Deschiapanizar la reforma del Estado, ¿misión de Labastida?
Ciro Pérez Silva y Mireya Cuéllar Ť ¿A qué va Francisco Labastida a la Cámara de Diputados?
Sin que se haya hecho pública aún la estrategia de negociación para Chiapas, el secretario de Gobernación podría llegar este lunes a San Lázaro con una propuesta bajo el brazo para reactivar la reforma del Estado que le permita ``deschiapanizar'' el debate nacional.
Los temas por discutir, acordados por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con la que se reunirá en sesión ``de trabajo'', se lo permite: cambios en la política interior, seguridad pública, reforma del Estado y Chiapas.
Desempolvar la vieja agenda con los Compromisos para el Acuerdo Político Nacional -firmados en enero del 95 por todos los partidos en un rimbombante acto en Los Pinos-, considerados entonces ``punto de partida'' para la reforma democrática del Estado, podría ser vía para abrir las puertas del Congreso.
Con la encomienda de apagar el fuego que produjo la matanza de Acteal, Labastida Ochoa se convirtió el 3 de enero en el tercer secretario de Gobernación del zedillismo. Simultáneamente al anuncio de que habría una nueva estrategia para Chiapas, en su discurso de toma de posesión se refirió a la reforma del Estado como una de las prioridades gubernamentales ``que permita complementar la nueva estructura política que más satisfaga a los mexicanos''.
Esos dos temas -Chiapas y la reforma del Estado- fueron el sello de su discurso cotidiano durante dos semanas. Hasta el pasado miércoles, Labastida salió a los pasillos de la dependencia todos los días para hablar con los reporteros. Como con Chuayffet, no había que correr por pasillos y sótanos en busca de unas palabras.
Pero el secretario va a toparse con una oposición que repite un concepto casi como consigna: la reforma del Estado pasa por Chiapas. Habrá qué ver cuánto pueden hacer los priístas con su tesis de que ningún asunto coyuntural debe detener esa reforma.
Francisco Labastida deberá empezar a tejer hoy una nueva relación entre poderes en el mismo lugar donde Emilio Chuayffet confirmó su fracaso como interlocutor: San Lázaro.
Ahí, el 9 de septiembre de 1996. cuando Chuayffet compareció para glosar el informe, la oposición le echó en cara sus maniobras para evitar la instalación del Poder Legislativo. Y lo vetó como canal de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Muchas propuestas y pocas reformas
En diciembre de 1994 Ernesto Zedillo inauguró una nueva relación con el Poder Legislativo. Cinco días después de su toma de posesión regresó a San Lázaro para comer con los legisladores. Ahí ofreció un gran diálogo nacional ``sin temas prohibidos''. Un día después, el 7 de diciembre, fue con las senadores. Pero no duró mucho.
Los buenos propósitos sólo alcanzaron para firmar el 17 de enero del 95 los Compromisos para el Acuerdo Político Nacional.
Los firmantes acordaron promover el inicio del diálogo nacional no sólo para lograr una reforma político-electoral, sino revisar el sistema judicial, el equilibrio de poderes, el federalismo, la apertura democrática...
Se dio la reproducción de las mesas. Reuniones entre dirigentes de partidos, organizaciones ciudadanas (la mesa del Castillo de Chapultepec), discusiones en Bucareli y al final lo único que se concretó fue una incompleta reforma electoral, que no todos los partidos apoyaron.
A la par, el ambiente en el país se complicó: el error de diciembre, los conflictos poselectorales, la suspensión del diálogo en Chiapas y la salida de Esteban Moctezuma (el primer secretario de Gobernación de este sexenio) dieron al traste con los buenos propósitos y la reforma del Estado se dejó para mejor momento.
Congreso vs Chuayffet
Sin un proyecto concreto, la deteriorada relación del Ejecutivo con el Congreso terminó de ajarse. Los resultados electorales del 6 de julio crearon una situación inédita. El PRI logró sólo 239 curules y no el mínimo de 251 para tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, un órgano integrado por 500 miembros.
Los primeros días de agosto los coordinadores de los grupos parlamentarios opositores conversaban en privado y generaban opinión pública en torno a la nueva realidad. ``Nosotros tenemos que jugar como mayoría absoluta para que el PRI no juegue como mayoría relativa'', decía Muñoz Ledo, en los primeros días de agosto.
Los priístas no daban muestras públicas de incorporarse a la discusión. Por debajo de la mesa trabajaban su lista de 20 opositores susceptibles de ser cooptados, además de apostar a las ``irreconciliables'' diferencias entre PAN y PRD. Todo desde Gobernación, acusó el bloque opositor.
De una reunión convocada por Santiago Creel, los coordinadores de PAN, PRD, PT y PVEM salieron con un inesperado acuerdo, el de Esopo. Haciendo valer su mayoría como bloque, desaparecieron la histórica Gran Comisión y desplazaron al PRI del control del órgano de gobierno de la Cámara; modificaron el formato del informe presidencial y anunciaron que si el PRI rehusaba la negociación, irían a Los Pinos.
Uno de los compromisos fue no sostener reuniones bilaterales con el PRI o el gobierno para evitar ``tentaciones''.
El PRI no está ``tullido ni manco'', respondió Arturo Núñez. Los llamó ``sobreexcitados'' (por el triunfo del 6 de julio) y auguró que habría negociaciones, ``pero no al son que nos toquen''. Desde el Senado, Genovevo Figueroa -cuyo liderazgo nació en la Secretaría de Gobernación- amenazó con no asistir a la sesión del Congreso General, donde el Presidente rendiría su informe. La pretensión era intimidar: habría crisis constitucional.
Prevista para el sábado 30 de agosto, la oposición instaló -con el desconcierto del PRI- la 57 Legislatura. El último día de agosto fue largo para los priístas. A las 17 horas llegaron a San Lázaro para su instalación de la Cámara, convocada por Píndaro Urióstegui y orquestada en Gobernación, reprocharían después los partidos a Chuayffet. Nunca lograron el quórum y debieron tragar el sapo más grande en su historia política: reconocer la legitimidad de la instalación y mesa directiva opositora. Ya no eran mayoría.