Es muy probable que en los próximos días se conozca la procedencia del juicio político en la Cámara de Diputados al gobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco. Así la LVII legislatura, con su mayoría de oposición, estaría marcando otro hecho histórico en las relaciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y sobre todo en el desmantelamiento de un sistema político autoritario y permisivo de gobernantes impunes.

La procedencia del juicio no significa que la resolución final tenga que ser la remoción del gobernador, pues aún cuando en la Cámara se consideren violaciones constitucionales algunos de los cargos que se le imputan, en el Senado la mayoría priísta podría rechazar el dictamen. Sin embargo, aquí lo trascendente sería que un gobernador pueda por primera vez ser sujeto a juicio político en las atribuciones que competen al Poder Legislativo como vigilante y contrapeso de los actos del Ejecutivo; también sería importante que los ciudadanos promoventes del enjuiciamiento encuentren en los diputados la representación deseada, y todavía más, que los funcionarios públicos de todos los niveles se sepan sujetos a las leyes y a la vigilancia institucional debida.

El tiempo que se ha tomado la Comisión correspondiente en la Cámara para emitir el dictamen de procedencia, responde al análisis serio y al sustento jurídico con que éste espera presentarse. Lo que demuestra que la mayoría opositora no se dejó llevar nada más por razones políticas, por demás suficientes para juzgar al gobernador Cervera, sino que actúa con responsabilidad, respondiendo al estado de derecho y al orden constitucional. En donde se presentará el ``mayoriteo'' partidista será en la Cámara de Senadores, como ocurrió con el IVA y como por tradición del sistema responden los legisladores oficialistas.

Por el contrario, no obstante que Cervera Pacheco representa al caciquismo imperante en el sureste de México, al bastión del viejo priísmo que elude la realidad del México en transición, se busca el camino institucional para combatirlo. El juicio político es el intento legal para derribar a los gobernantes caciques que consideran a partes de México como ranchos de su propiedad. Lo deseable para las relaciones políticas pacíficas en el país, es que el gobierno federal, la presidencia en lo particular, no sea quien defienda al gobernador, o le permita, como hasta ahora, actuar con completa impunidad diciendo y demostrando que ``los asuntos de Yucatán se arreglan en Yucatán'', es decir, que en su territorio sólo manda él.

La situación en Chiapas está señalando también que el caciquismo y el aislamiento político no son las vías por las cuales podrá sostenerse el priísmo autoritario, puesto que la respuesta que ahí generó ha conducido a tal violencia que lo que está en riesgo es la estabilidad general del sistema mexicano. Por tanto, si se considera que las acusaciones al gobernador de Yucatán, que se han podido documentar y formalizar, no son poca cosa, puesto que hablamos de violaciones a la Constitución, principalmente a la duración de los gobernantes en el poder, que fue una de las causas e ideales revolucionarios, estamos ante la disyuntiva de tomar el camino institucional con un juicio político en el Congreso, o el de dejar que las cosas en Yucatán y en el sureste sigan el camino de una lucha sórdida y sufrida para la población, que terminará costando mucho a México.

El juicio político a Víctor Cervera puede ser un avance democrático y constitucional histórico, que señalaría las vías pacíficas de la transición democrática.