La Presidencia de Estados Unidos y su actual titular, William Clinton, se encuentran en una situación de acoso e incertidumbre que podría culminar en la interrupción del mandato del ex gobernador de Arkansas. A pesar de la exitosa presentación que el mandatario efectuó antier ante el Congreso de su país para informar sobre el estado de la Unión, hay procesos judiciales en curso cuyo resultado puede dañar de manera irreparable, o incluso interrumpir en forma anticipada, el segundo periodo de Clinton en la Casa Blanca.

Tales procesos no guardan relación con el desempeño del presidente en lo político, lo económico o lo social, sino con un episodio de presunto acoso sexual y con una supuesta relación privada entre Clinton y una ex trabajadora de su oficina: un asunto que debería ser dirimido en un tribunal y otro que no tendría por qué ser debatido de manera pública, si se considera que el ejercicio de la Presidencia de cualquier país no anula el derecho a la vida privada de quien se encuentra en el cargo.

El peligroso embrollo jurídico y de opinión pública en el que Clinton se encuentra atrapado ha de contrastarse con una tarea presidencial que, a ojos de la propia sociedad estadunidense, ha sido de las más satisfactorias de las últimas décadas: entre otros logros, el gobierno actual ha conseguido promover una recuperación económica que no muestra fisuras y en la que el déficit fiscal ha desaparecido, ha rescatado la política social del estado catastrófico en que la dejaron doce años de orientación neoliberal y de reaganomics, ha movilizado a importantes sectores del país en torno a su propuesta de revolución educativa y ha sido capaz de lograr el consenso de las dos formaciones políticas hegemónicas en torno a aspectos claves de su política interna y externa.

En este contexto, el desproporcionado interés público en los asuntos privados del mandatario y las demoledoras consecuencias legales que podrían derivarse de su supuesto amorío con Monica Lewinsky introducen una absurda distorsión en la vida política de la nación vecina.

En ello inciden factores de diversa índole: los núcleos puritanos de la cultura estadunidense, la creciente banalización de los asuntos políticos, los intereses de la extrema derecha republicana, claramente representados en actores como el fiscal Kenneth Starr, y el alarmante mercantilismo de los medios informativos --impresos y electrónicos--, dispuestos a transformar cualquier rumor no confirmado en revelación espectacular y a convertir aspectos de la vida privada de personas famosas en objeto de análisis, información y polémica.

La situación no sería tan grave ni tan alarmante si Estados Unidos no fuera la máxima potencia económica, tecnológica y militar del planeta, y si no tuviera la influencia que de hecho tiene en el resto de las naciones. Pero aunque una buena parte de los estadunidenses se empeñe en devaluar o ignorar los contenidos de la política de su país y en convertirla en un mero espectáculo de imágenes, apariencias y episodios de alcoba, los matices o las distinciones de fondo --como se prefiera-- que existen entre las propuestas de Clinton y las de sus rivales políticos implican, proyectados al ámbito internacional --y, en particular, al latinoamericano--, enormes diferencias en el trato diplomático, económico y geoestratégico de Washington.

Dos ejemplos de esta dinámica son la poca atención que el gobierno y la sociedad estadunidense, absortos en las supuestas conductas sexuales de su presidente, han prestado al peligroso empantanamiento del proceso de paz palestino-israelí, y la tentación por parte de la Casa Blanca de utilizar la fuerza contra el régimen de Bagdad para desviar el morbo de la opinión pública de los alegados amoríos de Clinton. Tales hechos ponen en evidencia las aberraciones y las injusticias del orden unipolar que se ha establecido en el planeta.