El diseño de políticas alternativas e innovadoras para actuar sobre el ambulantaje (comercio en espacios públicos), debe partir de un análisis cuidadoso del fracaso de las aplicadas en el pasado, en el marco de las características estructurales y coyunturales, económicas, sociales, políticas y culturales de este fenómeno urbano. Es preferible reconocer los límites de las acciones, que crear falsas expectativas a los diferentes sectores de la ciudadanía, incluyendo a los mismos ambulantes.

La reglamentación normativa y restrictiva ha sido ensayada en repetidas ocasiones. Por lo general, ha asumido que se trata de ``un problema'' para los comerciantes organizados, el fisco, el funcionamiento urbano y la seguridad pública, lo cual es real, pero ha ignorado que se trata de un fenómeno social generado por el desempleo masivo y la pobreza generalizada. Así, los reglamentos y decretos se convierten en fuentes de conflicto entre autoridades y ambulantes e instrumentos para la corrupción de funcionarios, y su aplicación estricta conduce a desalojos, enfrentamientos físicos y represión. No pueden tocar las causas del fenómeno, reducir su magnitud, ni ordenar una actividad cuya esencia funcional es la espontaneidad, el desorden y la informalidad.

Los desalojos y reubicaciones, que requieren del control oficial permanente, conducen normalmente a la dispersión de la actividad por otros muchos lugares y tienen sólo efecto coyuntural, que se desvanece con el tiempo. El Centro Histórico a fin de año, es el mejor ejemplo.

Para que pueda ser aplicada, la legislación debe partir de la realidad con todas sus caras, y no del ``deber ser'' abstracto, ideal o correspondiente al interés gubernamental o privado dominantes. Las plazas, mercados o corredores comerciales para ``ordenar'' a los ambulantes, de los que hay muchos ejemplos, en general poco adecuados, presentan diversos problemas:

Cambian la lógica de ubicación de los ambulantes en las zonas de afluencia masiva de compradores, por lo que son de poco interés para los vendedores; son muy costosos para la mayoría de los posibles usuarios, por lo que permanecen vacíos o los adquieren los distribuidores, los dueños de múltiples puestos o los líderes, tendiendo a convertirse en bodegas de quienes permanecen en las calles; se ubican sobre todo en las áreas centrales de la ciudad, manteniendo la concentración, y no en las colonias, delegaciones y pueblos, para desconcentrar la actividad y reducir los desplazamientos al centro de mercancías, vendedores y compradores. Además, inmediatamente después de reubicar a algunos en lugares cerrados, sus puestos en la calle son ocupados por otros o por familiares, dependientes o amigos de los reubicados. Hay que dar respuestas más innovadoras a la lógica implacable de la localización de las múltiples formas de la venta en los espacios públicos.

Los padrones de ambulantes han sido elaborados muchas veces por funcionarios públicos, líderes y organizaciones. Subregistro o inflación se repiten según los intereses de unos u otros. Los funcionarios minimizan el problema por credibilidad política o dejan lugar para el tráfico de permisos; las organizaciones o líderes inflan las cifras para tener cupo para nuevos miembros y fuerza en la negociación, o acumular lugares en las calles y reforzar su poder individual o colectivo.

Los Foros de Consulta sobre el tema (hemos participado en varios), se convierten en concursos de oratoria, suelen ser poco representativos de los actores reales, carecen de metodología para sistematizar los resultados de opiniones contradictorias y no comprometen a nadie. Los pagos al erario público, que se superponen a los que hacen a sus líderes y organizaciones y las mordidas a los funcionarios, volviéndose una dura carga para los ambulantes más pobres, cuyo difícil control conduce a la desviación, no resuelven realmente la evasión fiscal, no tienen un destino claro ligado al mejoramiento de las condiciones urbanas y sociales de la actividad, ni aportan recursos suficientes para ello.

Muchas facetas del problema no han sido abordadas hasta ahora: la corrupción de funcionarios y líderes, la ilegalidad de las cuotas, el control corporativo de las organizaciones por los partidos políticos, el despotismo en las relaciones entre los actores, las pésimas condiciones sociales y laborales de los trabajadores, su subordinación a los fayuqueros, distribuidores, comerciantes y, aún, industriales semilegales, semiformales, ``informales'' de cuello blanco, los grandes beneficiarios del negocio.

La política para el futuro debe ser integral e integradora; puede incluir algunas de las medidas del pasado, pero en un conjunto mucho más amplio, que aborde todas las aristas y, sobre todo, tenga en cuenta las causas estructurales del ambulantaje, para no correr nuevamente el riesgo del fracaso total.