Axel Didriksson

(I)responsabilidad de las universidades

La matanza de indígenas inermes en Acteal, Chiapas, conmovió desde sus hondas raíces los anhelos de la sociedad mexicana, que se han venido manifestando desde 1994 por paz con democracia. Estos acontecimientos despertaron, de nuevo, la indignación y la movilización de muy importantes sectores, dentro de los cuales hay que destacar el de los investigadores y artistas que se han pronunciado de manera contundente por una solución inmediata a la problemática que se vive en aquél estado de la República.

El alcance que tuvo el primer llamamiento realizado por Gabriel Macotela y Arnoldo Kraus desde las páginas de La Jornada, alcanzó el pronunciamiento de miles de académicos y creadores, miembros y no del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), al cual se han agregado otras iniciativas, como la de René Drucker y quien escribe, de aportar parte de la mensualidad que se recibe del SNI para ayudar, con un grano minúsculo de arena, a solucionar la trágica condición de existencia de los desplazados, la mayoría mujeres, niños y ancianos de Chiapas.

Sin embargo, dentro de estas manifestaciones se ha hecho notable, abominablemente notable, el silencio adoptado por parte de las universidades de nuestro país. Se entiende que no de parte de sus sectores y algunos actores, como los investigadores, académicos y estudiantes, sino particularmente de las representaciones de las instituciones de educación superior y de las universidades públicas, de las instancias y cuerpos colegiados, de los rectores y directivos, de los consejos universitarios.

Esto es inaudito. La universidad no puede mantenerse ajena a los acontecimientos gravísimos que se viven en el país. El sentido fundamental del quehacer de la educación, particularmente de la superior, es la formación y la propagación de una cultura humanista y de paz, científica, de responsabilidad social y ciudadana. En este sentido, las universidades son el vehículo por excelencia de la nación para actuar como interlocutoras de las comunidades académicas y científicas con las sociales. Es por ello que deben contribuir al desarrollo de un proyecto nacional que articule el bienestar económico con un desarrollo humano sostenible, que revitalice la democracia participativa y el respeto a los derechos humanos.

Nuestras universidades deberían ser las primeras en emerger en la palestra nacional y manifestar su inconformidad ante el actual estado de cosas. Deberían subrayar en todo momento que son parte de una conciencia de responsabilidad colectiva y solidaria. Estas posturas implican asumir una ética institucional, y ello compete directamente con la conducción ejercida por sus órganos de gobierno interno, ya sean personales o colegiados, compuestos por representantes de sus diversos estamentos. En estas instancias debe prevalecer el sentido de ser un espacio fundamental para discernir y afirmar los intereses públicos y nacionales, y no sólo para discutir asuntos administrativos o de trámite. Unicamente desde esta perspectiva tiene sentido la idea de ``autonomía'', para defender los intereses de la sociedad y de los grupos más indefensos.

Una universidad que no se proponga generar y garantizar estos espacios de transformación, que no asuma su responsabilidad social, cultural y moral, que no entienda para lo que sirve la ciencia y la búsqueda de la verdad, que no anteponga un hasta aquí frente a la ignominia, a la represión, a la manipulación y a los asesinatos, no merece ser así llamada.