Adolfo Sánchez Rebolledo

San Andrés, Estado y nación

La encarnizada discusión en torno a los temas chiapanecos no impide que en ocasiones se olvide qué es lo fundamental en torno a los derechos indígenas. Más allá de precisiones, corchetes y observaciones, cabe preguntarse una vez más: ¿Por qué son tan importantes los acuerdos de San Andrés? Recordemos brevemente cuál es el norte que orienta los diferentes textos suscritos por el gobierno federal y la jefatura zapatista.

Se trata, en primer lugar, de establecer ``los principios y fundamentos necesarios para la construcción de un pacto social integrador de una nueva relación entre los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado''.

Esta noción, la de configurar ``nueva relación'' mediante un ``pacto'' social integrador, es la línea que ordena y justifica los Acuerdos, la gran novedad pero también la piedra de escándalo que impide pasar la página.

En los acuerdos se concibe la satisfacción de las demandas culturales y políticas de los pueblos indígenas en el marco de una reforma profunda de sus relaciones con el Estado. No se trata de un capítulo secundario, sino de una modificación sustantiva que afecta significativamente al edificio constitucional vigente. Ese es el punto crítico de la cuestión. Para llevarla a buen puerto, más que hacer unos cuantos ajustes legales se tiene que propiciar un cambio cualitativo en nuestros ordenamientos jurídicos que, en conjunto, suponen un reforma del Estado que claramente desborda los temas concretos de la negociación chiapaneca. Esa es, en definitiva, la razón de ser de las verdaderas dificultades surgidas en la interpretación de los Acuerdos para traducirlas a textos constitucionales coherentes. Y más vale asumirlas para no llamarse a engaño a la hora de las divergencias.

Y no es para menos. El planteamiento de San Andrés rompe, en efecto, con la tradición y también, cómo no, con cierto constitucionalismo histórico. El asunto no es sólo definir si esos derechos caben en el actual marco constitucional. Lo importante es asumir que no se pueden reconocer sin una profunda reforma del Estado.

En una entrevista reciente a Enrique Florescano, autor de Etnia, Estado y nación, publicada en estas mismas páginas, el historiador daba cuenta de uno de sus hallazgos más alucinantes e inusitados: ``descubrir que hay una relación contraria, una postura totalmente negativa contra los indígenas, que aparece al comienzo de la fundación de la república y que todos los partidos, el liberal y los conservadores, sostienen''. Florescano afirma ``que al inicio del régimen republicano se deseó que (México) fuera blanco, donde no existieran los indios. Ese es el proyecto de los conservadores como de los liberales''.

El siglo XX, que vivió bajo el influjo de la Revolución, tampoco dio una salida justa a la cuestión indígena.

``Durante los años 30 y 40 --señala Enrique Florescano-- nació una ideología del nacionalismo mexicano fundada en el indigenismo, en el campesinado y en las causas de las luchas populares. Después de esa época, indica el historiador, el tratamiento empieza a declinar y se queda sólo como discurso, no como realidad, hay una separación más grande. Nace una nueva mitología: se crea la defensa del indio muerto, del indio histórico, de museo, no de los indígenas vivos''.

La idea de un pacto social integrador hoy puede convertirse en una frase más del debate escolástico, pero allí está, justamente, la noción que confiere el sentido más auténticamente reformador y libertario a los acuerdos de San Andrés. La historia ha demostrado que no se pueden proteger los derechos de los indígenas si, al mismo tiempo, se les condena a la disolución o, peor, al exterminio.

Nadie dice querer compartimientos estancos o reservaciones para nuestros indígenas, pero es obvio que el Estado liberal, con su énfasis glorioso en los derechos individuales, ni garantizó las libertades de los mexicanos pertenecientes a una etnia, ni tampoco procuró el bienestar social o la protección jurídica a las comunidades. Hoy se plantea revisar esa visión del Estado nacional, a fin de concebirlo como el estado de todos los mexicanos, preservando las garantías individuales pero también los derechos colectivos de los pueblos indios que constituyen la nación. Y eso no es coser y cantar.