El gobierno de Ernesto Zedillo ha perdido la brújula no sólo en el manejo de la economía, sino en el caso de Chiapas. El fracaso de sus acciones militares y paramilitares y su creciente desprestigio internacional intenta ser enfrentado con una supuesta ``nueva estrategia'', que es tan vieja como la anterior, pues una vez más pretende renegociar los acuerdos de San Andrés.
1. La respuesta del gobierno de México ante la condena internacional a su política de fuerza ha consistido en a) autoencubrirse por la creación de los grupos paramilitares y el genocidio de Acteal a través de la PGR y de la CNDH, b) realizar una campaña de propaganda para lavar su imagen y distorsionar el contenido de los acuerdos de San Andrés, encabezada por Ernesto Zedillo con sus discursos en Ocotán y en Rosamorada (Nayarit) el 16 de enero y en Kanasín (Yucatán) el día 23, y c) anunciar el contenido de la (nueva) estrategia oficial, lo que hizo en San Lázaro el secretario Labastida el 26 de enero, todo lo cual a fin de cuentas no es otra cosa que más de lo mismo.
2. La voluntad política no existe en los hechos como lo evidencian los nuevos desplazamientos del Ejército, la campaña de desinformación en los medios y el homicidio de Rubicel Ruiz, dirigente de la Aedpch, el 28 de enero.
3. ``El gobierno federal no está, ni puede estar de acuerdo, con la violencia'', dijo Zedillo en Kanasín, pretendiendo engañar a la comunidad internacional, que no puede ignorar que la violencia en Chiapas la iniciaron las autoridades desde mucho antes del 1o. de enero de 1994 al utilizar la fuerza para reprimir a las comunidades y que, luego del inicio del diálogo de paz, el propio Ernesto Zedillo ha mantenido una Guerra de Baja Intensidad, usando al Ejército, a la Seguridad Pública y a los grupos paramilitares, creados por decisión de Los Pinos según todas las evidencias.
4. ``La violencia'', dijo en Yucatán, ``no conduce al progreso'' y ``nunca resuelve problemas'', con lo que desconoció lo mismo a Hidalgo y a Morelos que a Madero y a Zapata, confundiendo de paso a la violencia criminal y represiva con las luchas populares. La comunidad internacional sabe muy bien que los campesinos indígenas de Chiapas recurrieron a las armas como un último recurso ante la represión sistemática de los gobernantes mexicanos y que, desde el 12 de enero de 1994, el EZLN no ha hecho uso de las armas. El gobierno de Zedillo es, por el contrario, el más violento de la historia reciente y el de mayor impunidad, pues además de las matanzas de Aguas Blancas y de Acteal hay que señalar que son más de 329 las personas asesinadas hasta ahora por motivos políticos (Enfoque, 25 de enero).
5. Los hechos están a la vista de todos: el EZLN, hasta ahora, ha negociado de manera seria la paz, y Zedillo y sus gentes han actuado de manera irresponsable. Los hechos muestran que el gobierno ha simulado buscar la paz al mismo tiempo que ha dado rienda suelta a su pretensión de destruir a las comunidades zapatistas: amedrentándolas, tratando de cooptar a sus dirigentes o reprimiéndolas. Sugerir demagógicamente, como lo hizo Zedillo, que los zapatistas pretenden ``ponerse por encima de la ley'' es faltar a la verdad: ellos han cumplido con la ley del 11 de marzo y el gobierno la ha trasgredido de continuo al igual que a la Constitución, pretendiendo imponerse por la fuerza a sabiendas de que carece de la razón.
6. Las provocaciones militares y paramilitares del gobierno no han encontrado respuesta de parte de los zapatistas, y ante la dignidad de los pueblos indígenas que insisten en la resistencia pacífica, rechazan la ayuda asistencial y siguen exigiendo derechos reales y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, no le ha quedado otro recurso que el de una burda campaña de desinformación, misma que está siendo el eje de la ``nueva estrategia'' oficial para Chiapas, la que es tan vieja como la anterior.
7. La guerra de Chiapas es motivo de una preocupación cada vez mayor para la comunidad internacional, por lo que al insistir Ernesto Zedillo en Kanasín que la intervención de las ONG es injusta ``para un país que se ha distinguido por respetar la vida interna de las demás naciones'', lo único que está exigiendo es que salgan los observadores internacionales para que su gobierno tenga las manos libres para proseguir violentando los derechos de las comunidades. De ahí el azoro que mostraba Joel Solomon de Human Rights Watch al ser entrevistado por Denise Dresser en el Canal 40 el 28 de enero y tener que recordarle a Zedillo que en su tarea están amparados por múltiples instrumentos internacionales suscritos por México.
8. La (nueva) estrategia oficial a su vez no sólo amenaza con nuevas acciones que generarían más controversias (como la remunicipalización unilateral y la lucha contra los municipios autónomos) sino que anuncia que el conflicto va a prolongarse, pues insiste en incumplir lo firmado en San Andrés (El Nacional, 27 de enero), tal y como lo expresaba Zedillo en sus discursos.
9. El veto de Los Pinos a la iniciativa de reformas constitucionales de la Cocopa no sólo no se ha levantado sino que se mantiene. Aunque el gobierno anuncia que está dispuesto a retirar 23 de las 27 observaciones que Ernesto Zedillo le hizo en diciembre de 1996 (con lo que reconoce su improcedencia), se sigue oponiendo a cuatro aspectos centrales de los acuerdos de San Andrés, pretendiendo que no se les reconozca personalidad jurídica a las comunidades y vetando el derecho de éstas a la autonomía: ignorando que estos principios son puntos centrales de los acuerdos y que son ya ``ley suprema de toda la Unión'', pues el gobierno los reconoció al suscribir en 1989 el Convenio 169 de la OIT en Ginebra.
10. La credibilidad de Ernesto Zedillo está al nivel del suelo porque no ha podido explicar públicamente por qué su gobierno sigue desconociendo lo firmado en San Andrés en 1997 y oponiéndole el veto de la sinrazón. Y este no es sólo un problema nacional que sigue afectando a otros aspectos de la vida social y económica del país, sino una cuestión de importancia para la comunidad internacional.