ENTREGO EL GOBIERNO SUS OBSERVACIONES A LA INICIATIVA DE COCOPA
José Antonio Román y Víctor Ballinas Ť El gobierno federal entregó ayer a la Cocopa las observaciones a la iniciativa que esta instancia legislativa presentó sobre derechos y cultura indígenas. Aun cuando son sólo cuatro, incluyen ``muchos incisos'' y el documento consta de casi una veintena de cuartillas.
Junto con el documento, el coordinador para el diálogo y la negociación en Chiapas, Emilio Rabasa Gamboa, solicitó de manera escrita la coadyuvancia de la Cocopa para reanudar conversaciones con el EZLN, tanto con el fin de ``dar cumplimiento'' a los acuerdos de San Andrés Larráinzar, como para ``continuar con la agenda de las pláticas'', suspendidas desde septiembre de 1996.
En el documento entregado al senador panista Luis H. Alvarez, presidente en turno de la Cocopa, Rabasa Gamboa solicitó que se hicieran llegar las observaciones del gobierno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional por conducto de la Comisión Nacional de Intermediación.
El funcionario reiteró la ``indiscutible disposición'' del gobierno federal para dialogar ``a la brevedad posible'' con el EZLN sobre estas observaciones y/o cualquier otro aspecto que favorezca la negociación, tendiente a lograr la paz digna.
A su vez, la mayoría de los integrantes de la instancia legislativa se reunió ayer en un céntrico restaurante, donde se analizaron las observaciones que el gobierno federal hizo a su iniciativa presentada el 29 de noviembre de 1996. El senador Luis H. Alvarez se reservó cualquier comentario sobre el contenido del documento, que anoche fue entregado a la Conai.
Entrevistado al término de la reunión, consideró que lo más importante es que el EZLN emita su opinión sobre dichas observaciones. ``Como instancia coadyuvante, a nosotros no nos corresponde, porque no es nuestro papel emitir una opinión. Las observaciones serán conocidas cuando el EZLN se pronuncie al respecto.''
El panista dijo que la Cocopa desearía que con estas observaciones pudiera destrabarse el conflicto y reiniciarse el diálogo de paz en la entidad.
En coincidencia con el presidente en turno, el senador del PRD Carlos Payán Velver dijo que ``debe entenderse que la Cocopa no puede dar una opinión porque no es parte de guerra, sino coadyuvante, lo cual no debe perderse de vista''.
Luego, comentó que ``no es posible que el contenido del documento que el gobierno federal entregó a la Cocopa sea conocido antes de que la Conai lo reciba, eso sería una falta de respeto''. En su oportunidad se conocerá el contenido, declaró.
Revisión a detalle
Al término de la reunión que duró casi cuatro horas se supo que hoy por la mañana los integrantes de la Cocopa se reunirán para analizar más a detalle el documento que recibieron ayer, ya que en la primera lectura que hicieron no estaba completa la comisión.
A su vez, el perredista Héctor Sánchez, también entrevistado cuando salía de la reunión, dijo que la Cocopa no estaba enterada del comunicado que Gobernación envió al EZLN vía la Conai el día 23.
``Nos preocupó -agregó el senador- que el documento de los ocho puntos se haya hecho a espaldas de la Cocopa, porque eso crea desconfianzas, pareciera que se quiere llevar una negociación oculta y no pública, pareciera que se quisiera que la sociedad no supiera qué es lo que se propone exactamente.''
A insistencia de los reporteros sobre las observaciones a la iniciativa de la instancia legislativa, se limitó a señalar que ``los cuatro puntos parecieran muchos más, porque tienen muchos incisos, son muchas cuartillas''.
Al ser interrogado sobre el documento de Cocopa y Conai, por medio del cual esas instancias habrían acordado presionar al gobierno para reiniciar el diálogo, el perredista aseveró: ``No existe el documento. Es falsa la información y nunca hemos acordado una situación de ese tipo''.
-¿El documento fue entregado al EZLN al margen de la instancia legislativa?
