La Jornada 28 de enero de 1998

Ampliar pesquisas sobre la responsabilidad de Ruiz Ferro, plantea la CNDH

Mireya Cuéllar y Ciro Pérez Silva Ť En medio de fuertes cuestionamientos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por no advertir a tiempo sobre la situación que se vivía en Chiapas, y una vez ocurrida la masacre de Acteal ``no ir a fondo'' en las investigaciones, la presidenta del organismo, Mireille Roccatti, recomendó ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) -durante una reunión con diputados- ``ampliar sus investigaciones hasta determinar la responsabilidad en que incurrió el ex gobernador'' Julio César Ruiz Ferro.

El encuentro entre la presidenta de la CNDH y la comisión respectiva de la Cámara de Diputados fue una sesión de reproches, pues los legisladores acusaron a Roccatti de ocuparse en defender al ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet, y en su recomendación sobre el caso Acteal sólo hacer referencia a funcionarios ``menores'', entre otras cosas.

``¿Qué hará la CNDH en caso de que no se enjuicie a las personas directamente inculpadas? ¿Por qué la recomendación sólo incluyó a funcionarios menores? ¿Por qué no se va a fondo en la investigación de la masacre? ¿Por qué se protege a las autoridades de Chiapas? ¿El gobierno tendrá voluntad política para llegar a un acuerdo de paz? ¿Por qué la CNDH no recomienda al gobierno la salida del Ejército de Chiapas?'' Tales fueron algunas de las preguntas que los diputados de la Comisión de Derechos Humanos hicieron a Mireille Roccatti durante su reunión en San Lázaro, convocada para tratar el caso Acteal.

La CNDH, les respondió Roccatti, no tiene funciones de Ministerio Público o procuraduría, y tampoco pretende usurpar funciones de otras autoridades. ``Entonces, les suplico que delimitemos las funciones que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las que pudiera tener una Procuraduría de Justicia''.

También les recordó a los diputados que la CNDH no forma parte del gobierno federal. ``Desempeño mi función como una institución autónoma, aun cuando la ley no nos la ha concedido todavía, pero la función la hemos desempeñado con plena autonomía y yo no le puedo contestar lo que sí pudiera hacer alguien que estuviera en el gobierno federal''.

Sobre el Ejército en Chiapas, dijo que la CNDH está consciente de que su permanencia en las comunidades provoca inseguridad entre los habitantes. ``Los indígenas tienen miedo, no se sienten seguros, se sienten acosados, vigilados'', y por ello ha gestionado ante la séptima Región Militar el retiro de algunos campamentos.

Recomendó a los legisladores ``leer un poquito'' las recomendaciones de la comisión, y de paso señaló: ``No compete a nadie más que al Congreso legislar, inclusive los invitaría a reflexionar y a legislar para que esos acuerdos (los de San Andrés) sean realmente ley aplicable en México...'', para responder así a los múltiples cuestionamientos sobre las posibilidades de dar fin al conflicto chiapaneco.

Pidió también a los legisladores que hagan uso de sus facultades para investigar, dentro de su ámbito de responsabilidades, si existe o no alguna imputación que pudiera atribuirse a funcionaros pú'blicos de alto rango en la masacre de Acteal.

Está pendiente, apuntó, un estudio pluridisciplinario de la CNDH sobre todo el conflicto en Chiapas, y poder ofrecer una solución integral.

La reunión, efectuada en el salón Presidentes de la Cámara de Diputados, tuvo que retrasarse porque a las 10 de la mañana -hora en que debía iniciar- tan sólo estaban allí Roccatti y el presidente de la comisión legislativa, el diputado perredista Benito Mirón Lince.