Hace días, un grupo de jóvenes miembros o simpatizantes del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), tomó las instalaciones de dos emisoras radiofónicas con el propósito de difundir mensajes relacionados con los trágicos acontecimientos en Chiapas. Considerada por varios analistas como error político, la toma dio pie a los empresarios agrupados en la Asociación de Radiodifusores del Valle de México (ARVM), a mayores y más críticas posiciones adversas al Ejército Zapatista y al gobierno de la capital y su partido, las que aún se extienden hasta ahora como juicios de valor contenidos puntualmente en sus diversas programaciones.

De modo muy simplista se ha venido afirmando por parte de algunos políticos, politólogos, periodistas y no pocos intelectuales, que en la radio se vive hoy una apertura política que califican de democrática, plural, tolerante y quién sabe cuántas linduras más. Falso. La radio aún es un poderoso dique empeñado en contener todo avance social hacia cualquier otra situación política nacional que ponga en riesgo el favorable estado de cosas que tanto ha beneficiado a esa industria. Todavía en la radio comercial privada la disputa es por el rating y no por necesidades sociales; la distorsión informativa, el ocultamiento y las verdades a medias continúan siendo materia prima de la noticia; calumnia, difamación y consigna son aún signos de identidad de comentaristas y conductores de noticiarios, mientras la real y concreta voz ciudadana permanece ausente.

El enorme poder económico y político que por casi 80 años han acumulado estos empresarios, siempre con la complicidad gubernamental, les impide entender a la nación más allá de sus intereses y conveniencias. Para ellos el ciudadano es el objeto que con su atención legitima sus ambiciones mercantiles frente a los anunciantes y no reconocen en la sociedad más derechos que los que le da su condición pasiva de consumidora.

Hay en el valle de México 58 emisoras regulares, 33 en AM y 25 en FM. De éstas, 49 son comerciales privadas; 41 pertenecen a sólo cinco familias; los Aguirre poseen 14 emisoras; los Azcárraga, 11; los Ibarra, seis; los Salas, cinco, y los Vargas, cinco. Esta última, es la usufructuaria de las estaciones tomadas: Pulsar FM 90.5 y Radio Activo 98.5 FM. Las cinco emisoras de los Vargas, que no son todas las que tienen, porque poseen más en todo el país, generan utilidades cuantiosísimas para sus dueños, con ventas anuales de más de mil 500 millones de pesos. Como toda empresa de su tipo, MVS Radio está obligada a pagar el impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervienen empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación, contenido en el artículo noveno de la Ley que Establece, Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968. Absurdamente, la Secretaría de Hacienda mantiene vigente una disposición presidencial, de junio de 1969, que configura para las empresas radiodifusoras nacionales un estado de excepción tributaria que no existe en ninguna otra actividad productiva nacional: el 12.5 por ciento del tiempo diario de transmisión como pago en especie.

Si a MVS Radio se le obligara pagar en efectivo dicho impuesto, como marca la ley, el fisco cobraría anualmente 386 millones 764 mil 800 pesos. Ese monto representa más del doble del presupuesto anual de la Universidad Autónoma de Chiapas. Si a todas las emisoras agrupadas en la ARVM se les cobrara de la misma manera, el gobierno federal contaría anualmente con 5 mil 218 millones, 650 mil pesos (Fuente: Tarifas y Datos de Medios Audiovisuales de la editorial Medios Publicitarios Mexicanos, 3er. Trimestre de 1996); esto es igual al presupuesto anual de la UNAM. Un cálculo conservador aplicado a toda la industria nacional de radio y televisión concesionada, tomando en cuenta que en los ejemplos anteriores sólo se considera a la radio del valle de México, arrojaría una cantidad cercana a lo que el fisco dejará de obtener por la baja internacional de los precios del petróleo.

Si a esto se suma que el impuesto referido --aun en la forma acordada por Díaz Ordaz en 1969-- en estricto rigor tampoco se paga, porque esa disposición fiscal observa una rentabilidad social que no cumplen los radiodifusores, pues los mensajes del Estado los programan en la madrugada para no afectar sus intereses económicos, resulta que esta industria es una de las mayores defraudadoras del fisco, y eso lo hacen todos los días, pues esa forma de pago no acumula ni causa ningún tipo de interés, como sí ocurre en cualquier otra actividad productiva, en donde existen sanciones para los evasores, incluso la privación de la libertad. Muchas estaciones, incluidas las de MVS Radio, cubren este impuesto programando medias horas de música continua sin comerciales ``por cortesía de RTC'' (Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación).

La toma de emisoras puede ser un error político, y de hecho lo es, por lo cual propicia la reacción punitiva de un grupo industrial que siempre ha actuado como parte del arsenal político del grupo en el poder. Pero, la verdad, es que la reforma de Estado tiene que desintegrar esta práctica monopólica carente de valores éticos, nacionalistas y democráticos, y devolverle al ciudadano el derecho de expresión que los industriales de la radiodifusión privada nacional le han conculcado durante 80 años. Porque muy poco sirve que unas cuantas voces de notables intelectuales se manifiesten, mientras a la sabia y mayoritaria voz ciudadana se le mantenga silenciosa sólo por la interesada disposición de unos cuantos que explotan bienes de la nación concesionados.