Ofrece retirar 23 de las 27 objeciones a la iniciativa de Cocopa

Mireya Cuéllar Ť El gobierno federal hizo ayer un compromiso: No habrá ni iniciativas unilaterales ni proyectos que no sean consensados con el EZLN para dar salida al conflicto en Chiapas. Fijo dos vías para reiniciar el diálogo y ofreció que para ello está dispuesto a retirar 23 de sus 27 objeciones a la iniciativa de la Cocopa en materia de derechos y cultura indígenas que ha estado en el centro de la polémica desde hace más de un año.

Las dos rutas delineadas ayer por el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, serían: rediscutir, para consensar, los cuatro aspectos que para el gobierno son inaceptables en la redacción de dicha iniciativa, todos relacionados con la autonomía de los pueblos indios, o retomar un segundo texto, también elaborado por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que nunca fue hecho público y que tampoco se le hizo llegar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

De acuerdo con Labastida Ochoa, a la parte gubernamental le parece que ese segundo documento ``supera con mucho el primero''.

En cuanto a las observaciones, a lo que el secretario llama el ``primer texto'' de la Cocopa (la iniciativa pública), sólo mencionó que no define con exactitud el ``territorio'' de una región autónoma y sí, en cambio, establece que el mismo será sujeto de explotación colectiva.

Pero se sabe que las otras observaciones giran alrededor del uso del término ``sistemas normativos'', para referirse a la regulación y solución de los conflictos comunitarios internos, la posibilidad de que los pueblos indígenas puedan ``asociarse'' y el estatuto de entidades de derecho público que les otorga la iniciativa de los legisladores.

Se reanudó el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo

De esta manera, en la reunión de trabajo que tuvo ayer el secretario de Gobernación, Francisco Labastida, con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados --que marcó la reanudación del diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo--, puso en blanco y negro la postura gubernamental sobre Chiapas.

El Presidente de la República no va a suscribir, tal y como está redactada actualmente, la iniciativa elaborada por la Cocopa --que da forma jurídica a los acuerdos de San Andrés Larráinzar-- porque contiene una serie de ``inexactitudes y vaguedades... inconvenientes jurídicos de tal magnitud, que no pueden hacer que el jefe del Ejecutivo lo suscriba'', dijo el secretario con todas sus letras.

Al vestíbulo del Palacio Legislativo de San Lázaro, Labastida Ochoa llegó con un as bajo el brazo: proponer a los zapatistas discutir un ``segundo texto'' de la iniciativa de derechos y cultura indígenas que elaboró la Cocopa, ``porque supera con mucho el primero y... cualquiera de las dos vías, el primero o el segundo texto, a nosotros nos parecen aceptables''.

A lo largo de la sesión de trabajo los diputados perredistas insistieron al secretario que no existió un ``segundo texto'', sin embargo, éste respondió que el extinto senador Heberto Castillo lo firmó.

Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido de la Revolución Democrática, exigió que les hiciera llegar ese proyecto ``para saber de qué estamos hablando'', y Jesús Martín del Campo, en su oportunidad, le reprochó al funcionario que acudiera al testimonio de un legislador muerto, ``porque no creemos que se haya llevado a la tumba secreto alguno ni que haya que acudir a ella para que podamos tener el documento del que usted habla''.

(Por la noche, el ex miembro de la Cocopa, Juan Guerra, explicó que en diciembre de 1996, cuando el gobierno rechazó la iniciativa que habían elaborado, ``desesperados porque la situación iba a reventar'', hicieron un ``ejercicio interno'' donde recogían las observaciones del gobierno, pero que cuando se lo presentaron a Emilio Chuayffet y Arturo Núñez, ellos respondieron que ese texto podría ser tan sólo ``base de negociación''. Frustrado el intento de acercar posiciones, los miembros de la Cocopa optaron por retirar ese documento --el 10 de enero de 1997-- y ni siquiera llegaron a enviarlo al EZLN).

La sesión de trabajo entre Labastida Ochoa y legisladores fue muy larga, pero desde el principio le hicieron saber, en voz del panista Santiago Creel, que debía tener claro que el ``buen funcionamiento de la República'' tiene como condición necesaria un diálogo político respetuoso entre ambos poderes.

No fue Creel el único que recibió a Labastida con advertencias. De entrada, Porfirio Muñoz Ledo expresó que si no hay una solución satisfactoria al problema chiapaneco, difícilmente se encontrará el espíritu de consenso que haga posible otros cambios (por aquello de revivir la mesa central para la reforma del Estado).

Pero además, de esa solución ``depende, entre otras cosas, su continuidad en el cargo, señor secretario''. (Este comentario le ganó los abucheos del sector priísta).

El coordinador de los diputados perredistas reprochó a Labastida el tono usado por el presidente Zedillo en su discurso de Yucatán, porque no sólo ``inventa fantasmas sino que les atribuye pretensiones''.

Dice por ejemplo --retomó Muñoz Ledo el discurso presidencial--, que no podría su gobierno aceptar interpretaciones de los acuerdos de San Andrés Larráinzar que ``atenten contra la soberanía, la unidad nacional, que pongan en riesgo garantías individuales, libertades públicas... Yo lo invito a que nos diga en qué textos y en qué proyectos se han urdido tales despropósitos en contra de la República''.

En ese tono, recordó que ``no es tiempo de darle forma a los acuerdos de San Andrés, porque ya la tienen. Es tiempo de que aprobemos ese texto'', en referencia a la iniciativa de la Cocopa.

Enseguida, el coordinador priísta, Arturo Núñez Jiménez, replicó a Muñoz Ledo que la reforma política del Estado no puede ni ser vista como patrimonio exclusivo de una fuerza en particular ni ser condicionada a la satisfacción de exigencias ``coyunturales''.

Labastida Ochoa abrió su comparecencia con una exposición amplia sobre todos los temas de la agenda acordada; para el caso de Chiapas, dijo que la nueva estrategia gubernamental para atender el conflicto chiapaneco está basada en distender, con palabras y hechos, la situación de encono; colaboración de todos para que llegue la ayuda humanitaria a los desplazados; acelerar la atención de las demandas sociales, y realizar de forma participativa los programas sociales.

Si bien el secretario no se refirió originalmente a la situación del Ejército, diría después --al responder las machaconas preguntas del diputado panista Francisco José Paoli Bolio-- que éste podrá retirarse ``en etapas subsecuentes'', en la medida en que el clima de distensión avance y existan menos armas en la región.

Enseguida, el funcionario se enfrascó en una discusión con legisladores perredistas sobre el rechazo a la ayuda humanitaria por parte de las comunidades --Pablo Gómez Alvarez le enumeró los grupos que han adoptado esa actitud-- y sobre la injerencia de extranjeros en el conflicto, luego de que el PRD defendiera su derecho a dejar clara su postura sobre el particular. Pese a las peticiones de que diera nombres, el secretario Labastida se limitó a decir que ``por pintas'' han detectado a extranjeros que participan políticamente en Chiapas.