Cuando el temblor social llega a Nuevo León es porque ha tocado ya las profundidades de la conciencia nacional.

Sociedad relativamente aislada por los intereses del grupo financiero dominante de todo aquello que pueda afectarlos, su modo de ser es usualmente conservador. Pero desde ella parten las voces más radicales y fundamentalistas, dictadas por estos intereses que pueden verse insatisfechos o peor aún contrariados.

Luis Enrique Grajeda, el presidente del Centro Patronal de Nuevo León, consideró que es urgente resolver el problema en Chiapas, así sea sobre miles de cadáveres. Su argumento no podía estar más apegado a la moralidad de un buen padre de familia que vela por lo más sagrado sobre la tierra: las inversiones. Por las condiciones que vive Chiapas, los inversionistas se pueden alejar, dijo con vehemencia. Es cierto, propuso una alternativa: que los chiapanecos que no estén de acuerdo con Chiapas tal como está, salgan del estado.

Liliana Flores Benavides, dirigente de El Barzón en la localidad, criticó las declaraciones del representante patronal que en otras ocasiones se ha distinguido por sus llamamientos a que Nuevo León se separe de la Federación por razones fiscales. Le advirtió, ampliando el cálculo de guerra civil contenido en sus palabras, que tendrán que matar no a miles, sino a millones de indios y no indios que están con ellos para dejar a Chiapas en las condiciones deseables para los inversionistas de Grajeda.

Las declaraciones del dirigente empresarial regiomontano tuvieron lugar pocos días después de que miles de ciudadanos se movilizaron y manifestaron por las calles de Monterrey para condenar las matanzas de Acteal y Ocosingo, demandar que no queden impunes y exigir al gobierno de México cumplir con los acuerdos de Larráinzar a fin de arribar a una paz digna en Chiapas.

Incluso los intelectuales de la localidad, que suelen evadir la política, compromisos fuera de su perímetro estrictamente profesional y cuya tradición de plegamiento, bien al régimen, bien a los empresarios, es una de sus características, se reunieron para dar testimonio de su repudio a la violencia ejercida contra las comunidades indígenas chiapanecas.

En las declaraciones de Grajeda no veo un exceso verbal, sino la traducción de un estado de ánimo, el del grupo más agresivo de los empresarios del país. Y este grupo es el que alienta la militarización creciente en los territorios dominados por el EZLN.

Como ha dicho en estas páginas Horacio Labastida: lo que está en juego en Chiapas es un destino.

Estado rico como pocos, ubicado estratégicamente en nuestra frontera con Centroamérica, el proyecto transnacionalizador lo considera como un excelente parque empresarial. Desea ``adquirirlo'' para poder explotarlo sin obstáculos. Por ello es comprensible que lo quiera limpio de indios, que no entienden la lógica de la globalización, y de todos los que también se muestren rejegos a ella.

Frente a este proyecto y sus representantes estamos los millones de mexicanos que queremos otro destino para Chiapas y para México: el de la justicia, la igualdad de oportunidades, la dignidad, la libertad y la autodeterminación mediante la confrontación democrática.

¿A cuál de estos dos proyectos está respondiendo el gobierno? En sus palabras volubles, un poco a ambos; en los hechos, al expresado claramente por Grajeda.

El Ejército no está en Chiapas, como lo muestran, entre otros, los lúcidos reportajes de Hermann Bellinghausen, sino para mantener vigilados a quienes no debiera, dar cobertura a los grupos paramilitares y cerrar el cerco sobre el EZLN.

Si el gobierno no atiende con celeridad lo que la mayoría demanda, su autoridad menguada puede volatilizarse. El tiempo --ya encima-- le adelantaría lo que la historia ha empezado a construirle: una soberana lápida.