El fin de año nos trajo la noticia de que negociadores de Panamá y Estados Unidos habían llegado a un ``acuerdo base'' para establecer en el primero de los países mencionados un Centro Multilateral Antidrogas. Sobre el ``acuerdo base'' vendrá la invitación formal a los otros países latinoamericanos (de los cuales mínimamente deben aceptar cuatro, para salvar el carácter multilateral del pacto), a objeto de que discutan y afinen los textos y se sumen y participen en la conformación del Centro.
Muy poco se sabe en relación con la médula del proyecto de convenio como para intentar un análisis detallado. Apenas si se han bosquejado periodísticamente algunas ideas generales, frecuentemente contradictorias, incluyendo la función del Centro, del que se dice vagamente que se dedicará a rastrear naves y aviones sospechosos de transportar estupefacientes, o sea, lo que se refiere a la ruta y circulación de la droga, dejando de lado muchos otros aspectos de un problema verdaderamente complicado.
Se agrega a lo conocido que el inicio de operaciones sería a partir del año 2000, y que el tiempo de vigencia del convenio sería de 12 años, prorrogables cada quinquenio.
Asimismo, se ha informado que el sitio donde se ubicará dicho Centro será la base militar norteamericana ``Howard'', que debe ser desmantelada y entregada a Panamá antes del 31 de diciembre de 1999.
Por último se ha expresado que, para finiquitar el acuerdo, apenas quedan pendientes algunas minucias, y la redacción y cotejo de los textos en inglés y en español para asegurarse de que compaginan adecuadamente.
La iniciativa tiene su historia. Tras la invasión norteamericana a Panamá en 1989, y el compromiso constitucional de los istmeños de aceptar no volver a tener un ejército propio, recuperado el poder por el PRD e instalado Pérez Balladares como Presidente de la República, hubo conversaciones exploratorias informales entre las dos naciones en las que Estados Unidos manifestó su interés por mantener en Panamá ``una presencia militar reducida'' después del 2000 y más allá de lo prescrito por los Tratados Torrijos-Carter.
Panamá adujo que podría tomar en cuenta tal interés, a condición de que por el arriendo de bases se ofreciera una compensación económica suficiente. Sin embargo, Estados Unidos aclaró que no estaba dispuesto a conceder ningún tipo de compensación económica al respecto.
Entonces, el ya fallecido canciller panameño Gabriel Lewis Galindo, propenso a la tutela estadunidense perenne sobre Panamá, ideó el Centro Antidrogas, para disfrazar lo que sería de otro modo, al accederse, una escandalosa concesión gratuita que movería al repudio unánime.
Desde esta lógica, Panamá está dispuesta a ofrecer su territorio en forma noble y desinteresada para que desde allí se impulse la lucha antidroga.
Ni corto ni perezoso, Estados Unidos recogió el gesto, y por eso recientemente Barry McCaffrey, el ``zar antidrogas'' de Washington, calificó el preacuerdo entre los dos países de ``paso impresionante para la cooperación inter- nacional en la materia''.
Me imagino que entre los panameños que han asumido la responsabilidad de retomar las ideas de Gabriel Lewis Galindo figuran quienes se sienten empavorecidos y buscan evitar nuevos roces con la poderosa Norteamérica, teniendo en mientes salvar lo que se pueda de los Tratados Torrijos-Carter. Pero el interés de Estados Unidos es el de continuar con su presencia militar en Panamá.
La hipótesis en que descansa su voluntad colonialista se plantea encubiertamente, haciendo rodar la especie de que Panamá es un país débil, de escasa población y territorio y sin ejército, y que si se le deja desamparada (no soberana) puede ser absorbida y desestabilizada por los todopoderosos intereses trasnacionales del narcotráfico.
El embajador de Estados Unidos en nuestro país, William Hughes, lo revela claramente, asumiendo sin recato la interpretación del interés de Panamá, con el manejo de los conceptos de eslabones débiles y eslabones fuertes. El 16 de noviembre de 1996, en el seminario-taller ``El Canal y las bases militares'', el citado diplomático dijo: ``Los traficantes operan impunemente y hacen caso omiso de las fronteras internacionales. Ellos buscan un eslabón débil en la cadena para realizar sus actividades. No me toca decirlo. Sólo puedo asumir que lo que busca la propuesta del gobierno panameño con el propósito de fundar un Centro Regional es hacer de Panamá un eslabón fuerte''.