-Lo que ha dicho es que no puede haber documentos secretos cuando hay instancias legales como la Conai y la Cocopa, tiene que pasar necesariamente por ahí, en virtud de que necesitamos saber qué es lo que están tratando las partes.
``Somos los más interesados en que las propuestas tengan una respuesta positiva, es decir, que negociemos. Nos parece grave que haya documentos al margen de la Cocopa, como si se tuviera desconfianza de esta instancia.''
A su vez, el senador panista Benigno Aladro comentó que son cuatro puntos interesantes, muchas cuartillas; en lo referente a la autonomía no sólo se refiere a la territorial, sino a varios aspectos, señaló. Sobre el documento que Gobernación envió al EZLN al margen de esa comisión, dijo que es un problema de gobierno.
Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 2 de febrero Ť Cientos de indígenas pertenecientes a las regiones autónomas pluriétnicas (RAP) comenzarán mañana una marcha a pie de esta ciudad a Tuxtla Gutiérrez, para exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar y la desmilitarización de las comunidades chiapanecas.
Por su parte, el obispo Samuel Ruiz García informó que los integrantes de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) se reunirán este martes en la ciudad de México, para analizar los últimos acontecimientos suscitados en Chiapas y los documentos generados por el EZLN y la Secretaría de Gobernación.
Sobre la movilización, Margarito Ruiz Hernández, uno de los dirigentes de las regiones, dijo que los casi mil indígenas de once municipios de la región, que se espera participen en la movilización, demandarán también el esclarecimiento de la masacre de Acteal y que los grupos parami- litares sean desmantelados, porque hasta ahora ``nada se ha hecho'' al respecto.
Explicó que después de recorrer a pie más de 80 kilómetros, los manifestantes esperan llegar a la capital chiapaneca el 5 de febrero, y participar así en una gran marcha estatal que realizarán diversas agrupaciones indígenas y campesinas para exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y en protesta por la ``represión'' que se vive en Chiapas.
``Hemos llegado a una situación en que a los indígenas nos han dado dos opciones: mandarnos al panteón o a la cárcel de Cerro Hueco'', comentó el dirigente tojolabal, quien dijo que la marcha partirá mañana después de las 9 horas de las oficinas de las RAP, ubicadas en las instalaciones del Instituto Nacional Indigenista en esta ciudad.
En tanto, los integrantes de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) se reunirán este martes en la ciudad de México para analizar los recientes acontecimientos en la entidad y los documentos emitidos en los últimos días por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal, informó el obispo Samuel Ruiz García.
Abordado por varios reporteros al término de la misa que celebró hoy en el templo de La Candelaria, en esta ciudad, el prelado se limitó a informar sobre la reunión de mañana, después de la cual espera emitir una opinión por escrito.
``No tengo ningún comentario, sólo que mañana nos vamos a reunir'', dijo el presidente de la Conai cuando los comunicadores le hicieron varias preguntas relacionadas con la postura del EZLN en su más reciente comunicado, en el cual dijo que ``no hay signos de acercamiento'' con el gobierno para que se reanude el diálogo.
Poco antes, durante la homilía, el obispo de San Cristóbal de las Casas criticó nuevamente a quienes se preocupan más por las inversiones que por la vida de miles de personas.
Elio Henríquez y Angeles Mariscal, corresponsales, San Cristóbal de las Casas, Chis., 2 de febrero Ť La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interviene ante la Secretaría de la Defensa Nacional para que ``reposicione'' los campamentos militares que se encuentran ``muy cercanos'' a las comunidades indígenas, ya que su presencia ``molesta la vida comunitaria'', afirmó hoy aquí Mireille Roccatti, presidenta del organismo.
Tras una reunión de tres horas con miembros de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) -encabezados por su presidente, el obispo Samuel Ruiz García- y con representantes de organismos no gubernamentales, Roccatti dijo, sin precisar número, que la CNDH ha recibido varias quejas contra miembros del Ejército Mexicano, principalmente por la presencia de las tropas tan cercana a las comunidades.
