Rolando Cordera Campos
Voluntad y verdad en Chiapas

La voluntad de paz para Chiapas de nuevo se abrió un espacio durante el pasado fin de semana. El discurso del Presidente en Yucatán y las declaraciones de Samuel Ruiz, junto con otras expresiones políticas así permiten pensarlo.

No hay peor enemigo de esta voluntad de paz que se abre paso con tanto trabajo, que la voluntad de ``salirse con la suya''. Aunque esta voluntad provenga del campo comprometido con la justicia, la dignidad y la causa indígena, más pronto que tarde, se da la mano con la que alimentan los peores intereses locales chiapanecos: la vieja oligarquía y unos políticos locales sólo interesados en servirla y servirse.

Mucho hay que hacer para que la paz se logre. Nada se hará si no se pone la política plural, la de los partidos y otros grupos de interés cívico y religioso, al servicio de un propósito nacional que requiere de un acuerdo en lo fundamental: hacer realidad duradera la paz en Chiapas.

Es propio del pluralismo, y desde luego es legítimo, tratar de que la convicción particular, de partido, grupo o creencia, se convierta en general. Pero esta legitimidad, ante situaciones como la de Chiapas, se pierde cuando para afirmar la voluntad particular se está dispuesto a socavar un esfuerzo conjunto pero incipiente, que para desarrollarse exige la máxima decisión unitaria.

Nadie puede dejar de interpretar, en particular las propuestas y los discursos que provienen del Estado. Pero querer que la interpretación de cada quien se vuelva sin más una verdad revelada es minar el terreno, de por sí minado, para un diálogo nacional sin el que la paz en Chiapas es impensable. Para retomar el diálogo hay mucho que hacer en materia de precisión conceptual y en el reconocimiento de la complejidad de la cuestión chiapaneca.

Algunos ejemplos:

El EZLN y sus partidarios no son los únicos partidarios de la causa indígena, del respeto a sus derechos, cultura y bienestar efectivo. En el mismo sentido habría que decir que el estar por esta causa no tiene por qué llevar a la aceptación de una sola interpretación de la demanda autonomista.

Igualmente: el haber celebrado y apoyado la firma de los acuerdos de San Andrés no obliga a celebrar, aceptar y apoyar la traducción jurídica que de dichos acuerdos hace la Comisión de Concordia y Pacificación, se trate de la versión conocida o de la recientemente aparecida.

Su discusión y aprobación eventuales necesariamente vienen después, cuando los partidos y sus representaciones parlamentarias hayan refrescado sus memorias sobre lo que se firmó y hayan encontrado, junto con el gobierno y la Conai, por lo menos, un lenguaje y un piso comunes para empezar a hacer lo que todavía no hacen, que es dialogar.

A partir de entonces podrá venir el reencuentro con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como la comunión con los otros actores indígenas y regionales involucrados.

Faltará todavía la gran prueba del Congreso de la Unión y del constituyente permanente.

Llegaremos a ese momento con esperanzas de lograr el objetivo fundamental, si asumimos que de principio a fin esta es una ruta de discusión, deliberación y negociación, y no de acatamiento de verdades congeladas.