La Cámara de Diputados decidió crear una comisión para investigar los hechos de 1968; esta iniciativa debemos interpretarla como un triunfo político de la causa democrática. Nunca antes ninguna autoridad de México se había propuesto arrojar luz sobre esos acontecimientos que fueron manejados durante tres décadas como secreto de Estado: al contrario, en este tiempo los gobiernos o guardaron un silencio cómplice, o se esforzaron por crear confusión entre el público respecto a lo que sucedió en ese año crucial de nuestra historia contemporánea.

Desde este punto de vista, la iniciativa es digna de elogio; sin embargo, algunos ciudadanos nos preguntamos sobre su objeto preciso. Los diputados se han apresurado a decir que lo que se pretende hacer es una investigación, pero ¿qué es lo que se va a investigar de 1968? ¿Se pretende investigar todos los crímenes cometidos contra los estudiantes y la ciudadanía, o sólo los hechos del 2 de octubre de 1968? Nada se ha dicho, tampoco, sobre el método que se pretende seguir, asunto de importancia crucial si se toma en cuenta el carácter tardío y retrospectivo de la investigación.

Los diputados han hecho, además, declaraciones en el sentido de que no se proponen asumir el papel que corresponde al Poder Judicial, o sea, los diputados quieren saber la verdad pero no quieren acusar a nadie. Pero, yo me pregunto, ¿es esto posible? Es comprensible que los señores diputados no invadan las funciones del Poder Judicial y que, con ello, muestren riguroso respeto por el principio de autonomía de los poderes estatales; lo que no parece razonable, en cambio, es la insistencia con la cual repiten ``que no van a culpar a nadie''. Pero ¿cómo no encontrar culpables cuando lo que se investiga es una acción criminal?

Lo que la sociedad reclama es el esclarecimiento de los crímenes brutales de 1968, y esos crímenes --homicidios, torturas, daños físicos y morales a personas concretas, abusos de poder, encarcelamientos arbitrarios, burla a las leyes, etcétera-- fueron cometidos por personas concretas. En ellos hubo autores materiales e intelectuales. Los ametrallamientos de escuelas, los secuestros de estudiantes, las torturas, las amenazas, etcétera, fueron hechos reales, perpetrados por personas que no pueden ser calificadas sino como culpables.

Es digna de aplauso esta iniciativa, pero de no puntualizarse los términos de la investigación, y de no establecerse reglas técnicas precisas, pienso que puede resultar en una acción que, antes que esclarecer, contribuirá a oscurecer más o a legitimar los actos criminales de 1968. Es altamente sospechoso el hecho de que, entre sus primeros pasos, la comisión de marras haya hecho público que se propone entrevistar en una fecha determinada (el próximo día 3) al ex presidente Luis Echeverría, e igualmente grave es el hecho de que esa entrevista se lleve a cabo en la casa particular de este señor y que el diputado Gustavo Espinoza, quien dirige la comisión, declare que la condición de ex presidente de Echeverría obliga a la comisión a hacerle ciertas deferencias.

Luis Echeverría fue Presidente de México, pero fue también el principal ejecutor de las medidas represivas que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz tomó contra los estudiantes en 1968. El era, entonces, secretario de Gobernación, o sea, encargado de la política interior y, por lo tanto, quien dirigía la policía política de México --la siniestra Dirección Federal de Seguridad (DFS). Este cuerpo policiaco tuvo un protagonismo central en las persecuciones y detenciones en el inicio del movimiento estudiantil, en los actos de terrorismo contras las escuelas, en la infiltración con fines de provocación de las filas estudiantiles, en la dirección de las acciones del Batallón Olimpia y en las torturas a los presos del 2 de octubre. Después de Díaz Ordaz, el personaje de mayor responsabilidad en los sucesos sangrientos de 1968 es Luis Echeverría.

Esclarecer los crímenes de 1968 es de alta importancia para la reconciliación nacional y para inaugurar una perspectiva democrática para México, pero esto sólo se habrá de lograr una vez que se abandone el miedo a confrontar la verdad sobre esos hechos que avergüenzan a nuestra patria. La democracia no puede prosperar sobre la mentira.