La aprobación de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla ha generado una gran discusión no sólo en la entidad, sino prácticamente en todo el país, dadas sus grandes implicaciones nacionales. El tema tiene como aristas aspectos de la relación entre federación, estados y municipios, pero también entre los partidos políticos, en un año en que habrá elecciones en diez entidades federativas.
Detrás de la iniciativa del gobernador Manuel Bartlett está, sin duda, el resolutivo que emergiera del Congreso de la Unión en diciembre pasado para crear la Ley de Coordinación Fiscal, mediante un arreglo poco claro entre el Partido Acción Nacional y, formalmente, el Revolucionario Institucional, en representación del interés del Ejecutivo y en particular de la Secretaría de Hacienda. Ese arreglo, que constituiría el episodio más reciente de las ya clásicas concertacesiones entre el PAN y el gobierno, se habría dado mediante el cambio del voto de ese partido en favor de la propuesta de Guillermo Ortiz, por la aprobación de la entrega de enormes recursos, con condicionantes mínimos, a los ayuntamientos gobernados por los albiazules.
Para nadie es un secreto que ese convenio causó molestias e incluso indignación a diputados y militantes priístas, pero especialmente a algunos gobernadores, entre ellos Manuel Bartlett, quienes sin embargo, siguiendo la tradicional disciplina, votaron en aquella ocasión en favor de la iniciativa hacendaria.
El mandatario poblano, sin embargo, se dispuso a enfrentar la medida, apelando -extrañamente, si consideramos la historia nacional- a un federalismo muerto en los hechos.
Es verdad que el acontecimiento forma parte del estilo y las aspiraciones superiores del ex secretario de Gobernación, pero significa también un mal ejemplo que po-drían imitar otros mandatarios estatales, preocupados por lo que se califica de ``entrega inadmisible'' del propio presidente Zedillo al Partido Acción Nacional. Es, también, la contienda entre el priísmo tradicional, arraigado en el país -con una historia más fuerte de lo que usualmente se reconoce, lleno de vicios ciertamente-, contra el grupo tecnócrata que ha dominado el gobierno por casi 15 años. Los famosos candados en el PRI también juegan un papel en esa lucha.
La parte gruesa del debate sobre la Ley Bartlett es quién tendrá la disponibilidad en el uso del erario federal este año en que habrán de elegirse gobernador, presidentes municipales y diputados locales. Pero entre los argumentos en debate está la forma en que el gobierno de Zedillo hace arreglos que le benefician a corto plazo en su visión macroeconómica, a cambio de reducir los recursos para contrarrestas la pobreza, minimizando uno de los pocos elementos que quedan de la política social del régimen.
Bartlett, por su parte, además de demostrar su interés por estar en la lucha política nacional y un afán federalista que ha adquirido desde su puesto de gobernador, no ha desaprovechado el impulso de su propia iniciativa para tratar de concentrar en manos del Ejecutivo estatal el manejo de ese dinero, con el propósito expreso de tener argumentos y recursos para la campaña de este año.