Desesperadas medidas en la UAQ para salir de la crisis

Claudia Herrera Beltrán, enviada, y Manuel Enríquez, corresponsal /I, Querétaro, Qro. Ť La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) recurre a medidas desesperadas de ahorro para aminorar su crisis financiera. Se enfrenta a un déficit de 110 millones de pesos, que equivale a casi la mitad de su presupuesto; a las presiones de autoridades educativas y del gobierno panista estatal para que baje el costo de sus prestaciones, y a la amenaza de un conflicto laboral.

Tras los despidos a principio de año de siete académicos y 145 administrativos, de los cuales 102 ya fueron reinstalados, los líderes del SUPAUAQ y del STEUAQ, Roberto Cíntora Almanza y Armando Aguila García, manifiestan su rechazo y analizan la posibilidad de entablar demandas laborales y realizar movilizaciones de protesta.

Esta semana se prevé que el clima de tensión aumente en la UAQ, porque el Consejo Universitario discutirá una serie de medidas propuestas por una comisión de ese órgano. Entre ellas, se menciona incrementar la carga de trabajo de los académicos de tiempo completo, limitar la contratación de profesores de tiempo libre (que trabajan pocas horas), reorganización del trabajo y el despido de 14 veladores y 17 vigilantes.

Acusadas de mantener un contrato colectivo oneroso, una administración ineficiente y bajo sospecha de los diputados panistas de que podría existir corrupción, las autoridades de la UAQ, en voz del rector Alfredo Zepeda Garrido, se defienden y atribuyen la crisis económica a un subsidio federal bajo que en 1997 ascendió a más de 230 millones de pesos, el cual ``pone en riesgo la autonomía universitaria'' y revela una valoración ``injusta'' de la importancia de la educación superior.

Aunque la universidad está endeudada y con necesidades apremiantes, para 1998 la Federación y el estado prevén aplicar un subsidio similar al del año pasado, cuando la institución solicitó 328 millones de pesos. De 238 millones de pesos otorgados inicialmente, 158 provienen del gobierno federal y 76 millones de pesos del estado. Según el presidente de la Comisión de Hacienda de la Legislatura estatal, el priísta Emilio Maccise, el aumento sería de 17 por ciento en relación con el presupuesto inicial de 1997, pero de tres a cinco puntos porcentuales respecto de los recursos totales otorgados el año pasado.

Desde 1994, cuando el actual rector dio a conocer públicamente las dificultades económicas que enfrentaba la institución, el faltante de la UAQ se ha incrementado en más de 500 por ciento. A la fecha arrastra un déficit de 110 millones de pesos, de los cuales más de 38 millones corresponden a 1997.

Esta situación provocó que en diciembre pasado la institución estuviera a punto de no pagar los aguinaldos y que tenga cuentas pendientes (calculadas en 22 millones de pesos) con el IMSS, la Caja de Ahorros del sindicato académico, la Secretaría de Hacienda, Bancrecer, proveedores y hasta 1997 pasado con la Comisión Estatal del Agua.

Por lo pronto, para 1998 la Universidad se ha propuesto un ``severo'' plan de ahorro que implica ahorrar 16.8 millones de pesos. Pretende disminuir 400 horas laborales que equivaldrían a un millón y medio de pesos, eliminar 190 puestos eventuales y 30 trabajadores de confianza. Además, compacta, fusiona y desaparece algunas áreas y puestos administrativos.

Con una matrícula de más de 13 mil estudiantes, la UAQ es la institucion de educación superior más grande del estado y con mayor tradición entre otras tres públicas y cuatro privadas. Inició sus actividades en 1951 y ocho años después le fue concedida la autonomía. Ha sido blanco de críticas por parte de las autoridades educativas porque su máxima autoridad de gobierno es el Consejo Universitario, que se encarga de elegir al rector.

De los cuestionamientos a la rectoría por no haber logrado sacar de la crisis financiera a la universidad y que han llevado al gobernador Ignacio Loyola a no dar recursos extraordinarios, el rector admite que a nivel administrativo aún hay puntos que corregir, pero asegura que se ha racionalizado el gasto y se han tomado medidas poco populares como el despido de empleados y el incremento de las cuotas de colegiatura hasta los niveles más altos entre las universidades públicas.

Una decena de universidades estatales, con insuficientes subsidios

Zepeda Garrido dice que la UAQ es tan sólo una muestra de lo que enfrentan una decena de universidades públicas estatales que reciben subsidios insuficientes. Explica que la Secretaría de Educación Pública (SEP) destina un presupuesto bajo a la universidad, pues no reconoce la mitad de las prestaciones que esa casa de estudios otorga a sus trabajadores ni toma en cuenta en sus previsiones económicas los gastos del campus de San Juan del Río ni de nuevas carreras.

El subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP, Daniel Reséndiz, atribuye el conflicto económico de la universidad a su forma de jubilación llamada dinámica, la cual permite que los trabajadores académicos y administrativos se retiren con 100 por ciento de su último salario al cumplir 29 años de servicio. El funcionario inclusive ha señalado a los trabajadores como un sector ``privilegiado'' que se aprovecha de las ventajas de un contrato colectivo favorable.

Zepeda Garrido y las dos organizaciones gremiales titulares del contrato colectivo, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UAQ (STEUAQ) y el Sindicato Unico del Personal Académico de la UAQ (SUPAUAQ), coinciden que en 1997 el gasto por concepto de jubilaciones no fue alto, pues representó unos 15 millones de pesos -equivalente a menos de 5 por ciento del presupuesto- pero prevén que en los próximos años este rubro si será una carga onerosa porque se dará un proceso de jubilación masiva.

La insistencia en que se reformen las relaciones laborales entre la UAQ y sus tres mil trabajadores académicos y administrativos fue mayor a partir de principios del año pasado, cuando se difundió un análisis actuarial que concluye que el esquema de prestaciones de la universidad es el doble de caro que el modelo promovido por la SEP y prevé que en los próximos 15 años la universidad tendrá que gastar todo su presupuesto, tan sólo para pagar a los jubilados.

Finalmente, el Consejo Universitario, integrado en 50 por ciento por alumnos, retomó parte de las recomendaciones del estudio actuarial y propuso que los trabajadores académicos y administrativos que ingresen a la universidad en el próximo ciclo escolar lo hagan en otras condiciones laborales.

Aunque el dirigente de los académicos, Roberto Cíntora, admite que en el futuro la universidad tendrá que gastar una cantidad ``enorme'' en jubilaciones, considera que no es justo dar marcha atrás a este derecho, porque asegura que las prestaciones han sido la única alternativa de los trabajadores para hacer frente a los topes salariales.

Desde los ochenta, la propia SEP impulsó prestaciones elevadas, añade Cíntora, para subsanar las diferencias entre los salarios de los trabajadores universitarios y de otros empleados de gobierno y con ello ha conseguido evitar que los sindicatos universitarios se vayan a la huelga cada año.

Para el líder de los académicos, la responsabilidad del conflicto financiero es también de las administraciones universitarias pasadas que en dos décadas no crearon un fondo de jubilaciones, como lo estipula el contrato colectivo, confiados en que durante su gestión los trabajadores no estarían en edad de jubilarse.

Las cuotas de la UAQ, en los niveles más altos

Aparte del tema de las jubilaciones, los líderes sindicales Cíntora y Aguila aseguran que el problema de la educación superior es más complejo que los contratos colectivos y sostienen que las autoridades educativas se han propuesto ``echarle la culpa a los trabajadores'' para evadir su responsabilidad en el aumento del presupuesto a la educación.

Cíntora opina que la estrategia gubernamental para las universidades públicas consiste: ``primero, en estrangular financieramente a la institución y luego la SEP le pide una propuesta para sanear sus finanzas, que en la mayoría de los casos implica bajar el costo de los contratos''.

También el rector y la comunidad universitaria atribuyen los números rojos a un subsidio bajo. Inclusive el 25 de noviembre las autoridades universitarias, estudiantes, académicos y padres de familia se unieron en una manifestación masiva en la explanada de la rectoría en demanda de más dinero.

Dolores Cabrera, directora del sistema de Bachillerato de la UAQ y presidenta de una comisión del Consejo Universitario que analiza la crisis financiera, asegura que el financiamiento gubernamental ha crecido poco y es ``insuficiente'' para asegurar la manutención de la universidad.

En tanto, el rector Zepeda Garrido dice que en este tiempo la institución ``no se ha quedado cruzada de brazos''. En cuatro años bajó 30 por ciento sus gastos de operación y duplicó el monto de los ingresos propios mediante el aumento de las colegiaturas y la creación de empresas propias. Así, en 1997 consiguió por su cuenta 36 millones de pesos, cantidad que representa 13 por ciento de su presupuesto.

Como un paliativo ante la falta de recursos, la UAQ ha subido sus cuotas de colegiatura hasta los niveles más elevados entre las 34 universidades públicas del país: 5 mil pesos para estudiantes foráneos, 3 mil en el caso de los egresados de preparatorias privadas y cerca de 2 mil pesos para alumnos provenientes de escuelas públicas. La meta es que para el año 2000 cada alumno aporte a las arcas universitarias un promedio de 3 mil 500 pesos.

Además del ahorro que esa casa de estudios ha hecho en el uso de gasolina, papel, energía eléctrica y servicio telefónico, ha incursionado como empresaria con una gasolinería y ha colaborado con compañías locales en la prestación de servicios.

No obstante, el rector advierte que las medidas de saneamiento financiero tienen un límite, ``porque lo más sencillo sería adelgazar la plantilla del personal académico y cerrar carreras, pero sería una forma simplista de igualar ingresos y egresos''.