Denuncia el PRD quebranto a Nafin bajo administración de Oscar Espinosa

Gustavo Castillo García Ť Durante la gestión de Oscar Espinosa Villarreal al frente de Nacional Financiera (Nafin), esa institución sufrió un quebranto de más de 20 mil millones de pesos, debido a que 97 por ciento de los intermediarios financieros no bancarios (IFNB) que recibieron apoyos crediticios se declararon en cartera vencida, afirman documentos de la Secretaría de Hacienda elaborados por el subsecretario del ramo, Martín Werner, y que fueron entregados por el diputado perredista Alfonso Ramírez Cuéllar a la Procuraduría General de la República (PGR), al presentar una denuncia contra quien resulte responsable.

El legislador federal indicó que los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ``estamos seguros, por los estudios efectuados, que 70 por ciento de los quebrantos financieros, tanto en la banca privada como en la de desarrollo, son consecuencia de los malos manejos administrativos y de operación en el otorgamiento de créditos, lo que para el país representa un costo superior a 400 mil millones de pesos''.

Ramírez Cuéllar y la diputada panista Elba Capuchino Herrera, secretaria de la Comisión de Turismo, entregaron a la PGR copia del escrito que Martín Werner dirigió al presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Ricardo García Sainz, con fecha del 2 de diciembre de 1997, en el que se da cuenta de todas las anomalías con que fueron entregados y operados los créditos a las llamadas uniones de crédito.

Se detalla que, hasta el 30 de septiembre de ese año, ``la cartera fideicomitida de los intermediarios financieros no bancarios -que habían obtenido créditos entre 1991 y 1994- ascendía a 20 mil 918 millones de pesos'', y que en cuanto a su comportamiento ``3 por ciento se encontraba registrada en cartera vigente y el 97 por ciento restante como cartera vencida''.

Es decir, el quebranto provocado a Nafin durante la gestión de Espinosa Villarreal fue de 16.8 por ciento del total de los recursos que esa institución financiera manejó de 1989 a 1994, y que fueron del orden de 124 mil 231 millones de pesos.

El documento del subsecretario de Hacienda menciona que ``hacia mediados de 1993, las 45 uniones de crédito -de 271 registradas- que participaron en forma más activa en la distribución de recursos de Nafin llegaron a concentrar 80 por ciento de la cartera que mantenía la institución con ese tipo de intermediarios.

Asimismo, que ``a finales de 1994 dichas operaciones se tradujeron en importantes quebrantos, en parte por los efectos causados por la crisis, pero también por las profundas deficiencias institucionales y operativas de dichos intermediarios, particularmente de las uniones de crédito''.

Según el escrito, ante ``los altos volúmenes de operación, el crecimiento explosivo del número de IFNB y el consiguiente incremento en el riesgo crediticio, Nafin comenzó un programa de Fortalecimiento y Consolidación de IFNB'', pese a que año con año las uniones de crédito y los IFNB realizaron operaciones que no estaban debidamente regularizadas, que ``en ocasiones los acreditados eran apócrifos''.

Múltiples irregularidades

El subsecretario Werner señala que, a partir de de un diagnóstico elaborado de una evaluación integral de 221 de las 271 uniones de crédito inscritas, las principales irregularidades fueron: carencia de infraestructura financiera, operativa y administrativa adecuada; fuerte dependencia de los recursos de Nafin y, en la mayoría de los casos, elevados costos financieros por pago de intereses moratorios, sanciones y penalizaciones.

Además, ``en general, no se contaba con políticas y procedimientos formales de evaluación, seguimiento de créditos y cobranza legal. La formalización del crédito era deficiente, los expedientes no estaban debidamente integrados y en algunos casos eran inexistentes y no se tenían garantías''.

Agrega que, a raíz de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, las uniones dejaron de presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sus programas anuales de trabajo, además de que los registros de accionistas no estaban actualizados ni regularizados, ni tampoco se integraban debidamente los expedientes corporativos.

Un segundo análisis elaborado por Nafin en 1994 menciona que los IFNB realizaban operaciones no regularizadas, los contratos, en un alto porcentaje no fueron inscritos ante el Registro Público de la Propiedad, ``los créditos fraccionados estuvieron orientados al financiamiento de proyectos no elegibles y también se hicieron préstamos superiores a lo acordado en los contratos respectivos; la documentación comprobatoria se elaboró a nombre distinto del acreditado y, en el caso de bienes inmuebles, la inversión era inferior al importe del crédito otorgado''.

Entre las uniones de crédito que obtuvieron la mayor parte de los recursos se encuentran grupo Havre, Arrendadora Pragma, de los hermanos Pablo y Mauricio Madero O'Brien (encarcelados), Unicreva, grupo del cual era presidente de accionistas Luis Yáñez (esposo de Adriana Salinas y acusado de fraude) y Unicref.

Pese a la instauración de programas de fortalecimiento, hasta el 30 de septiembre de 1997, 30 intermediarios financieros fueron objeto de denuncias penales por un total de 2 mil 817 millones de pesos, y queda por recuperarse un total de 20 mil 918 millones de pesos.

Al respecto, Ramírez Cuéllar afirmó: ``durante la administración de Espinosa Villarreal en Nafin, esta dependencia se convirtió en un Pronasol financiero en el que los créditos a políticos constituyeron buena parte del quebranto'', por lo que, dijo, ``la PGR debe solicitar los 16 tomos que comprende la investigación realizada a Nafin durante la gestión del ex regente de la ciudad de México''.