Rodolfo F. Peña

La Cocopa en enredos

Algunos pluralistas de reciente bautizo no hallan palabras bastantes ni lo suficientemente expresivas para glorificar valores como concertación, diálogo, negociación. Pero todo tiene su tiempo. Y esos valores no lo son por sí mismos, sino en tanto que permiten renunciar al recurso de la violencia en la solución de diferendos o controversias. Desde luego, pueden seguir glorificándose después de logrado determinado acuerdo: el precio sería el ridículo, que está al alcance de cualquier bolsillo; aunque puede suceder que la glorificación excesiva esconda una trampa para invalidar el acuerdo, así sea parcialmente.

Es lo que está sucediendo, según parece, con los ya internacionalmente famosos acuerdos de Larráinzar, que el gobierno y el EZLN se comprometieron conjuntamente a enviar a las instancias de debate y decisión nacional desde principios de l996. Así que hubo ya concertación, diálogo y negociación, se llegó a los acuerdos mencionados y la Cocopa cargó con ellos para, llegado el momento, convertirlos en iniciativa de ley.

El dar este último paso no era cuestión, en absoluto, de interpretar ni menos de alterar la sustancia de lo acordado, y no se hizo: la Cocopa, en funciones de mediación, se encargó sólo de problemas de técnica jurídica y de redacción, auxiliada por juristas reconocidos, y dio a conocer su trabajo en noviembre del mismo año. En sus observaciones del mes siguiente, el gobierno federal hizo correcciones menores, más o menos válidas, a la iniciativa del organismo de mediación, pero también supresiones y reconceptualizaciones que desconocían la sustancia de lo acordado y firmado en Larráinzar. Mientras, se aumentaban los efectivos del Ejército en Chiapas, se cerraba el cerco sobre la contraparte de los acuerdos y se armaba a grupos paramilitares (o se permitía que se armaran), con resultados tan siniestramente esplendentes como la matanza de Acteal.

En sentido estricto, la Cocopa no puede sino exigir al gobierno federal que precise sus discrepancias en relación con la sola conversión de los acuerdos ya firmados en iniciativa de ley, y corregir vicios o excesos interpretativos si los hubiere. Lo que no puede hacer es modificar asuntos de fondo, sencillamente porque ello no está en sus facultades. No obstante, después de verse en la necesidad de defender por enésima vez su iniciativa ante el ardid de que había un segundo documento del mismo carácter, la Cocopa aceptó negociar sólo la iniciativa original, según la prensa de ayer. Pero el problema no estaba en el número ordinal de la iniciativa (primera o segunda), sino en el verbo negociar. ¿Qué va a negociar la Cocopa?

Una vez conocidas las cuatro observaciones del Ejecutivo anunciadas por Labastida, lo que la Cocopa tendría que hacer, a mi juicio, es evaluarlas para establecer si desconocen o no alguno o algunos de los puntos medulares de San Andrés, si los distorsionan o disminuyen. Y si así fuera, antes que nada, tendría que hacérselo saber públicamente a quien así procede y sólo más tarde llevarlos a la consideración de la otra parte, pues con las facultades que se le conocen a ninguna puede sustituir para efectos de negociación. En este punto tendrían que contenerse los devotos de la negociación y el diálogo.

¿Y por qué es de temerse que haya desconocimiento, distorsión o disminución de los puntos de Larráinzar? Por varias razones. Entre otras, porque si no hubiera alguna forma de retractación en las mencionadas observaciones, no habría habido tampoco un silencio tan prolongado (en ese tiempo ha hablado la pólvora, y mucho ciertamente, pero sólo para imponer más silencio). Y principalmente porque el gobierno, según múltiples expresiones, se niega a aceptar el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía, a la autodeterminación. Pero la autonomía que plantea la iniciativa de la Cocopa es igual a la del Convenio 169 de la OIT, a cuyo respecto México consintió en obligarse y que se traduce en la búsqueda de una verdadera compatibilidad entre las colectividades indígenas y la sociedad nacional. Ese Convenio, siendo anterior a cualquier ley federal que pretendiera derogarlo, tiene por ello hegemonía aplicativa, de modo que más valdría encaminarse hacia la concordia y la pacificación en Chiapas por la vía de Larráinzar, que es la vía de un federalismo realmente renovado.