Propone cuatro temas para el debate con los legisladores

Ciro Pérez Silva Ť El secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, convocó a la Cámara de Diputados a reinstalar ``cuanto antes'' la mesa central de la reforma del Estado para construir la nueva estructura política del país y propuso cuatro temas para iniciar el debate: régimen político, seguridad y justicia, nuevo federalismo y extensión de derechos y participación ciudadana.

La convocatoria, dijo, es ``políticamente incluyente y de amplio espectro social'' que pretende el consenso, pero no como motivo ``para retardar las decisiones que la sociedad y el país nos están exigiendo''.

Labastida Ochoa hizo también un llamado a ``superar la tentación'' de convertir la nueva correlación de fuerzas partidistas, surgida de las elecciones del 6 de julio, ``en generadora de conflicto'' entre las instituciones del Estado. ``Dejemos de lado ataques infundados, diatribas estridentes, acusaciones tremendistas. Hagamos entre todos que la seriedad y el respeto caractericen a las actividades políticas'', demandó el funcionario.

Pero esta nueva propuesta de transición política hacia la democracia que puso en la mesa el gobierno federal, avalada en todos sus términos por la bancada priísta, fue recibida con reserva por los grupos parlamentarios de oposición.

``Las expectativas sobre su desempeño como secretario de Gobernación se enfocan en las tareas que usted debe emprender para resolver las graves omisiones de su antecesor; tendrá usted que remontar los saldos negativos que pesan en el ánimo del país y se presentan como obstáculo para el diálogo nacional'', aseveró el coordinador de la fracción parlamentaria panista, Carlos Medina Plascencia.

El tema de la reforma del Estado fue el último abordado ayer por el funcionario en su discurso inaugural de la sesión de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en San Lázaro. En ella destacó los avances en este ámbito como la reforma al Poder Judicial, el nuevo federalismo, la reforma del Distrito Federal y la electoral de 1996, que trajo consigo una nueva pluralidad política.

Luego de la convocatoria a reiniciar el debate, puso a consideración de los legisladores la premisa de mantener la República con un régimen presidencial, pero hacer de la Presidencia ``una institución democrática, acotada por las leyes, responsable ante la sociedad y respetuosa de los otros poderes y órdenes de gobierno''.

Al hacer uso de la palabra, Carlos Medina Plascencia de entrada dijo que ``se reforma lo que está fuera de forma, lo que no funciona'' y, en este sentido, dijo, ``el Estado mexicano ha fracasado en alcanzar los fines fundamentales de seguridad, justicia social, democracia y bien común''.

Y de la misma forma en que el funcionario destacó los avances y propuso los temas, el panista subrayó lo que a su juicio debe cambiar: ``el presidencialismo aberrante y centralizador; el partido oficial imbricado con el gobierno; las viejas prácticas que se sustentan en la impunidad, que es ostentosa en México; los aparatos gubernamentales encargados de procurar y administrar justicia, y la inmensa distancia entre lo que las normas prescriben y lo que en la realidad acontece''.

Seguridad pública

Labastida Ochoa anunció que la estrategia del Consejo Nacional de Seguridad Pública va a ser modificada para darle integralidad y concentrar la atención en el programa nacional respectivo, luego de señalar que ``la seguridad pública tiene tanta fuerza como tenga debilidad uno de sus eslabones''.

Reconoció el alto grado de impunidad prevaleciente, la corrupción, la deficiente persecución de los delincuentes, la insuficiencia de resultados en la procuración e impartición de justicia, la equívoca interpretación y aplicación de la ley que han generado desconfianza en las autoridades y en los cuerpos policiacos, hecho que, además, inhibe las denuncias.

El titular de Gobernación destacó que ante ese problema, este año se destinarán más de 2 mil 700 millones de pesos, cifra que contrasta con los mil millones de pesos invertidos para este propósito entre 1985 y 1995. Las tareas más inmediatas son: capacitar a los cuerpos policiacos, a los agentes del Ministerio Público, y si las judicaturas lo estiman conveniente, se establecerían programas de capacitación y escuelas para mejorar la impartición de justicia en cada uno de los estados.

``Es, pues, un programa integral que trata de poner énfasis en los puntos más débiles en la cadena de seguridad que en cada estado existe'', dijo. Adelantó que se realiza una evaluación ``para detectar esos puntos débiles y focalizar la atención del programa para dar resultados lo más rápido posible''.