La Jornada martes 27 de enero de 1998

Alberto Aziz Nassif
El Presidente, el general, el secretario y el coordinador

Cada día que pasa sin que haya un cambio en la solución del conflicto de Chiapas, es un día que se pierde y se abona en favor de que otra masacre vuelva a arrastrar a los indígenas de esa región mexicana. Cada día que se pierde para la paz no queda en el vacío, sino que se gana para la guerra. En este juego trágico hay estrategias que mantienen a Chiapas como una zona minada e impiden construir la paz.

La estrategia gubernamental ha tenido en los últimos tres años de todo: variaciones, golpes, discursos pacifistas, acciones de militarización, incumplimientos de acuerdos, errores, ineficiencias, menos una voluntad pacificadora. ¿Cómo es posible que después de un mes de la tragedia de Acteal el gobierno aún se encuentre ``meditando'' su estrategia? En ese tiempo se gastó parte del capital político que se logró con los cambios en el equipo de Gobernación y del gobernador interino de Chiapas. A pesar de que la Procuraduría General de la República está investigando y de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya rindió un informe sobre responsabilidades de la matanza, en el estado de Chiapas no ha cambiado nada.

En estos días una serie de declaraciones gubernamentales han generado un clima que complica más el asunto: el presidente Zedillo afirma en Nayarit que está en desacuerdo con los acuerdos de San Andrés, luego lanza tesis contrarias a ellos, y el pasado 23 de enero divulga un nuevo paradigma en Kanasín, Yucatán, sobre lo que está de acuerdo el gobierno y lo que rechaza, pero no hay acciones concretas; en estos días el general Cervantes, secretario de la Defensa Nacional, dice que el Ejército en Chiapas va a desarmar a todos los grupos y a los zapatistas, y que permanecerá en Chiapas todo el tiempo necesario, con lo cual rompe la legalidad y viola abiertamente la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas; el secretario de Gobernación se dedica a formar a su nuevo equipo, emite spots radiofónicos en un viejo estilo político, se equivoca en las apreciaciones iniciales del conflicto y retrasa la estrategia, sin que hasta la fecha se sepa qué va a hacer el gobierno; el gobernador interino tarda más en llegar a su tierra, que en pedir a Gobernación auxilio para enfrentar el desastre chiapaneco; el coordinador del diálogo hace apuestas que se salen de contexto, apunta hacia una legalidad que no existe, enfatiza más su perfil de jurista que de negociador.

Con este cuadro interno, que permite pocos márgenes para el optimismo, el gobierno mexicano se defiende frente a las condenas del exterior --únicas frente a las cuales es sensible--, las del Parlamento Europeo, con el fin de bajarle de nuevo el perfil al conflicto y mientras la estrategia dura de militarización y grupos paramilitares sigue adelante.

En la otra parte, también han pasado cosas importantes, pero no han logrado la eficacia suficiente para arrancar de nuevo una negociación. La sociedad civil ha estado muy activa, se ha incrementado sustancialmente la sensibilización la conflicto, la marcha del 12 de enero fue gigantesca y muy plural. Las comisiones de pacificación han caminado para llegar a una estrategia compartida; así, el 23 de enero las comisiones de Concordia y Pacificación (Cocopa) y Nacional de Intermediación (Conai) emitieron un documento muy valioso que establece en sus justos términos la importancia del conflicto, apunta los núcleos vitales para empezar a resolver los problemas de Chiapas y establece la agenda y la ruta a seguir.

Las dos comisiones representan esa parte del país que empuja una estrategia de paz en Chiapas, es decir: concreción de los acuerdos de San Andrés Larráinzar; vigencia del marco jurídico de la Ley para el Diálogo; reducción de la presencia militar en la zona del conflicto; desarmar a los grupos paramilitares; acelerar las investigaciones sobre la matanza de Acteal; atender a los desplazados; indemnizar a las familias de las víctimas; liberar a los presos zapatistas; generar mecanismos de conciliación, y reactivar la Comisión de Seguimiento y Verificación.

En pocas palabras, se trata de impulsar una nueva estrategia de paz que pueda subordinar la dinámica militar, que hoy existe en la zona, a una lógica política que vuelva a sentar a las partes a negociar sobre las razones centrales del problema. La forma de romper la inercia en la que ha entrado la guerra de Chiapas es mediante un cambio de actitud gubernamental, dado que hasta hoy no ha mostrado voluntad pacificadora en serio; se necesita hacer un esfuerzo nacional para romper la parálisis que ronda una situación muy grave y explosiva.

El gobierno de Zedillo puede mantenerse en su afán de endurecimiento y discursos pacifistas, lo cual es una apuesta fallida que se va a revertir en contra de lo único que lo apasiona: el actual proyecto económico, y de eso será responsable dentro y fuera del país.