Organizaciones priístas expusieron a la secretaria de gobierno, Rosario Robles, añejas demandas de vivienda y regularización de predios

José Galán Ť Rosario Robles Berlanga encontró en Iztapalapa lo que ningún funcionario de su jerarquía en pasadas administraciones se había atrevido a buscar: organizaciones sociales priístas cansadas de esperar el cumplimiento de promesas en materia de vivienda, de regularización de predios, de introducción de servicios, de seguridad, de bienestar.

``Tenemos dos años buscando una solución a nuestro problema de vivienda y estamos desesperados'', le dijeron a la secretaria de Gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano miembros de la Coordinadora Metropolitana de Vivienda, cercana al PRI y que agrupa en conjunto a 13 organizaciones. Lo mismo sucedió con miembros de agrupaciones como Democracia y Justicia, Luis Donaldo Colosio, CNC, Consejo Agrario Mexicano (CAM) y CCI.

La funcionaria les contestó que en el gobierno de Cárdenas ``nosotros sí los vemos y sí los escuchamos'', luego de visitar un predio de casi 20 mil metros cuadrados en disputa por colonos priístas y perredistas. ``Aquí lo importante es descentralizar poco a poco las desiciones, y permitir a las delegaciones comprometerse con sus propios habitantes''.

``Nosotros no queremos prácticas corporativas ni clientelares. No queremos que un puñado de líderes negocie con nosotros la suerte de millones de mexicanos. Queremos ir a donde están los problemas. A platicar con la gente. Que sea ella la que proponga soluciones'', insistió la funcionaria.

El resultado fue la instalación de una mesa permanente de concertación, en la que participa de manera destacada la Dirección General de Regularización Territorial del gobierno central, junto con organizaciones y autoridades delegacionales, así como la instalación de un comité de seguimiento de acuerdos. ``Nunca nos habían venido a visitar funcionarios de su nivel. Reconocemos esta nueva actitud, y más allá de partidos, trabajaremos en favor de la ciudadanía'', propusieron los priístas.

Todo comenzó temprano, con un encuentro con priístas en la sede de la delegación, que solicitaron una audiencia con los distritos electorales, pero allí se les informó que la misma había sido suspendida por sus dirigentes capitalinos, Manuel Aguilera Gómez y Oscar Levín Coppel. ``Ese es un problema interno de ustedes. De todas maneras, van a ser escuchados por el delegado Elio Villaseñor'', les respondió la primera secretaria de Gobierno en la ciudad en visitarlos directamente en su terreno. Y de allí al predio.

Ubicado en las calles de Guelatao y Eje 5, el terreno recibió a la funcionaria y a sus acompañantes, entre ellos el propio delegado y Juan N. Guerra Ochoa, subdelegado jurídico y de Gobierno, con la disputa entre las organizaciones U-2, priísta con más de 500 familias asentadas en poco más de 10 mil0 metros, y la Unión de Ciudadanos de Iztapalapa, alineada con el PRD, y de 160 familias establecidas en 7 mil metros de terreno.

Allí, Robles comprometió la postura del gobierno a respetar a las dos organizaciones y garantizar su seguridad por igual. ``Los beneficios de luz, agua, drenaje, serán para todos los habitantes del predio'', dijo la funcionaria, aun cuando los priístas los que contaban, dentro de su pobreza, con algún servicio.

``Estas situaciones, en que unos cuentan con servicios por pertenecer al partido que estuvo en el gobierno y otros no, ya no se repetirá. Aquí todos son ciudadanos que tienen derechos, independientemente del partido al que pertenezcan'', explicó Robles Berlanga.

La comitiva sostuvo un encuentro con representantes de la CNC, CCI, CAM y la Organización Piña-Piñón, con los que se analizó la situación del predio Huitzico-Palmillas, expropiado por Manuel Aguilera cuando fungía como regente de la ciudad, en mayo de 1994, para delimitar lo que actualmente es la Zona de Desarrollo Controlado, o Zedec, Campestre-Potrero, con el fin de regularizar y controlar los asentamientos humanos.