Después de que las primeras pláticas de paz de San Andrés concluyeron con un acuerdo firmado por las partes, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), en cumplimiento del papel que le da la ley y estando integrada por legisladores, hizo lo que debía hacer: elaboró un proyecto de modificaciones constitucionales, encaminadas a reconocer la existencia legal, la autonomía y los derechos a los pueblos indios.

El proyecto, ciertamente, es un reflejo fiel de lo acordado en San Andrés y en él intervinieron diputados y senadores de todos los partidos, aun cuando es evidente que no contaron con un buen corrector de estilo.

Como los integrantes de la Cocopa son diputados y senadores, hubieran podido presentar, todos o cualquiera de ellos, su proyecto a cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Unión para su dictaminación, posterior estudio y presentación al pleno; ahí, en un país ideal y en una situación de normalidad, los integrantes del Poder Legislativo, en cumplimiento de sus atribuciones, lo hubieran aprobado, rechazado o modificado.

Pero vivimos en la excepción permanente y los legisladores requirieron del visto bueno de las partes en conflicto y de los demás actores y factores de lo que sucede en Chiapas. El EZLN manifestó su opinión favorable, la Conai también, y grupos diversos, más o menos organizados pero metidos en el huracán de pláticas, arreglos, traslado de ayuda y desplazados, y tantas otras acciones, también expresaron puntos de vista favorables.

Sólo el gobierno presentó observaciones que, en su conjunto, son en realidad una contrapropuesta y con ello rompió un proceso que iba, hasta entonces, bastante bien encaminado.

Los objeciones presidenciales hicieron las veces de un veto anticipado; de nada valdría presentar al Congreso un proyecto que de antemano se sabía no contaría con voto favorable de los diputados y senadores del PRI, alineados con su dirigente natural.

A partir de entonces, y ya va más de un año, la discusión está trabada; sin embargo, por algunas opiniones de legisladores y dirigentes del PAN se ha entendido que ellos no verían con malos ojos un proyecto diferente al que avalaron sus representantes en Cocopa y corrió la versión de una segunda versión del proyecto de Cocopa, con lo que podría pensarse en una acción del gobierno, ciertamente unilateral aun contando con el apoyo del PAN y de juristas digamos ``ortodoxos'', consistente en la presentación de un proyecto alternativo que saldría por mayoría saltando así, sólo en la forma, el veto presidencial, pero en realidad, pasando la responsabilidad del Ejecutivo al Legislativo...

Pero no parece que ése vaya a ser el desenlace, dado que ayer, en su comparecencia ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el secretario de Gobernación comprometió al gobierno a no presentar una propuesta sin consensar previamente con el EZLN.

Esta es una buena noticia que confirma el optimismo expresado hace un par de días por don Samuel Ruiz. El proyecto de la Cocopa continúa siendo el único de consenso y la base para la reforma constitucional.