Reconoce el PRD importante rectificación en la política oficial; "ahora, hechos"

Víctor Ballinas Ť El Consejo Nacional del PRD convocó ayer a sus militantes, simpatizantes, a las organizaciones democráticas y a la sociedad en su conjunto a continuar con las movilizaciones en favor de la paz con dignidad en Chiapas, el restablecimiento del orden constitucional y garantías para la realización de elecciones libres para gobernador, Congreso local y presidencias municipales, y por la defensa de la nación.

Mario Saucedo, presidente del Consejo Nacional, y el diputado Gilberto López y Rivas, subrayaron en conferencia de prensa que el PRD toma nota del compromiso presidencial de rechazar terminantemente el uso presente o futuro de la fuerza armada para resolver el conflicto, ``y esperamos hechos concretos''.

A su vez, en entrevista, el presidente nacional de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ``en la propuesta del gobierno hay una rectificación importante, porque ya llevaba tiempo apostando al desgaste y pensando que iban a resolver el problema con la política de la fuerza''.

En los hechos, agregó, ahora falta que haga una propuesta distinta a la que ha sostenido, en donde se recoja el planteamiento de la Cocopa, que el Ejército regrese a los cuarteles y se llegue a fondo en las investigaciones sobre Acteal.

López y Rivas, por su parte, al dar lectura a la resolución política del III Consejo Nacional dijo que a la declaración del presidente Zedillo deben seguir acciones de gobierno concretas encaminadas a lograr un clima de distensión que propicie la reanudación del diálogo con el EZLN.

En tanto, Mario Saucedo subrayó: ``Queremos que haya muestras claras; en cuestión de plazos, el gobierno se está tardando. Si ya reiteró su decisión de no utilizar al Ejército en Chiapas, debe iniciar su retiro de las comunidades''.

Añadió que el PRD deja muy en claro que ``si la convocatoria del PRI para el periodo extraordinario no parte del hecho de retomar la propuesta de Cocopa para la iniciativa de los derechos indígenas, no la apoyaremos''. Proponer un periodo extraordinario para presentar una iniciativa distinta a la que elaboró la Cocopa, ``nos parece que no es abonar el camino para sentarse al diálogo; una propuesta distinta sería rechazada por el EZLN, por ello desde ahora decimos que no la apoyaremos'', advirtió el perredista.

Tales acciones, remarcó, serían el retiro del Ejército y los retenes. ``Que las fuerzas armadas cesen las funciones que sólo competen a la autoridad civil y se limiten a aquellas exclusivas de la disciplina militar, como lo dispone el artículo 129 constitucional'', pidió.

A su vez, el pleno del III Consejo Nacional exigió al gobierno que ``el Ejército federal no se involucre en un mayor grado en una guerra de contrainsurgencia que puede provocar nuevos actos de genocidio y que sólo puede estar basada en el etnocidio. Las fuerzas armadas deben cumplir un papel positivo en la transición democrática y evitar ser utilizadas como una fuerza represiva contra el pueblo''.

López y Rivas ennumeró el plan de acción del PRD, que consta de tres puntos:

--El próximo 9 de febrero será necesario recordar la ofensiva militar de 1995, exigiendo la desmilitarización de Chiapas y el fin de la participación del Ejército en actividades fuera de la Constitución. Convocamos a todo el pueblo de México, y a otros pueblos del mundo, a realizar una jornada nacional e internacional por la paz con justicia y democracia. A las 16 horas se guardará un minuto de silencio para recordar a los muertos y exigir que no haya ni uno más.

--Se convoca a los comités estatales y municipales del partido a continuar y extender las tareas de acopio para apoyar a los desplazados, a difundir entre el conjunto de la población la situación en Chiapas y a buscar la más amplia confluencia de fuerzas.

--Convencer a través de los medios de comunicación y de todos los espacios académicos, sociales y políticos, desarrollando un debate nacional e internacional para explicar el contenido de los acuerdos de San Andrés y de la iniciativa de la Cocopa.

Otro planteamiento de la resolución política es que la PGR desmantele y desarme a los grupos paramilitares que operan en Chiapas y lleve a juicio a sus integrantes. ``Se debe investigar y castigar a quienes organizaron, armaron y adiestraron a estos grupos. El gobierno deberá garantizar que la existencia y funcionamiento de estos paramilitares, íntimamente relacionados con una estrategia de guerra de contrainsurgencia, cesen de inmediato''.