IFE: MOMENTO DE DEFINICIONES

El Instituto Federal Electoral atraviesa actualmente por un momento de recomposición y consolidación que puede resultar crucial para el desarrollo democrático del país. Luego de la salida de Felipe Solís Acero de la secretaría ejecutiva del organismo -circunstancia que suscitó múltiples controversias y debates durante los últimos meses de 1997 y que, coincidentemente, tuvo lugar luego de la renuncia de Emilio Chuayffet como titular de Gobernación-, el IFE se encuentra en un proceso de relevo de funcionarios y de análisis y replantamiento de las estrategias y políticas a seguir de cara a las elecciones federales del 2000, el cual debe ser puesto en perspectiva con el fin de dimensionar sus alcances y consecuencias, tanto para la institución en lo particular como para la nación.

Indudablemente, las elecciones del pasado 6 de julio fueron un momento definitorio en la historia contemporánea del país y, en ellas, la contribución del IFE fue fundamental: la tranquilidad, la limpieza y la transparencia con que se llevaron a cabo fueron, en gran medida, resultado del trabajo realizado por el instituto. Sin embargo, no puede afirmarse que México ha alcanzado la madurez en materia democrática ni que las instancias electorales encargadas de organizar los comicios se encuentren exentas de problemas o presiones. Por ello, la consolidación de la plena autonomía del IFE, el fortalecimiento y mejora de sus procedimientos y sus dependencias operativas, y la ampliación de sus márgenes de credibilidad ante el electorado y los partidos políticos, son tareas indispensables para garantizar su funcionamiento -no sólo en tiempos electorales, sino en los periodos intermedios- y propiciar la realización de comicios limpios, equitativos y apegados a derecho en el 2000.

Los cambios de mandos, los reordenamientos administrativos, el replantamiento de estrategias y la búsqueda de consensos en el instituto -incluso si son causa de polémica o desencuentros- deben ser entendidos como una expresión de la pluralidad y la apertura que caracterizan a una institución autónoma y ciudadana, y no deben dar pie a la realización de presiones u hostigamientos en su contra o de los integrantes de su Consejo General. De igual forma, tanto el gobierno federal como los partidos políticos deben mantener una actitud respetuosa de la autonomía del IFE y abstenerse de intervenir, salvo en los casos previstos en la ley y mediante los procedimientos legales correspondientes, en los asuntos y las decisiones que sólo competen a la instancia electoral del país.

En esa lógica, la conformación de la Asociación Nacional del Servicio Profesional Electoral, aunque puede permitir un mayor dinamismo en las tareas de vigilancia de la correcta aplicación de la ley, la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del instituto y la mejora de sus niveles de eficiencia, no debe ser fuente de enfrentamientos que rompan la necesaria cohesión de la institución ni ser un instrumento de defensa de intereses personales, partidistas o de grupo.

La existencia de un IFE autónomo, confiable, plural y plenamente capacitado para llevar a cabo su importante tarea, es un factor indispensable para la celebración de elecciones limpias, equitativas y transparentes en el país. Tanto la sociedad en general, como el gobierno y los partidos políticos -desde sus propios espacios y en estricto apego a sus prerrogativas legales- deben coadyuvar para que el actual proceso de reorganización se desarrolle sin presiones ni injerencias externas. De igual manera, cabe exhortar a los integrantes del Consejo General y a todos los funcionarios y trabajadores del organismo a que colaboren en el logro de los consensos necesarios para el fortalecimiento del IFE, en el entendido de que esa institución tiene enfrente el reto -y la obligación- de convertirse en uno de los actores fundamentales en el desarrollo democrático de México.