El fin de semana pasado estuvo en México John Sweeney, presidente de la AFL-CIO, organismo que representa la principal fuerza sindical en Estados Unidos, con una afiliación aproximada de 14 millones de trabajadores. Su presencia en nuestro país permite revisar algunos efectos de la globalización desde una perspectiva social.

Hace ocho años, cuando iniciaba la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) era impensable que esa central obrera pudiera reunirse con otra organización que no fuera la Confederación de Trabajadores de México (CTM), por considerarla su contraparte natural en nuestro país. Ambas están afiliadas a la Organización Regional Interamericana de Trabajadores. Después del chasco que se llevaron cuando buscaron una estrategia común para frenar la negociación del TLC --la AFL-CIO se hizo consciente de que a la CTM no le preocupaba la situación de los trabajadores sino la alianza con el gobierno--, de manera gradual han venido ampliando sus enlaces sindicales en el país. Abrieron una oficina en México para entender cómo funcionan nuestras relaciones laborales, reconocer la corrupción y las irregularidades existentes en el cumplimiento de la ley laboral, y fueron estableciendo contactos con diversos sindicatos. Incluso, alentados por funcionarios del gobierno salinista, de manera ingenua exploraron la posibilidad de sindicalizar en nuestro país, como lo habían hecho en Canadá, descubriendo que esto no era posible legalmente. Así que su táctica la han orientado a establecer vínculos con las fuerzas sindicales existentes, buscando identificar asuntos que puedan abordarse de manera conjunta.

Un resultado de acciones sociales concertadas, a nivel trinacional, fue la inclusión de acuerdos paralelos en materia laboral y ambiental en el TLC, a fin de que los flujos comerciales no puedan verse separados de su compromiso con la necesidad de mejorar la calidad de vida de la gente. Recientemente la oposición, en Estados Unidos, ha otorgado a Clinton la vía rápida para negociar el Acuerdo de Libre Comercio para América, sin que se incluyan aspectos sociales; ha sido una muestra de la pertinencia de considerar los límites éticos y sociales de la movilización del capital. Ver en esta idea intenciones proteccionistas es tan miope como no ver que cuando a Estados Unidos le interesa resguardar sus intereses no requiere de mayores pretextos. En cambio, sí es mezquino buscar la competitividad a partir de disminuir las condiciones laborales y ambientales.

En esta visita, John Sweeney, que representa un liderazgo renovado del sindicalismo estadunidense, se ha reunido con el presidente Zedillo, con el secretario del Trabajo y con dirigentes sindicales del Congreso del Trabajo y la CTM; también con miembros de la recién creada Unión Nacional de Trabajadores. Los sindicatos más avanzados de aquí y Estados Unidos han entendido, como parte de un proceso, que se puede actuar de manera coordinada, poniendo en juego recursos y capacidades de ambos lados, para defender intereses comunes sin menoscabo de la soberanía nacional y sindical. Por ello, han acordado con la AFL-CIO luchar juntos para cambiar el TLC, en especial el acuerdo laboral del mismo, a fin de que realmente sancione el incumplimiento de los derechos laborales y proteja el trabajo de los jornaleros agrícolas.

El gobierno mexicano no ha querido reconocer que una consecuencia lógica de la globalización económica es esta globalización social. No puede alentarse la movilidad del capital y el comercio sin pensar que ello no va a provocar que distintas fuerzas sociales busquen unificarse para defenderse de sus efectos más perniciosos. Cuando el secretario del Trabajo aconseja a los sindicatos mexicanos que tengan cuidado de establecer acuerdos con los sindicatos de Estados Unidos, no advierte que es nuestro gobierno quien ha propiciado, con su manera de abordar la globalización, la necesidad de trascender las alianzas nacionales. No puede ser que se subordine al país frente al capital externo, sin ningún reparo en la soberanía, y se le trate de impedir a la sociedad coordinarse internacionalmente para defender la vida en Chiapas, los empleos, los salarios o la libertad sindical, acusándola de traidora a la patria.

Un ejemplo de esta visión torcida nos lo dan las declaraciones del Centro de Estudios del Sector Privado y el director del Banco de México, advirtiendo que los salarios no pueden aumentarse por encima de la inflación porque quitan competitividad al país frente al abaratamiento de la mano de obra en Asia. Tal parece que la globalización que se vale es aquella que privatiza los beneficios y socializa sus costos.