ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Para Jaime Avilés, sin más que un abrazo

Francisco Labastida Ochoa debería revisar el archivo de su oficina antes de anunciar presuntos descubrimientos políticos.

De esa manera (recurriendo a la memoria, si no histórica cuando menos burocrática), el secretario de Gobernación se evitaría tropiezos y enredos.

Como los de ayer, cuando invocó una presunta ``segunda iniciativa'' de reformas legales sobre derechos indígenas que habría redactado la Cocopa, y con cuya turbia exhumación la parte gubernamental pretende distraer del grave anuncio de su decisión tajante expresada también ayer de incumplir los acuerdos de San Andrés.

La citada ``segunda iniciativa'', que en realidad se denominó ``propuesta ajustada'', fue retirada formalmente por su creadora, la Cocopa, el 10 de enero de 1997, a las 3 de la tarde con 21 minutos.

Desde entonces, la única iniciativa vigente y real es la que elaboraron en su oportunidad los miembros de la Cocopa. Es decir, la primera iniciativa es primera y única, aunque ahora Labastida Ochoa y sus asesores pretendan asestar un golpe de presunta audacia al hablar de un segundo documento.

La historia de una falsa ``segunda iniciativa''

En diciembre de 1996, luego de pedir un plazo de quince días para estudiar la iniciativa de reformas redactada por la Cocopa (por acuerdo de ambas partes y con los acuerdos de San Andrés como concepto rector), la Presidencia de la República presentó no ``observaciones'', como se suponía, sino una ``propuesta'' distinta, que en esencia rompía el ritmo de las negociaciones y establecía un incumplimiento real de lo acordado

Amparados en el concepto de la ``técnica jurídica'', los hombres de la Secretaría de Gobernación (entonces encabezada por Emilio Chuayffet) llegaron a tal situación de entrampamiento que la Cocopa (con la reticencia de varios de sus integrantes), exploró el camino de una ``propuesta ajustada'' de la primera iniciativa.

Si el problema eran la redacción y algunos aspectos jurídicos, la Cocopa haría un esfuerzo para presentar a la consideración del gobierno un texto más suscribible. Esa ``propuesta ajustada'' estaba por debajo de lo que los zapatistas proponían pero también por encima de lo que el gobierno ofrecía.

Esa ``propuesta ajustada'', llamada ahora ``segunda iniciativa'', fue hecha del conocimiento del secretario Chuayffet, quien la condenó al mismo cesto de la basura que la primera, al considerar que aun siendo un poco mejor que la inicial contenía igualmente propuestas inaceptables para la parte gubernamental.

Reunidos, los integrantes de la Cocopa decidieron retirar la ``propuesta ajustada'', lo cual hicieron del conocimiento del titular de la SG mediante una carta firmada por el senador priísta Oscar López Velarde Vega, presidente en turno de la citada Cocopa. Algunos de los integrantes de esa comisión creyeron encontrar en la actitud de Gobernación un inaceptable intento de entrar a una especie de regateo político, en el que se negociara la supresión de algunas cláusulas a cambio de otras.

Durante una reunión de miembros de la Cocopa realizada en aquella primera quincena de enero de 1997, se mencionó la decepción que les habría provocado la postura de la Secretaría de Gobernación frente al esfuerzo conciliador hecho con la ``propuesta ajustada''.

También se comentó el hecho de que ninguno de los constitucionalistas y especialistas consultados para la redacción de los textos (original y ajustado) de la Cocopa (que habrían sido, entre otros, según esa plática, Sergio García Ramírez, Ramón Cosío, Juventino Castro, Santiago Creel y Jaime Cárdenas) hubiese hablado de la balcanización que luego se convirtió en el argumento favorito (todavía vigente) de Gobernación y Los Pinos.

Conviene precisar que esa ``segunda iniciativa'' o ``propuesta ajustada'' nunca fue presentada al subcomandante Marcos y que desde entonces, y hasta la fecha, la única propuesta vigente y reconocida por todas las partes es la primera (la única).

Así que, en realidad, lo de la ``segunda iniciativa'' podría ser, simple y sencillamente, un problema de falta de memoria burocrática, o de incomunicación del secretario con sus auxiliares, o ganas (y proyecto) de enredar y confundir.

¡Ojo, mucho ojo!

Como habría dicho el ahora prócer de Dublín: no se hagan bolas.

Primero: Por primera vez el gobierno federal ha expresado, de una manera clara y tajante, su voluntad plena de incumplir los acuerdos que había firmado en San Andrés Larráinzar.

Segundo: Habiendo al fin declarado con formalidad su determinación de retractarse de su firma estampada, el gobierno propone que se restablezca el diálogo con los zapatistas sobre bases y formatos totalmente diferentes.

Tercero: En ese replanteamiento de los acuerdos de San Andrés que el gobierno pretende imponer unilateralmente a los zapatistas, ha surgido un presunto as bajo la manga que consiste en una supuesta segunda iniciativa de ley que habría redactado la Cocopa.

Cuarto y último: El incumplimiento de los acuerdos originales, la imposición de condiciones unilaterales para un nuevo diálogo y el asomo de la presunta segunda iniciativa de la Cocopa son pruebas claras y contundentes de que la algarada publicitaria y declarativa del gobierno y su nueva estrategia para Chiapas no son sino la misma actitud adornada con espejitos y cuentas falsas.

Paréntesis de posiciones presidencial y partidistas

(Sin embargo, no debe dejarse de lado, en ese mar de ambigüedades en el que navega el barco gubernamental, el anuncio hecho en Gobernación de que ninguna iniciativa de ley sobre el tema indígena será presentada sin el consentimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

(Ese anuncio aleja la tentación de trasladar la responsabilidad operativa --que no política, mucho menos histórica-- de los acuerdos de San Andrés Larráinzar a la instancia legislativa, de tal manera que el Presidente de la República pudiese decir que teniendo voluntad favorable para estos acuerdos, la realidad partidista les hubiese desechado en los vericuetos parlamentarios.

(No debe perderse de vista, de manera especial, el hecho de que el PAN está buscando vías que le permitan justificar su voto en contra de lo acordado en San Andrés, y que la historia de la ``segunda iniciativa'' ha sido difundida especialmente para que los panistas puedan tener un cierto asidero para su inminente actitud contraria a tales acuerdos.

(Otro elemento distorsionador es la mención de Heberto Castillo como uno de los promotores de esa ``segunda iniciativa'', según dijo ayer el secretario Labastida Ochoa.)

Fax: 5 12 65 46 Correo electrónico: [email protected]