Calderón: rechazará AN ``legislación de excepción'' para zonas zapatistas

Juan Manuel Venegas /II y última Ť Felipe Calderón Hinojosa adelanta lo que será la posición del Partido Acción Nacional (PAN) en torno a los acuerdos de San Andrés: ``reinterpretación y formulación jurídica'' de los textos para la adecuación al marco constitucional vigente de los conceptos de autonomía; organización política de las comunidades indígenas; derechos privativos y posesión territorial.

Acción Nacional, fija su dirigente, ``no será promotor ni impulsor de una legislación de excepción'', e insiste en que los acuerdos firmados por el gobierno y los zapatistas deben ser ``precisados, con las puntualizaciones y acotaciones que eviten un conflicto de leyes''.

En entrevista, rechaza que su partido sea comparsa del gobierno en este conflicto, pero considera que luego de la ``irresponsabilidad e incongruencia gubernamental'' cuando firmó los acuerdos, ahora toca ``poner a todos una parte'' para destrabarlo y salir del ``fango político, cada vez más profundo, donde se radicalizaron posiciones y se exacerbaron los ánimos''.

Al respecto, dice que tanto de la parte oficial como del PRD, ``que viene actuando como partido alineado al EZLN'', se mueven ``esferas políticas de influencia'' que quisieran que el PAN se inclinara ``definitiva y rotundamente'' para uno u otro lado.

``Eso no sería responsable y nuestra intervención puede ser definitiva sólo en la medida en que nos mantengamos alejados, equidistantes y equilibrados respecto al gobierno y al EZLN.

``Del gobierno ya no queremos soluciones parciales y falsas salidas; y por parte del PRD y del zapatismo esperamos disposición para que se establezcan las precisiones que eviten los conflictos que evidentemente se vislumbran con los acuerdos de San Andrés, si no los reinterpretamos jurídicamente y los adecuamos al orden constitucional'', subraya Calderón.

Formulación jurídica de los acuerdos de San Andrés

--Acción Nacional, y usted como su presidente, ha señalado la necesidad de encontrar una salida jurídica a los acuerdos sin afectar la unidad nacional y la soberanía, ¿cuál es la propuesta concreta?

--Nosotros hemos insistido en la necesidad de reencauzar algunos términos. Hemos dicho, de manera general, que deben reinterpretarse jurídicamente algunos conceptos plasmados en los acuerdos, con la intención única de preservar el orden constitucional...

Calderón hace una pausa para aclarar que la propuesta de su partido no está acabada, que la discusión interna sigue. No obstante, aborda los temas centrales que contendrá el ``pronunciamiento'' oficial del blanquiazul, y fija posiciones:

En el caso de la autonomía de los pueblos indígenas, ``para empezar habrá que precisar en qué términos la podemos expresar, porque si la autonomía, tal y como está planteada, otorga un nivel adicional de gobierno que no esté subordinado al propio orden constitucional y federal, puede generar ciertamente un problema político y jurídico muy delicado''.

Entonces, ``depende de cómo se formule jurídicamente'' este concepto, ya que además tiene una implicación directa sobre otro punto, que es el de los derechos colectivos, ``porque resulta que el estipular así la propiedad colectiva, se entiende como excluyente de otras formas de propiedad o de disfrute del patrimonio territorial y de los recursos, y esto, planteado así nada más, pues genera también problemas en los derechos de terceros''.

Para empezar, ``ahora mismo, ¿quién o quiénes son titulares y quién o quiénes no?'', se pregunta el panista, y pone como ejemplo el informe de la PGR sobre el conflicto en Chenalhó:

``Entre las conclusiones que ofrece ese informe es que las razones por las que surge el conflicto en Chenalhó es por la disputa por un banco de arena, es decir, son recursos naturales del hábitat, que serían ejercidos de manera colectiva, según los acuerdos. Y bueno, suena bien y está bien, pero sólo si se da una formulación adecuada, porque si no, ¿cómo vamos a resolver quiénes son los titulares de los derechos de esos recursos? ¿Qué pasa con las pretensiones de derecho de otros que están distanciados o enemistados de la comunidad misma, a veces por libertad y a veces por exclusión?''

No formular jurídicamente esta idea de la propiedad colectiva ``llevará a agudizar el problema incluso de los desplazados, porque llegará el momento en que de acuerdo con el uso de las tradiciones y del derecho comunitario indígena, serán excluidos aquellos que resulten afectados de sus derechos, pues obligadamente se convertirán'' en adversarios.

Otro problema --según el político michoacano-- ``es el de la disposición constitucional que establece que no debe haber leyes privativas y, precisamente, leyes privativas son las que están referidas a personas en específico, en este caso indígenas completamente y no indígenas, y entonces se presenta un problema consustancial, que es cómo determinar quiénes lo son y quiénes no lo son. Parece trivial, pero no lo es, porque también ello nos llevaría a determinar quién es titular de derechos en una comunidad indígena y quiénes no lo son''.

Otro tema que para el líder de Acción Nacional reclama ``una formulación jurídica'' tiene que ver con la organización política de las comunidades indígenas. ``En lo personal, estoy de acuerdo en que hay usos y costumbres y formas de organización que deben ser rescatados y preservados, por ejemplo, cierta costumbre plebiscitaria en la toma de decisiones, pero también es cierto que el cacicazgo es una forma de organización política tradicional, y no por ello es una forma de organización democrática ni preserva los derechos indígenas''.

Aquí, la salida que propone es ``incorporar al derecho ordinario los usos y costumbres indígenas'', lo que se podría lograr ``con la existencia de cartas municipales, que son ordenamientos redactados por las propias comunidades indígenas que habitan total o mayoritariamente un municipio, en donde transcriben sus usos y costumbres y sus formas de organización política, social y económica, y una vez formuladas son validadas por el órgano constitucional correspondiente, que en este caso debería ser el Congreso local''.

Esto llevaría a la aplicación de ``medidas complementarias, como la remunicipalización, que haga adecuable la naturaleza jurídica de las comunidades indígenas, con un ordenamiento propio (las cartas municipales) pero al mismo tiempo compatible con el ordenamiento federal, es decir, expresar la propia autonomía de los pueblos indígenas a través del respeto a la autonomía municipal''.