Invalidar el Presupuesto del DF, piden tres partidos

Raúl Llanos Samaniego Ť Veintitrés diputados del PRI, PAN y Partido Verde interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de inconstitucionalidad en contra del Presupuesto de Egresos para el DF para 1998, y piden que se declare la ``invalidez'' de ese ordenamiento, toda vez que al aprobarse en la Asamblea Legislativa se violaron diversos artículos de la Carta Magna, Ley Orgánica de la ALDF y de la Administración Pública, el Código Financiero, el Estatuto de Gobierno y la Ley de Planeación.

Al cumplirse el plazo legal para presentar esa inconformidad legal, Manuel Aguilera Gómez, coordinador de la fracción del PRI en la ALDF, e Irma Islas, diputada local del PAN, acudieron a la SCJN a entregar la documentación del mencionado recurso. Nadie del Partido Verde acudió a respaldar el hecho público, a pesar de que algunos de sus diputados signaron el texto.

José Luis Rojas, jefe de la Oficialía de Partes, recibió el documento de 35 cuartillas y luego de firmar de recibido se les entregó una caja que contenía 12 fólderes con anexos que respaldaban técnica y jurídicamente la protesta.

Ocho minutos después, Aguilera --en compañía de los diputados priístas Alejandro Vázquez, Jesús Toledano y Octavio West-- dijo en entrevista que ``no hay detrás de nuestra actitud nada avieso'', sino que, por el contrario, se busca que los presupuestos del DF y todo el país ``sean fácilmente verificables''; por eso, ``no debemos verlo como una confrontación''. Lo que se busca, dijo el líder del PRI capitalino, es que ``la Corte establezca los requerimientos fundamentales al gobierno del DF y más adelante se pueda extender a todos los gobiernos de los estados, respecto de las normas fundamentales que debe regir la presentación y aprobación'' del presupuesto.

Puntualizó que de favorecerles el dictamen final de la SCJN, no significará que la ciudad o su gobierno se paralice, sino que seguirá funcionando normalmente; lo que pasaría es que todo aquello que ``ha sido objeto de controversia'' se corrija y someta a la aprobación de la ALDF.

De lo que se trata, insistió, es que no haya gastos discrecionales en el presupuesto, ``que no haya 11 mil millones de pesos que no tengan destino predeterminado o haya omisiones en la aplicación estricta de los recursos''.

En tanto, la diputada Irma Islas, quien participó en la elaboración del dictamen, dijo: ``Tenemos todas las pruebas, los argumentos necesarios para que (el recurso) proceda'', ya que el decreto que aprobó el PRD es ``simplemente una lista de gastos con algunas asignaciones presupuestales, y es grave que asigne tres partidas a tres rubros que no existen''.

Añadió que la pretensión de Acción Nacional no es obstaculizar los trabajos de esta ciudad, ya que además la SCJN no tiene la facultad jurídica de suspender el ejercicio del presupuesto; por tanto, lo que pasaría es que tendría vigencia el actual decreto y se corregirían las fallas señaladas.

Apenas las firmas necesarias

La copia del documento de inconformidad que presentaron los tres partidos a la SCJN fue signado por 23 diputados, tan sólo uno más de los que por ley se exige para anteponer ese recurso legal, que es de 22. Aun cuando el texto incluye los nombres de dos diputadas: Sara Castellanos, del PVEM, y Pilar Hiroishi, del PAN, sus firmas no están. Esta última se encuentra en España.

De acuerdo con el texto, en la elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos se violaron los artículos 16, 25, 26, 73, 74, 75, 122, 126, 17 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que después de fundamentar este hecho piden ``declarar la invalidez del decreto del Presupuesto de Egresos del DF'' para 1998.

Raúl Llanos Samaniego Ť Por lo menos mes y medio deberá transcurrir antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita su fallo definitivo acerca de la Acción de Inconstitucionalidad del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 1998, interpuesta ayer por el PRI, PAN y Partido Verde.

De acuerdo con el procedimiento que marca la SCJN para estos casos, y que fueron precisados por el diputado del PRI Eduardo Escobedo, el documento que sustenta el recurso de inconformidad se recibe en la Oficialía de Partes, y de ahí se turna a un magistrado instructor, quien analizará el fundamento jurídico y determinará si legamente es procedente.

Posteriormente ``se da vista'' o se notifica al jefe del gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano --quien tiene la facultad para emitir el referido decreto-- y a la Asamblea Legislativa de esta capital --en quien recae la responsabilidad de aprobarlo-- para que conozcan de la acción de inconstitucionalidad, en un plazo de 15 días aleguen o argumenten lo que a sus intereses convenga.

Es decir, deberán demostrar fehacientemente que el Presupuesto de Egresos está apegado a lo que marcan las leyes y ordenamientos que se establecen en esta materia.

Asimismo, el magistrado instructor --que se designa de acuerdo con determinados mecanismos internos de la SCJN-- dará vista al procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, para que emita una opinión jurídica al respecto.

Una vez que el ministro ha recibido toda la documentación, la analiza detalladamente. En este tiempo, todavía los inconformes y afectados tendrían cinco días para presentar algún documento complementario.

Luego de esto, el ministro instructor formulará un proyecto de sentencia, mismo que llevará al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los 11 magistrados que la integran decidirán si se ratifica o modifica el dictamen y, finalmente, darán resolución final.

El diputado Eduardo Escobedo precisó que no existen plazos definidos para que la Suprema Corte resuelva este caso; sin embargo, de estar bien fundamentado todo, podría llevarse esto entre 45 y 50 días.