Para Jaime Avilés, con afecto

Se pueden observar cambios en el discurso oficial para enfrentar la crisis política provocada por la conducta del Presidente y su equipo de gobierno en Chiapas. Hay diferencias entre las palabras del doctor Zedillo ante los huicholes de Nayarit y las pronunciadas por él mismo unos cuantos días después en Kanasín, Yucatán. También cambiaron el contenido y el tono de las declaraciones del secretario de Gobernación en apenas unas cuantas semanas. Seguramente imposibilitado por la firmeza indígena, la presión social, una opinión pública más vigilante y activa, y por la renuencia de círculos extranjeros a admitir las explicaciones increíbles del gobierno sobre el conflicto, el Presidente decidió cambiar si no su estrategia sí su discurso.

Ciertamente las declaraciones de personajes con tanto poder e importancia como el Presidente de la República o su encargado de los asuntos interiores, tienen significado político; pueden, incluso, convertirse en hechos de política nacional. Pero las palabras también han sido y son máscaras para ocultar las intenciones verdaderas de quienes las pronuncian. Y, sin exageración, con los discursos bien intencionados de altos funcionarios del gobierno seguramente se podrían tapizar los patios y oficinas de Palacio Nacional.

Si nos referimos al discurso del Presidente en Yucatán, casi en vísperas de su viaje a Davos, Suiza, cabe el beneficio de la duda. Pero sería equivocado olvidar que la prueba de la verdad es la práctica y ésta, por ahora, es contraria a las palabras. El mismo discurso del doctor Zedillo en Kanasín puede servir de ejemplo. En él dice: ``El gobierno federal tampoco cree que la fuerza del Estado es la que debe resolver el conflicto en Chiapas'', y agrega: ``de ahí que el gobierno federal ni ha ejercido ni ha amenazado con ejercer esa fuerza. Así ha sido desde el primer día y así será hasta el último día de mi gobierno''. La última afirmación sería tranquilizadora si no hubiera antecedentes que la ponen en duda.

El 9 de febrero de 1995, dos meses después de llegar a la Presidencia, Ernesto Zedillo ordenó al Ejército avanzar sobre las posiciones del EZLN para detener al subcomandante Marcos (Rafael Guillén para Zedillo y Antonio Lozano Gracia, miembro del PAN y entonces procurador favorito del Presidente) y a otros jefes zapatistas. Según se sabe, por aquellos días se realizaban intensos contactos entre el gobierno y Marcos, y se preparaba un encuentro de éste y Esteban Moctezuma, pero el gobierno federal engañó y violó la tregua establecida por ambas partes desde el 12 de enero del 94.

Fue aquel un acto de violencia y algo más. La amenaza de repetirla está presente todos los días en aquella región donde las palabras presidenciales tienen poco o ningún sentido para los indígenas que viven atemorizados por la presencia del Ejército que acosa a sus comunidades. A ciencia cierta no se sabe el número de los efectivos militares instalados en el norte, los Altos, las Cañadas y la Selva de Chiapas. El Ejército no da información, pero según se afirma en nuestro suplemento Masiosare, son más de 60 mil. Demasiados para esa pequeña porción de territorio donde su presencia es injustificable, además de ilegal, si no hay propósitos de agresión. Pues si de aplicar la Ley de armas y explosivos se trata (pretexto reciente), es la Policía Judicial federal la legalmente encargada de hacerlo.

Además de lo anterior, más allá de formulaciones generales correctas, semejantes a las contenidas en los acuerdos de San Andrés, el discurso en Kanasín elude cuestiones esenciales de esos acuerdos: uno de ellos es el de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, con todas las consecuencias económicas, sociales y jurídicas previstas en esos acuerdos. Quiere decir que el Presidente rechaza esa parte esencial, aunque sus representantes firmaron su aceptación hace dos años.

En resumen: el Presidente no da indicios de estar dispuesto a cambiar sus objetivos estratégicos, sólo modifica su discurso. De otra manera en el gobierno no se harían bolas, ni pondrían en práctica maniobras, con pretensiones de astucia, para enredar a la Cocopa y hacerla tronar. El Presidente y sus operadores en Gobernación tal vez esperan que con el apoyo del PAN puedan darle una salida al conflicto; pero se equivocan, pues no puede haber solución sin el cumplimiento cabal de los acuerdos de San Andrés, y de inmediato sacar al Ejército de las comunidades y regresarlo a sus posiciones anteriores al 9 de enero de 1995. Esto último sería un hecho demostrativo de que el gobierno no sólo cambia su discurso sino que da también pasos prácticos encaminados a una solución política del problema.