Deudores: impagables, 5 millones de créditos restructurados en Udi

Antonio Castellanos y Roberto González Amador Ť Los convenios de restructuración de cinco millones de créditos hipotecarios en Unidades de Inversión (Udi) son ilegales e ``impagables'' debido a que violan la Constitución y los códigos de Comercio y Civil, además de la Ley de Instituciones de Crédito, afirmaron organismos de deudores.

Jueces, abogados y despachos de cobranza extrajudiciales se han coludido con los banqueros para sembrar el terror entre los acreditados, cuyas propiedades, unas 600 mil, están en riesgo de ser embargadas. Actualmente existen más de 5 mil demandas de nulidad de crédito hipotecario contra la banca.

Frente a esta situación, que ha incrementado los saldos de la deuda hipotecaria en más de 100 por ciento de su valor original, diversas organizaciones de deudores como El Barzón metropolitano, El Barzón Unión y la Asociación Nacional de Tarjetahabientes (Antac), anunciaron para los días 4 y 5 de febrero una acción jurídica simultánea en más de cien ciudades de todo el país.

Los organismos de deudores que promueven la protesta contra los planes de restructuración de la banca aseguran que los créditos se han vuelto ``impagables'', según precisó Francisco Castro de la Cruz, presidente de la Antac y miembro del consejo directivo de la Unión El Barzón. Dijo que el valor real de la deuda en cartera vencida es de 30 centavos por cada peso de saldo del crédito.

Los informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reconocen la existencia de una cartera vencida por 110 mil millones de pesos, pero no incluyen los 340 mil millones de pesos que están en poder del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Esto haría que, a un valor de 30 centavos, la deuda real fuera de 105 mil millones de pesos.

El resto correspondería a intereses moratorios, a capitalización de intereses y, por supuesto, al incremento que han registrado las Udi en el caso de los préstamos hipotecarios que tienen asfixiada la economía familiar. Los organismos de deudores informan que en riesgo de ser embargados se encuentran residencias, departamentos, ranchos, hoteles y terrenos.

De acuerdo con la correduría Securities Auction Capital (SAC-México), la cartera vencida alcanzó un máximo histórico al cierre de diciembre de 1997. La morosidad alcanzó a 53.51 por ciento del total de los deudores que integran la cartera de crédito en todo el país. Esta firma especializada advirtió que el fenómeno puede entrar en otra etapa de incremento constante en todo el año.

Los analistas de SAC, correduría con sede en Nueva York, aseguran que en diciembre de 1996, por cada mil acreditados 490 no pagaban sus adeudos con puntualidad y, un año más tarde, en 1997, ese porcentaje se incrementó a 535 por cada mil deudores, el más alto en la historia de la estadística sobre morosidad. La firma destaca que la inercia de la morosidad no se detendrá por sí sola.

Según los expertos de esta correduría, la proporción de cartera vencida con riesgo alto y riesgo máximo de volverse incobrable representa ya 29.08 por ciento del total de los empréstitos, luego del aumento de 0.28 por ciento respecto de sus valores de un mes antes.

Violaciones a la Constitución

Castro de la Cruz precisó que los banqueros violan el artículo 27 fracción 5 de la Constitución, al pretender embargar y hacerse propietarios de los bienes raíces de deudores que no han cubierto sus préstamos. Ello, debido a que las instituciones de crédito son intermediarias del crédito y no deben ser propietarios de otros bienes distintos a los destinados a su operación.

La Ley de Instituciones de Crédito, aseguró, es violada en su artículo 112 porque, mediante de los contratos en Udi se otorgan créditos a sabiendas de que no hay una sola garantía, salvo la deuda que ya contrataron los acreditados.

Dijo que en las restructuraciones se abrieron líneas de crédito adicionales hasta por más de 600 por ciento del valor original del préstamo. De ese capital, los bancos se cobran la capitalización de intereses cuando el cliente cae en moratoria.

Castro de la Cruz explicó que los convenios en Udi son ilegales porque violan los artículos 363 del Código de Comercio y el 2397 del Código Civil en materia federal, que prohíben el pacto anticipado de capitalización de los intereses o de cualquiera de sus componentes o elementos que integran la tasa de interés.

Dijo: ``al conceder un préstamo adicional para cobrar la capitalización de intereses, dinero que nunca pasa por las manos del deudor, el banco simula que presta sin entregar el dinero, para simular que cobra sin recibir dinero. Así, la deuda ha crecido en más de cien por ciento como resultado del incremento en el valor de la Udi, que ahora está en 2.04 pesos, el doble que cuando fue lanzado el instrumento, en 1995''.

Como consecuencia, concluyó, los contratos de reconocimiento de adeudo restructurados en Udi son nulos, ilícitos y simulados. Son resultado del ``mal llamado contrato de reconocimiento de adeudo'' que impuso el banco ``bajo la violencia moral de que de no aceptarlo se afectaría el patrimonio de los acreditados. Inclusive, muchos fueron restructurados de manera automática, sin autorización del usuario''.