Ahora los priístas piden periodo extraordinario sobre derechos indios

Mireya Cuéllar y Ciro Pérez Silva Ť El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados se manifestó ayer por convocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir una iniciativa de ley sobre cultura y derechos indígenas, ``compatibles con la norma jurídica'', es decir, con las modificaciones que el Ejecutivo propone al documento elaborado por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) a partir de los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

La nueva posición de la bancada priísta, que en todas las sesiones de la Comisión Permanente se ha negado a que se realice este periodo extraordinario, fue dada a conocer por el legislador mexiquense Eduardo Bernal, quien especificó que ``hay tres o cuatro artículos del documento de la Cocopa que no es posible trasladar al texto constitucional, porque se violaría el principio de unidad nacional''.

En conferencia de prensa, el diputado priísta reiteró ``la coincidencia y respaldo total'' de su grupo parlamentario a la posición expresada el pasado viernes por el presidente Ernesto Zedillo en torno a Chiapas, que incluye ``el rechazo a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones'', y a ``las mentiras y verdades a medias con que actores interesados --que Bernal ubicó en el PRD-- pretenden confundir a la opinión pública, buscando beneficios electorales''.

Sobre este punto, Bernal cuestionó al PRD ``por utilizar la sangre de los indígenas para obtener ventajas políticas, por buscar que otros países se involucren en asuntos internos y por encabezar marchas que presuntamente demandan bienestar para las comunidades en Chiapas, y las usan para gritar consignas y enarbolar pancartas que con su contenido atentan contra las instituciones y el Presidente de la República''.

Descalificó también la actitud asumida por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, al participar en esas marchas, pues, dijo, ``al formar parte de ellas se convierte en jefe de su partido y no actúa como gobernante'', luego de aseverar que ``ningún gobernante debe ser jefe de su partido''. En el caso del PRI, subrayó, el líder del partido no es el presidente de la República, sino Mariano Palacios Alcocer.

Advirtió que no debe confundirse la ``tolerancia y prudencia'' que ha mostrado el presidente Zedillo con ``debilidad'', y dijo que todos los actores políticos deben participar en la búsqueda de una paz digna y justa para Chiapas.

Bernal dio lectura a un documento firmado por el coordinador de su bancada en la Cámara de Diputado, Arturo Núñez Jiménez, en el que se manifiestan por la construcción de ``una nueva relación'' entre los pueblos indígenas, la sociedad mexicana y el Estado, la cual ``atienda y remedie las condiciones de pobreza, explotación y marginación política y social de los pueblos indígenas''.

Que ``elimine cualquier forma de discriminación y respete y acepte la visión del mundo, forma de vida y desarrollo de los pueblos indígenas''.

En otro apartado del texto se manifiestan por la libre determinación de los pueblos indígenas, pero dentro de un marco constitucional que garantice la unidad de la nación; por los cambios jurídicos y legislativos necesarios para ampliar la participación y la representación política de los pueblos indígenas, tanto a nivel nacional como local.

Finalmente, el diputado Bernal consideró que este no es momento de buscar culpables por el atraso y marginación de los indígenas de Chiapas, sino de encontrar respuestas que los saquen del atraso. ``Para saber quiénes son los culpables ten- dríamos que irnos muy atrás en el tiempo; por eso, la búsqueda de culpables vendrá después''.

Elio Henríquez, corresponsal, Chenalhó, Chis., 24 de enero Ť Las autoridades priístas de Chenalhó acordaron convocar a un diálogo a los simpatizantes zapatistas de ese municipio, para ``detener la violencia que ha afectado a miles de hermanos indígenas de los dos grupos'', informó el secretario municipal, Antonio Pérez Arias.

Dijo que en este momento, con la intervención del gobierno federal y del Ejército Mexicano, la situación en las comunidades de Chenalhó es ``de completa calma'', aunque destacó que para que las cosas vuelvan a su normalidad se necesita ``con urgencia'' la reconciliación, a fin de que los desplazados de ambos bandos puedan regresar a sus hogares.

Para que todos puedan volver a trabajar como antes, y se alcance la reconciliación que ``demanda la mayoría el pueblo'', abundó el secretario municipal priísta, los agentes rurales y el ayuntamiento han propuesto ponerse de acuerdo con los habitantes zapatistas de Polhó para continuar el diálogo interrumpido a mediados de diciembre pasado o buscar otra estrategia para comenzar las pláticas.

Luego de informar que por parte de los priístas aún hay 4 mil 600 desplazados que ``han recibido poca ayuda'', Antonio Pérez Arias expuso que la petición que ellos han hecho al gobierno es que la ayuda humanitaria sea entregada a todos los afectados, sean del Revolucionario Institucional o simpatizantes de los zapatistas.

Al mismo tiempo dio a conocer que el próximo martes se reunirán los representantes priístas de las 62 comunidades de Chenalhó para que se les informe sobre el avance del cambio del ayuntamiento que preside Antonio Pérez Ruiz, quien fue destituido el domingo pasado, porque ``no sabe leer ni escribir y no domina la lengua española''.

-Los habitantes de Polhó dicen que todavía hay grupos paramilitares en las comunidades priístas -se le comentó y respondió:

-Desde que vino el Ejército Mexicano ya no se escucha si hay gente armada en Chenalhó.

Por otra parte, trascendió que alrededor de 150 priístas de la comunidad La Esperanza, del municipio de Chenalhó, abandonaron este mediodía sus viviendas, luego que presuntos zapatistas ``secuestra- ron'' a un militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo nombre no fue proporcionado.

Según la información, que no pudo ser confirmada con ninguna autoridad, los aproximadamente 150 priístas se refugiaron en el monte por temor a ser agredidos, toda vez que solicitaron la intervención de la policía de Seguridad Pública estatal, pero ésta se negó a acudir al llamado.