Aseguró que en X`oyep, municipio de Chenalhó -``donde hubo una petición expresa''-, se presentó un ``caso concreto'' sobre el particular porque los militares, que estaban instalados justo en los ojos de agua, escucharon la solicitud y se desplazaron dos kilómetros para evitar estar tan cercanos a la población.
En la reunión efectuada en las oficinas de la CNDH y en la cual también estuvieron presentes Sergio García Ramírez, Rodolfo Stavenhagen y Guillermo Espinoza, consejeros del organismo, los asistentes abordaron el tema de los desplazados indígenas en Chenalhó, a fin de buscar mecanismos para hacerles llegar la ayuda humanitaria que necesitan para su subsistencia.
Sobre el particular, Mireille Roccatti sostuvo que la situación de los desplazados es delicada, de mucha intranquilidad ``y su primera petición que hacen es que regrese la calma para poder regresar a sus hogares y seguir viviendo dentro de sus casas''.
Por ello, abundó, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está muy atenta a fin de que se den las condiciones necesarias para el regreso, pero en tanto retornan a sus lugares de origen, el organismo humanitario trabaja mediante ONG para proporcionarles ayuda humanitaria.
Aún sin indemnización, deudos de los asesinados en Acteal
Previamente, en la capital del estado, Roccatti dijo que las familias de los indígenas que perecieron en la matanza de Acteal, así como las personas que quedaron heridas, aún no han sido indemnizadas. Agregó, asimismo, que el cumplimiento a la recomendación emitida al gobierno del estado a raíz de dicha matanza ha sido parcial.
En una breve entrevista concedida luego de una reunión que los representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sostuvieron con el gobernador Roberto Albores Guillén, la presidenta del organismo humanitario informó que hay un cierto avance en la recomendación 1/98, emitida al gobierno del estado.
Este avance, dijo, ha sido la remoción de sus funciones de las personas que la ombudsman señaló en la recomendación, entre ellas al secretario y al subsecretario de Gobierno, al procurador de Justicia y también al coordinador de las policías en el estado.
``Aunado a ello -dijo- el señor gobernador nos informó de las políticas de desarrollo que implanta en las regiones Selva, Norte y Altos, como también lo recomienda la CNDH.''
Sin embargo, consideró que hasta el momento no se ha indemnizado a las familias de las 45 personas que murieron ni a las personas que quedaron heridas; en este sentido, añadió, se está proponiendo se haga el estudio y se cuantifique el monto de la indemnización de cada uno.
Por otra parte, Mireille Roccatti consideró que la distensión en Chenalhó y el retorno a la vida comunitaria sólo se lograrán en la medida que avancen las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría del estado, a fin de desmantelar a los grupos de civiles armados.
``Eso es parte de la inquietud y la falta de confianza de los pobladores para regresar a sus comunidades, temen ser agredidos nuevamente. Entonces, cuando se cumpla con desmantelar a todos estos cuerpos civiles armados y tengamos la certeza de que hay una distensión en la zona, esas personas regresarán'', acotó.
Por medio de un comunicado fechado en Rancho Nuevo, Chiapas, la Sedena expuso que como parte de la ayuda, la víspera se proporcionaron 6 mil 485 alimentos y 172 consultas médicas, odontológicas, curaciones e inyecciones, y se realizaron 25 extracciones y atenciones bucales.
Además, se les impartieron 18 pláticas de higiene, salud bucal y educación sexual; se efectuaron 165 trabajos de albañilería, carpintería, pintura, desazolve de letrinas y nivelación de caminos, así como reparación de instalaciones y aparatos eléctricos.
Asimismo, personal de la séptima Región Militar efectuó entre los pobladores de varias zonas del estado de Chiapas 49 cortes de cabello y suministró 177 medicamentos, añadió la Defensa Nacional.
Por último, indicó que se continúan aplicando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y los patrullajes preventivos, a fin de evitar que ocurran nuevos enfrentamientos entre grupos antagónicos y así garantizar la soberanía y el estado de derecho.