¿Una consulta fiscal democrática?
Hace apenas una semana, el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, hizo un llamado para que la Cámara de Diputados haga una consulta popular con el objetivo de que se pueda ratificar el comienzo de una reforma fiscal integral en México antes de fines de 1998. La iniciativa es provocativa, pero la pregunta clave consiste en saber cómo se piensa llevar a cabo y hasta qué punto realmente existe la intención de fijar un sistema fiscal progresivo que contribuya a una efectiva y ya muy reclamada mejora en la distribución del ingreso en el país.
Rara vez en la historia se han llevado a cabo consultas fiscales realmente profundas y democráticas, entre otros motivos porque pueden provocar auténticas crisis políticas. Recuérdese lo ocurrido en la Francia del año aciago de 1789, cuando se recolectaron los famosos cuadernos de quejas de todos los pueblos y villas que gemían bajo la monarquía absoluta. Las protestas fueron generales contra la arbitrariedad del gobierno y los privilegios fiscales de la aristocracia y el clero. El resultado del amplio descontento fue que se convocó a elecciones, abriendo paso a las reformas revolucionarias más transcendentales del mundo moderno.
A todas luces, al hacer su propuesta para una consulta fiscal popular, el secretario Gurría no tiene la intención de convertirse en un Mirabeau ni mucho menos en un Danton o un Robespierre. Sin embargo, su planteamiento es potencialmente radical. Sólo falta saber cómo se piensa poner en práctica. Y allí vienen las dudas.
Si hemos de juzgar por las tradicionales consultas que ha llevado a cabo en el pasado el Partido Revolucionario Institucional, podemos recordar que se suele reunir al vapor a grandes concentraciones de pueblo con el objetivo de tomar la foto que aparentemente convalida el apoyo a la propuesta de gobierno. Sin embargo, en esta ocasión el procedimiento probablemente será distinto, ya que toca a los diputados proponer cómo convocar a la consulta fiscal. Existen varias opciones. La más democrática consistiría en que se entregase a cada ciudadano un cuestionario con un espacio anexo para propuestas u observaciones anexas. El cuestionario podría estar compuesto de 10 a 20 preguntas claves que tendrían que determinar los diputados. La desventaja de esta propuesta es que llevaría bastante tiempo procesar la información. Otra opción consistiría en hacer una votación sobre la base de una serie de preguntas, con apoyo logístico de alguna instancia como el Instituto Federal Electoral.
Más complicado sería resolver cómo deben formularse las preguntas. Por ejemplo, una pregunta posible podría ser: ¿Deben pagar una tasa impositiva de más de 35 por ciento de sus ingresos todas aquellas personas que ganan más de 400 mil pesos al año? Es decir, ¿deben pagar las clases ricas tasas similares a las que se pagan en la mayoría de los países avanzados? Sin duda, a los diputados más conservadores les puede parecer poco elegante esta formulación, pues perjudicaría a las minorías acaudaladas de la República. Pero es igualmente cierto que para llevar a cabo políticas sociales y económicas efectivas, el gobierno -a nivel federal, estatal y municipal- necesita más recursos, no menos. Evidentemente, el secretario de Hacienda ha encendido un debate que puede ser apasionante si los diputados se atreven a iniciarlo, pero tendrá que actuar con mucha cautela ante el previsible rechazo popular a cualquier tipo de impuesto.