Después de más de una década de iniciadas las reformas estructurales en los países de la región, los indicadores económicos que marcan los niveles de bienestar de la población muestran un comportamiento deprimente. Durante el primer quinquenio de los años 90, el crecimiento medio del producto de América Latina fue inferior a 3 por ciento promedio anual, apenas levemente superior a la dinámica poblacional. Sin embargo, no en todos los países el producto ha crecido más que la población. En particular esto no ha ocurrido en México, por lo cual el producto por habitante del país sigue siendo inferior al que tenía a comienzos de la década de los ochenta. Por otra parte, la región en su conjunto continúa caracterizándose como la que muestra la mayor polarización en cuanto a la distribución del ingreso a nivel mundial, situación que se ha agudizado aún más en el transcurso del proceso de reformas estructurales. En tercer término, el número de pobres, que a comienzos de los años 90 ascendía a 150 millones de personas, no ha descendido, lo que significa que, actualmente, casi la tercera parte de la población del continente está en condición de pobreza. En parte importante, la persistencia de la pobreza se explica por la incapacidad de la economía de generar empleos adecuadamente remunerados, lo que se deriva del lento crecimiento económico, y en la compresión de los salarios con el propósito de reducir la inflación y de lograr competitividad en los mercados internacionales.

Ante esta situación que ya se prolonga por más de una década, sectores sociales cada vez más significativos están plan- teando que las actuales políticas económicas son estructuralmente inadecuadas para lograr los propósitos de elevar el crecimiento, reducir la pobreza y frenar la polarización de ingresos. Ante esto, la respuesta que se está gestando en el círculo de los partidarios de las reformas económicas impulsadas a partir de los 80 es que América Latina debe profundizarlas, pasando a la segunda fase de los cambios estructurales, las que ahora sí permitirán superar las dificultades.

En esta línea de argumentación, se sostiene que la región en su conjunto ha avanzado rápidamente sólo en dos áreas de la reforma. Por una parte, en el campo de la liberación comercial, lo que se ha reflejado en la eliminación de las restricciones a las importaciones, a la vez que los aranceles han sido reducidos en forma muy significativa. Por otra parte, también América Latina ha introducido una liberación drástica en el campo financiero, lo que se ha traducido en la supresión de los controles sobre la tasa de interés, en la eliminación de los sistemas de crédito dirigido y en menores restricciones a los flujos internacionales de capital. Sin embargo, siguen argumentando los fundamentalistas, estas reformas han sido insuficientes para mejorar el comportamiento económico de la región en virtud de que no se han introducido cambios en otras esferas: en los campos tributario, de privatizaciones y laboral.

En el plano de la reforma tributaria, puede esperarse que los cambios que propongan se orienten en el sentido de aumentar la participación de los impuestos indirectos en la recaudación fiscal, con el argumento de que los que gravan la renta deprimen el crecimiento económico dado que desalientan la inversión. En otras palabras, se tratará de modificar la estructura tributaria en sentido regresivo, procurando beneficiar a los empresarios. Con respecto a las privatizaciones, los fundamentalistas de la segunda generación sostienen que en algunos países sigue subsistiendo un número significativo de empresas industriales y financieras que son de propiedad estatal, a la vez que no se ha aprovechado plenamente la capacidad de la iniciativa privada para participar en la inversión en infraestructura. Evidentemente que en el caso que haya que rescatar al sector privado, si sus nuevas inversiones no resultan rentables, será toda la población la que aporte los fondos, como se ha dado en el caso de México. Por último, dicen los fundamentalistas, el mayor retraso de la región se registra en el campo de la reforma laboral. Aducen que el mercado de trabajo de nuestros países continúa siendo regulado, lo que explica su rígidez, factor que impide la creación de empleos. En consecuencia, promoverán activamente una reforma que elimine los obstáculos a los despidos y que permita contratos temporales, contrataciones a tiempo parcial.