Mayor impunidad de agresores masculinos que de femeninos, señala el organismo

Triunfo Elizalde Ť En promedio, de cada cien personas que han sido víctimas de homicidios intencionales en el Distrito Federal, 20 son mujeres, revelan datos de la Comisión Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (CMDDH). El organismo señala que entre 1930 y 1995 el porcentaje de personas del sexo femenino asesinadas aumentó de 6.3 a 20.4 por ciento. No obstante, la impunidad por este tipo de delito favorece más a los hombres que a las mujeres.

Sobre este último aspecto, de 1989 a 1994 por cada mil víctimas masculinas fueron condenadas penalmente 225 perpetradoras, mientras que en el caso de hombres asesinos del mismo número de mujeres únicamente se sentenció a 127; por si fuera poco, la pena fijada para ellas es superior 25 por ciento que al dictado para ellos.

Se menciona, como prueba de la discriminación judicial en torno a mujeres y hombres que cometen homicidio, que en 1995 un total de 170 mujeres recibieron sentencias por la muerte de algún varón, mientras que únicamente se dictaron condenas contra 71 hombres que asesinaron a alguna mujer.

El Informe sobre la discriminación en contra de la mujer en México, presentado ayer ante la ONU por ocho organizaciones no gubernamentales de derechos humanos mexicanas --que lo elaboraron para desmentir el presentado por el gobierno mexicano-- indica que esta diferencia ``sólo puede explicarse por una probable consecuencia del desmoronamiento del sistema judicial y otras instituciones estatales después de la última recurrencia de las crisis económicas y políticas a partir de 1994''.

La investigación fue elaborada de manera conjunta por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos ``Fray Francisco de Vitoria'', el Centro de Información de la Mujer, Defensoras Populares, Red de Mujeres Sindicalistas, Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas y el Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer.

Para esas ONG los datos permiten asegurar que ``el sistema nacional de justicia está profundamente permeado por elementos tales como corrupción, impunidad, tráfico de influencias y es discriminatorio por motivos de género''.

En el texto se revela que los agresores tienen menor probabilidad de ser sentenciados que las mujeres que matan un hombre. Se menciona como un ``caso especial'' el asesinato de más de cien muchachas --entre 1994 y finales de 1997-- en Ciudad Juárez, ``de los cuales no se ha resuelto un solo caso, o el caso de la menor Jessica (sic) Yadira Díaz''.

El análisis indica que el propio Estado incurre en prácticas discriminatorias contra la mujer; como ejemplo menciona el suicidio de Yéssica, en Durango. Erróneamente se afirma que ``fue violada por agentes judiciales de esa entidad'', lo cual es inexacto, ya que los presuntos responsables (dos de los señalados ya están detenidos) en los momentos del atentado sexual se desempeñaban como mecánicos automotrices.

Cierto es que los agentes policiacos se burlaron y ofendieron verbalmente a la menor cuando se presentó a denunciar los hechos; lejos de atenderla, la metieron a los separos junto con su madre, una hermana y una sobrina de sólo dos años de edad.

Sobre la gravedad de la situación jurídica que enfrentan las mujeres, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló en marzo de 1997 que ``en la legislación nacional relacionada con las mujeres y las niñas hay un rezago de 20 a 25 años, lapso durante el cual no se ha modificado el marco jurídico sobre esa materia, por lo que son muchos los cambios que se tienen que hacer en las leyes mexicanas para que sean equitativas con el sexo femenino''.

Posiblemente esa discriminación ``ha influido en la alarmante tasa de linchamientos de criminales en el país'', como fue el caso registrado en el pueblo de Tatahicapan, Veracruz, donde un sujeto fue quemado vivo por haber ultrajado a una mujer --ya tenía antecedentes de haber violado a otras--. ``No obstante que los habitantes demandaron la intervención de la policía, ésta se negó a intervenir''.