En los últimos días ha habido posturas gubernamentales importantes en torno al conflicto chiapaneco. En distintos eventos y en más de una ocasión, el Presidente de la República y el secretario de Gobernación han asegurado que no hay la intención de aplicar una salida militar en Chiapas. Además, han reafirmado la vigencia de los acuerdos de San Andrés. También han dicho que cualquier iniciativa de cambios constitucionales en materia de derechos y cultura de los pueblos indígenas será consultada con el EZLN. Se ha asegurado, de igual forma, que se propiciará el fortalecimiento de las instancias de coadyuvancia y mediación. Inclusive, se ha ha-blado de un reposicionamiento del Ejército dentro de la entidad. Como lo han admitido los principales partidos políticos, diversos analistas y organizaciones, todas éstas son afirmaciones positivas que ayudan a mejorar el clima que se ha vivido desde hace varios meses en Chiapas.

Estos pronunciamientos, sin embargo, no han estado exentos de roces, como el de la propuesta ajustada de la Cocopa, retirada hace mucho tiempo. O la confusión en relación con el papel que juega la Cocopa, que es una instancia de coadyuvancia y no un interlocutor para depurar propuestas. En un ambiente tan difícil como el que se vive, todo cuenta y es susceptible de ser interpretado como una maniobra, nos guste o no. Por esto, todos los que participan en las negociaciones están obligados a manejarse en téminos absolutamente transparentes.

A pesar de su relevancia, estos plan-teamientos gubernamentales no son suficientes todavía. El éxito de una política no sólo se mide por la capacidad de proponer medidas correctas, sino por hacerlo oportunamente.

Lo que hubiera dado continuidad al diálogo a finales de 1996, hoy, después de todo lo que ha sucedido, sólo representa una más de las medidas necesarias que hay que tomar ante la incertidumbre que se vive.

Un recuento de fechas nos permitirá ilustrar lo anterior. Del 16 de febrero de 1996, fecha en que el gobierno federal y el EZLN firmaron los acuerdos de San Andrés, a enero de 1998 hay casi dos años. Hubo además cuatro periodos legislativos ordinarios en los que se pudo haber presentado una iniciativa en la materia y un sinnúmero de reuniones entre la Cocopa y múltiples representantes gubernamentales en los que se pudo haber acordado cómo superar cualquier obstáculo.

Han pasado 16 meses desde que el EZLN suspendió el diálogo por el incumplimiento de los acuerdos, y 14 meses a partir de que la Cocopa presentara su propuesta de iniciativa de cambios constitucionales, que se apega fielmente a los documentos firmados en febrero de 1996.

En este sentido, hay que señalar que en algunas opiniones parece traslucirse la idea de que la Cocopa ``interpretó'' inadecuadamente los acuerdos y que esto habría frenado la consulta con el gobierno. Nada más alejado de la realidad. Esto es un intento de rehuir una responsabilidad que tomaron funcionarios con nombre y apellido.

En estos meses también hay más: la matanza de Acteal, más de 100 muertos en la zona norte por la violencia desatada, la ausencia de gobernabilidad en el estado, el descrédito de las instituciones, el cambio de un secretario de Gobernación y un gobernador, marchas y protestas en México y en otros países, la radicalización de las posturas, el desgaste de la Cocopa y la Conai, miles de artículos y cientos de horas de opinión y análisis en los medios electrónicos, las acciones de los grupos paramilitares y por último, pero no menos relevante, la desconfianza como moneda corriente.

Ahora se ha dicho claramente que el problema central de la propuesta de la Cocopa es que hay cuatro observaciones. Observaciones que pudieron haberse negociado con el EZLN hace muchos meses y demasiados muertos. Se pudo haber optado por un método que nos ahorrara toda esa cantidad de sufrimiento humano y el enorme desgaste de las instituciones.

No es casual ni debe extrañarnos la falta de confianza ni la radicalización de las posturas. En este último punto, ahora también nos enteramos de que el PAN, o por lo menos su dirección, no está de acuerdo con lo que se dice en los acuerdos de San Andrés y solicita que se reinterpreten.

¿Cómo se puede, después de todo esto, restablecer la confianza? Diríamos que construyendo márgenes de certidumbre, y éstos sólo se lograrán con hechos claros que demuestren que existe la voluntad para resolver por medio de la concertación lo que hoy está tan empantanado.

La firma de los acuerdos de San Andrés es uno de los logros de la negociación política; por esta razón su cumplimiento resulta tan importante para seguir el diálogo. Más allá de las declaraciones, el camino a andar parece muy largo y ya no estamos en 1996.

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