Piden ONG indagar si participó el Ejército en la violencia en Chenalhó
Triunfo Elizalde Ť Debiera abrirse una línea de indagación sobre ``el posible papel del Ejército en los hechos violentos que han sucedido en Chenalhó'', dijeron anoche Joel Solomon, director de investigaciones de Human Rights Wach-Americas; Eric Olson, titular de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), y Ariel Dulizky, encargado de la Oficina de Norteamérica del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional. También hicieron notar que antes de los sucesos de Acteal la tranquilidad de la zona ``estaba a cargo de Seguridad Pública y el Ejército Mexicano''.
En su opinión, ``el esclarecimiento de tales cuestiones, así como la sanción de los responsables, es tan importante como el juzgamiento de los autores materiales de la matanza''. Hicieron notar que Jorge Madrazo, en sus informes preliminares sobre los hechos de Acteal, ``no hace ningún señalamiento al Ejército, por lo que sería recomendable abrir una línea de investigación en ese sentido''.
En ningún momento culparon a las fuerzas armadas de haber participado en el crimen colectivo de Chenalhó, pero sí abrieron la duda respecto de lo que lograron conocer durante la semana en que llevaron a cabo investigaciones en esa parte de Chiapas. Anunciaron que los resultados y conclusiones de su trabajo en torno a violaciones a derechos humanos lo darán a conocer a sus respectivos organismos centrales, y éstos habrán de publicarlos ``en breve''.
En conferencia de prensa, Solomon, Olson y Dulizky, sin atreverse a recomendar la salida del Ejército de Chiapas, señalaron que la presencia de las fuerzas armadas en torno a las comunidades indígenas provoca que la ``situación sea tensa, complicada y grave en Chenalhó'', sobre todo cuando ``la creciente presencia militar desde la matanza ha incrementado la tensión en muchas comunidades''.
Luego de decir que la situación en Chenalhó ``permanece tensa y los mecanismos para resolver esa tensión aparecen débiles'', hicieron notar que ``los conflictos multifacéticos que precedieron la masacre de Acteal continúan sin resolverse, incluyendo la demanda de justicia por los actos previos a la violencia''. También confirmaron que ``la necesidad de asistencia humanitaria permanece crítica'', por lo que ``urge mucho que la gente pueda regresar a sus lugares de origen, pero no existen condiciones para su regreso''.
Los investigadores de las tres organizaciones no gubernamentales mencionadas, que actuaron en México ``dentro del marco del derecho internacional que surge a partir de la voluntaria ratificación por parte de México de múltiples tratados de derechos humanos'', luego de reconocer que no fueron objeto de bloqueos, se refirieron a la postura del gobierno mexicano, en el sentido de que algunas ONG internacionales están tratando de dañar la imagen de México en el exterior, y recomendaron ``dar a conocer los nombres de esas agrupaciones y no hacer señalamientos generalizados''.
De común acuerdo, los tres conferencistas dejaron en claro que ``en materia de investigaciones de violaciones a derechos humanos no hay injerencia externa ni afectación de soberanías cuando la defensa de los derechos humanos es de tipo internacional''.
Dijeron que ``un elemento esencial para reducir actos de violencia rural y distender las tensiones en el estado (de Chiapas) consiste en la adopción de medidas legales apropiadas hacia los miembros de los grupos civiles armados''... dejaron en claro que el EZLN recibe un trato jurídico diferente ``de acuerdo a las propias leyes mexicanas, por lo que no nos estamos refiriendo a ellos''.
La reconciliación entre las partes civiles, agregaron, en el conflicto de Chenalhó permanece como una necesidad urgente. ``Creemos que ningún proceso de reconciliación será exitoso si no incluye mecanismos que aseguren que aquellos que se consideren afectados puedan recurrir al sistema judicial en búsqueda de una solución, independientemente de su filiación política. En este aspecto, tanto el secretario de Gobernación como el gobernador de Chiapas han reconocido esta necesidad''.
Al respecto comentaron que, ``si como se observa, pudiera darse el restablecimiento del diálogo entre el gobierno mexicano y el EZLN, sería recomendable que se considerara el retiro del Ejército de las zonas de conflicto, pero sin que estemos hablando de su salida de Chiapas. Ese no es nuestro papel''.
De si existe o no gobernabilidad en Chiapas dijeron que no les corresponde calificar esa situación, pero sí hablar de la necesidad de que el sistema de impartición de justicia sea una realidad, porque ``es claro que no hay un sistema de justicia en la actualidad''.