciadas incluso, por organismos de derechos humanos y advertí que no se estaba actuando con imparcialidad''.

También, recuerda, ``hicimos notar que el juez 16 en materia del fuero común (Enrique Gallegos Garcilazo) violó, de manera flagrante, el amparo de José Cortés y le negó su libertad sin que hubiese fundamentación alguna'', tal y como indican las resoluciones que han emitido tribunales colegiados.

Y si desde hace un año, ``por todas esas irregularidades yo consideré que este asunto no tenía fundamento jurídico y que tenía un cariz político, pues ahora, las pruebas que han ido apareciendo arrojan datos relevantes que demuestran de manera contundente que no estamos hablando de un acusación fundada, que todo esto tiene un cariz político y que no hay fundamento jurídico''.

-Con las pruebas, pareciera que ahora son ustedes víctimas de los mismos hechos que se les imputó como la siembra de pruebas, omisiones, fabricación de declaraciones...

--Yo he tratado de mantener una actitud seria y responsable y ante una acusación que se ventiló de manera profusa, había que responder actuando conforme a derecho. Yo manifesté desde el principio que mi defensa iba a ser jurídica y así ha sido hasta ahora.

En relación con sus ex colaboradores, dice que lo que ``se armó en su contra carece totalmente de sustento y si bien la siembra de El Encanto cobró carta de naturalidad en el lenguaje de los medios y en la opinión pública, pues ahora me parece que es un caso que tiene que revisarse profundamente''.

-Más allá de que esa osamenta corresponda o no a Manuel Muñoz Rocha o a Joaquín, de acuerdo con las pruebas que usted tiene, esos restos estaban en El Encanto y tenían varios meses de estar enterrados ahí...

-Este es un asunto muy importante. Los primeros dictámenes que nosotros tuvimos y en los que participaron diversas instancias nacionales, indicaban que se trataba de un cuerpo enterrado ahí desde hacía 18 o 24 meses; sin embargo, según la procuraduría, en su informe final, dijo que fue enterrado el 4 de octubre de 1996 y encontrada el día 9 del mismo mes, o sea cinco días después. Eso es algo que otros tienen que responder.

``Nadie entiende de qué estamos hablando''

Respecto a las previsiones que se tomaron mientras él estuvo al frente de la PGR, advierte que ``todas fueron del conocimiento de la opinión pública y si acudimos a instancias nacionales y extranjeras, fue con la intención de llegar a la verdad. Cuando yo salí, estaban en trámite. Nuestra intención era determinar de quién era la osamenta y cuáles habían sido las causas de la muerte''.

Si se determinaba que los restos no eran de Muñoz Rocha, lo importante entonces era avanzar ``para averiguar de quién eran, y como no se hizo, pues ahora estamos ante una situación no concluida y muy poco clara, a la que se suma una situación que ahora sabemos es falsa y que genera una confusión que a final de cuentas ya nadie entiende de qué estamos hablando''.

-¿Qué marco o contexto le da usted a esta confusión? ¿Se trató de un mero apresuramiento, de negligencia o, de algún modo, de una venganza política?

-Me parece que esta tiene que ser labor de las autoridades actuales. Nosotros simplemente señalamos hechos que son comprobables, que están en constancias, en averiguaciones y en pruebas procesales. En este caso, las conclusiones no agotan el procedimiento, sino que lo inician y además contradicen evidente y contundentemente la acusación. Que las autoridades retomen estos datos, que son objetivos y lo demás, pues tiene que ser cabalmente explicado por quienes tuvieron la responsabilidad de la investigación.