Persisten en México corrupción y ``relativa impunidad'', afirma EU

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 30 de enero Ť El Departamento de Estado afirmó hoy que la policía y otras fuerzas de seguridad mexicanas continúan utilizando la tortura y otras formas de abuso con ``relativa impunidad'', y que la corrupción sigue siendo un serio problema para el sistema judicial mexicano.

``En México hubo acontecimientos políticos positivos, inclusive elecciones libres e imparciales en julio'', declaró este viernes el secretario asistente de Estado para Derechos Humanos, John Shattuck, al describir el informe sobre ese tema a escala internacional. ``Sin embargo, la continua violencia en Chiapas, notablemente la masacre de 45 indígenas en diciembre, generó zozobra sobre la situación de los derechos humanos'', indicó.

El informe anual sobre Prácticas de los Derechos Humanos, elaborado por el Departamento de Estado y presentado hoy, incluye 42 páginas sobre México con un considerable espacio dedicado a los ``problemas especialmente agudos'' en las regiones del norte de Chiapas, y describe con cierto detalle la matanza en Chenalhó.

Esta evaluación de los abusos de los derechos humanos en México, que constituye el capítulo más amplio de todos los países del hemisferio, con excepción de Colombia, también sugiere que la extrema pobreza, la creciente desigualdad del ingreso y el fracaso en lograr una recuperación de los salarios a los niveles previos a 1994 contribuyen a los altos índices del crimen y alimentan las tensiones sociales.

``Miembros de las fuerzas de seguridad continúan cometiendo numerosos abusos de los derechos humanos'', afirma el Departamento de Estado. ``Los principales abusos incluyeron homicidios extrajudiciales, desapariciones, tortura, arrestos ilegales y arbitrarios, corrupción e ineficiencia judicial, cateos ilegales, violencia y discriminación contra la mujer, discriminación contra los indígenas, limitaciones sobre los derechos laborales y el uso extendido de mano de obra de menores de edad''.

Buscando lograr una evaluación equilibrada al describir un país aliado clave, el Departamento de Estado argumenta que el gobierno mexicano ``generalmente'' respeta los derechos humanos de sus ciudadanos, pero añade que continúan ``serios problemas'' en algunos rubros y en algunos estados.

Por ejemplo, el Departamento de Estado señala que ``policías y vigilantes que actuaron en nombre de terratenientes locales siguieron cometiendo matanzas extrajudiciales al desalojar campesinos de tierras rurales en varios estados''. El informe ofrece una descripción detallada de la situación en Chiapas, reportando en particular que Desarrollo, Paz y Justicia está ``vinculado con el PRI'' y ofreciendo como evidencia de esto, sin citar la fuente, el documento publicado por el suplemento ``Masiosare'' de La Jornada sobre el financiamiento estatal a esa agrupación.

``Como parte de la continua inquietud en Chiapas, el 22 de diciembre un grupo armado que se alega fue organizado por el alcalde del PRI masacró a 45 indígenas en el pueblo de Acteal'', reporta el informe en su primera página en la sección sobre México. Pero también indica que el contexto del ataque fue una escalada en las tensiones entre miembros del PRI y simpatizantes zapatistas, mencionando el ejemplo del secuestro de un priísta antes de la masacre. El informe, que no ofrece una opinión sobre la matanza, también describe la investigación de la CNDH, la renuncia del gobernador y la del secretario de Gobernación.

Aborda, asimismo, otros conflictos en Chiapas, acciones policiacas en Veracruz y Morelos (el caso de Tepoztlán) y el proceso judicial del caso de Aguas Blancas. Al describir el asunto de la colonia Buenos Aires, el informe señala que Cuauhtémoc Cárdenas al entrar en funciones prometió no emplear personal militar activo en papeles que corresponden a la policía y que al inicio de su administración dos funcionarios policiacos acusados de cometer violaciones a los derechos humanos en el pasado renunciaron a sus cargos en el nuevo gobierno.

Una preocupación subrayada en el informe es la falla del gobierno en responsabilizar judicialmente a las fuerzas de seguridad pública acusadas de violaciones de los derechos humanos. Se indica que las autoridades militares aún no han castigado a los responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidas en 1994 en Chiapas.

El informe del gobierno estadunidense describe en detalle reportes ``creíbles'' sobre desapariciones en México y declara que las formas ``más comunes'' de la tortura usada por el gobierno incluyen amenazas, golpizas, asfixia y toques eléctricos. ``Las autoridades castigan a pocos oficiales por tortura'', declara el documento y señala que aunque la tortura es ilegal los tribunales continúan aceptando pruebas extraídas mediante esa práctica.

Igualmente informa que aunque se registraron algunas denuncias de detención de activistas políticos de oposición, esta práctica ``no es amplia ni sistemática''. Sin embargo, el documento registra las afirmaciones del PRD de que 253 de sus miembros fueron asesinados entre 1994 y 1996.

``El arresto y la detención arbitraria, frecuentemente vinculados a policía corrupta, siguen entre los abusos de los derechos humanos más comunes'' en México, señala el informe. ``La corrupción es desenfrenada a través del sistema''.

El informe sobre derechos humanos, el cual por ley debe ser entregado al Congreso cada año, presenta un catálogo detallado de diversos rubros de las libertades en México. Por ejemplo, comenta sobre la apertura electoral y la expansión de la libertad de los medios de comunicación, y a la vez señala restricciones

Se indica que las autoridades mexicanas ``generalmente'' deportan de inmediato a indocumentados, que los grupos de derechos humanos continúan enfrentando intimidaciones y ataques y que Amnistía Internacional informa que México es uno de los países en donde es ``muy probable'' que los homosexuales enfrenten abusos y violencia.

Agrega el informe discusiones detalladas sobre los derechos de las mujeres, los niños y los indígenas y afirma que aunque el gobierno expresa compromisos para abordar esos problemas, no ha dedicado los recursos necesarios para lograrlo. Una cuarta parte del capítulo sobre México está dedicado a los derechos laborales y destaca la existencia de un vínculo directo entre las condiciones económicas y las tensiones sociales que generan violencia.